RADIOS COMPAÑERAS

sábado, 25 de febrero de 2012

Pluma Echegoy II

VIDELA


Corría el año 60 cuando la maestra de sexto grado nos convocó a participar de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Fue una jornada intensa, al fin de la cual ya éramos héroes. Todos los varones queríamos ser San Martín y todas las mujeres Remedios de Escalada, o muchachas mendocinas, que inflamadas de patriotismo, arrojaban a los pies del General sus alhajas más preciadas para que la Libertad tuviese recursos para ser. El desprendimiento, supe luego, fue menos espontáneo que el que nuestra inocencia e ingenuidad pensara entonces. Alguien me ganó de mano y fui O´Higgins. Mi madre hizo de retazos un uniforme impecable. Cuando me miré al espejo, ya uniformado, me ví mucho más alto de lo que realmente era. El sable fue trabajado por mi padre, sobresalía la empuñadura, que quiso y pudo ser imitación perfecta. No demasiado extenso como para impedir al niño el paso marcial que exigía el acto, el calmo arco, como verdadero, aún en reposo, aún enterrado en su negra vaina, generó en la pequeña muchedumbre asombro y envidia. Expuesto fue otra cosa. ¿De dónde lo sacaste?, me preguntaron. Me lo regaló mi abuelo, mentí. ¿Y qué, fue militar tu abuelo? Sí, les dije, creo que granadero. Fue un buen momento, inolvidable. Entonces, cuando el salón de actos de la Escuela estalló en un cerrado aplauso festejando el encuentro de dos generales de la Independencia, conmovido, me esforcé en mantenerme firme, erguido, imperturbable. Lo logré mirando a nadie, ni siquiera a mis padres, sentados en la segunda fila.

No sabía lo que luego, poco a poco, comencé a saber. Lo que saben todos. Que ese fue el único Ejército glorioso y patriota que jamás tuvimos, sin duda porque su General lo era, y sus oficiales, algunos, no todos.

Lo que vino luego fue una descomposición brutal y paulatina que concluyó en Videla, Massera y Agosti. Unas Fuerzas Armadas en permanente descomposición y oprobio, una suerte de ordas infames y criminales, que en una apuesta abyecta y sucia se pretendían herederas del Ejército Libertador.

Lo peor, lo envilecido, lo cruel, lo brutal, lo despiadado, lo que promovía a sus componentes sopesando el número de asesinatos, tropelías, robos, violaciones, torturas ejecutadas contra su propio pueblo, pretendía ser heredero de aquel Ejército cuya infinita gloria, ya era eterna.

Pueblos originarios, criollos, inmigrantes, hombres, mujeres, adultos, ancianos, niños, recién nacidos, todos, absolutamente todos debieron por decenios padecer la petulancia asesina y torturadora de las Fuerzas Armadas, y de quienes conciben sus lacayos, sus siervos, sus sirvientes, las Fuerzas de Seguridad.

Jorge Rafael Videla y su Junta de Comandantes, como los que les precedieron y sucedieron entrarán a la definitiva instancia de la muerte en su condición de asesinos y traidores de su propio pueblo. Un último gesto de dignidad podría esperarse de un hombre que sabe perfectamente quién es, qué es y qué hizo. Llamarse a silencio. Pero aún ese gesto le fue inaccesible. Así se enteró el mundo no de la suerte de los desaparecidos, sino de qué tipo de hombres dependió la suerte de millones de argentinos durante años.

El periodismo internacional se limitó a reproducir sus declaraciones.

