TESTIGOS
Elogios para el Programa de Protección de Testigos de la Provincia de Santa Fe ha expresado el informe preparado por Federico Borello para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), tras el análisis de las leyes, programas y proyectos vigentes sobre protección de testigos en relación con casos de violaciones de derechos humanos en la Argentina. Recoge recomendaciones sobre cómo mejorar y alcanzar mayor coordinación de los mecanismos operativos para la protección de testigos en juicios de derechos humanos.
Esto se dio en el Seminario Sobre Protección de Testigos organizado por el ACNUDH en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se realizó en Buenos Aires a mediados del mes de marzo. Otra de las provincias citadas con sus avances fue Córdoba.
En Santa Fe la responsabilidad del Programa está a cargo del Dr. Daniel Bóccoli, teniendo delegaciones en Rosario, en la capital y en Reconquista, los tres lugares donde se investigan y juzgan por delitos de Lesa Humanidad.
Fragmentos del informe
“El programa de la provincia de Santa Fe ha tenido también bastante éxito, por motivos similares. El apoyo político firme y la creación de la partida presupuestaria adecuada, el valioso proceso de consultas para la creación del programa y su mandato, un proceso de selección de personal abierto y transparente, unos criterios de admisión al programa igualmente transparentes, y la decisión de poner a un civil como coordinador han contribuido en gran medida a que el programa se granjeara la confianza de los testigos, que lo ven como una institución competente y responsable. Además, el mandato del programa incluye la protección y asistencia, lo que facilita a los testigos un único interlocutor institucional para todas sus necesidades. Las “medidas de seguridad civiles” aplicadas por el programa son particularmente interesantes, como medios alternativos para garantizar la protección de los testigos. No obstante, el programa no está exento de fallos. Tiene una capacidad de investigación muy limitada y, por tanto, es incapaz de evaluar las amenazas. Además, su negativa a admitir testigos que no sean también víctimas podría considerarse una violación del principio de igualdad en el procedimiento judicial”.
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“En octubre de 2009, en la Provincia de Santa Fe, se identificó la fuente de una amenaza contra un testigo y se interpuso una denuncia contra él. De hecho, fue el resultado de la cooperación entre el Programa Verdad y Justicia y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Como han señalado varios testigos y ONG's, este caso demostró que, con voluntad y recursos, es posible investigar y neutralizar amenazas. Desafortunadamente, se trata de un caso aislado”.