Ciertamente, estaba todo dicho.


carlos echegoy – 18/2/12

Reunión


ESPACIO PARA LA MEMORIA

El día viernes 24 de febrero integrantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos participaron de una reunión en la Municipalidad de Reconquista, en la que estuvieron el dueño de casa, Intendente Jacinto Speranza y el Secretario de Obras Públicas Agr. Emilio Adobato. El motivo del encuentro fue buscar caminos para la concreción del proyecto de una Plaza de la Memoria. Sobre dicho proyecto, aprobado por ordenanza hace ya un tiempo prolongado, ha trabajado el Arquitecto Juan Tejerina quien fue parte del encuentro.
Se consensuó actividades para que este espacio pueda construirse y ser realidad. Su lugar de emplazamiento será en el Centro Cultural “La Estación”.

domingo, 19 de febrero de 2012

Comunicado


Convocada por la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos el día viernes 17 de febrero se llevó a cabo una asamblea informativa sobre la Causa Gil, en el Sindicato de Trabajadores Municipales. En la misma se informó sobre la suspensión del inicio del juicio oral y se dialogó sobre los pasos a seguir. Los presentes emitieron un comunicado:

FRENTE A LA DEMORA, QUE HAYA JUSTICIA!!!

Ante la postergación del inicio del juicio oral al ex policía rural y ex PCI José Luis Gil, por la Causa de amenazas “La Hermandad” (Expte 239/10), dispuesto por el Tribunal Oral de Santa Fe y que estaba previsto para el 22 de marzo próximo, los abajo firmantes, testigos, ex presos políticos, referentes sociales, ciudadanos, manifestamos:

1) Reclamamos al Tribunal Oral de Santa Fe celeridad en la tramitación de este juicio, entendiendo que el norte de Santa Fe aún no ha recibido la administración de Justicia con sentencia, frente a delitos cometidos por represores de la última dictadura militar, dejando en la incertidumbre con esa demora a las víctimas denunciantes de hechos aberrantes. Mientras que en Santa Fe y Rosario ya son varios los juicios culminados.
Solicitamos que se defina lo antes posible la nueva fecha de este juicio postergado.
2) Creemos que el debate de la “Causa Gil” brindará luz frente a toda una actividad signada por el objetivo de amenazar, de amedrentar a la ciudadanía y evitar el avance de la Justicia buscando esclarecer sobre lo hecho por la dictadura militar en la región (Causa 050/06).
3) Solicitamos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia no cejar en el monitoreo de las causas por delitos de Lesa Humanidad cometidos en el norte provincial que se sustancian en el Tribunal Oral de Santa Fe.
4) Como ciudadanos que viven en una sociedad que anhela cada vez más y mejor democracia, reiteramos nuestro compromiso de seguir en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.
Reconquista, 17 de febrero de 2012

viernes, 17 de febrero de 2012

Pluma Echegoy

LA POSTERGACIÓN

La postergación del Juicio Oral y Público al ex docente, ex miembro de la Guardia Rural Los Pumas y ex miembro de los Servicios de Inteligencia del Ejército José Luis Gil no se debió a ninguna maniobra de los Organismos de Derechos Humanos, ni de los testigos, ni de los querellantes.

El Tribunal Oral de Santa Fe postergó la instancia del Juicio Oral y Público que debía comenzar el 22 de marzo a solicitud de una de las partes, incorporando a los argumentos que justificaban la medida, las condiciones de salud del imputado.

El evento es propicio para compartir unas reflexiones cuyo objeto es desnudar la falacia
de los cuestionamientos insistentemente compartidos públicamente por familiares y allegados a los imputados de cometer crímenes de lesa humanidad en el Norte de Santa Fe, a los que obviamente presuponen inocentes y víctimas de una campaña persecutoria por parte de los Organismos de Derechos Humanos, Jueces, Fiscales, querellantes, testigos y abogados que a su juicio se conjuraron con el único propósito de dañar ciudadanos que no tuvieron participación ni responsabilidad alguna en el Terrorismo de Estado impuesto por la Dictadura en el Norte de Santa Fe.

Usufructuaron su irrestricto acceso a los Medios de Comunicación territoriales y Provinciales para desplegar sin la menor cautela veladas amenazas a Jueces, Fiscales, Organismos de Derechos Humanos, querellantes, testigos, personas, Instituciones, a los que consideran venales, sinvergüenzas y corruptos, subrayando que una vez superado el trance, desplegarán acciones judiciales en su contra, que a su entender pondrían en evidencia su tesis principal: que las causas fueron armadas al amparo de una Justicia venal y presionando y pagando a testigos para obtener declaraciones acusatorias que aportaron las pruebas sobre las que fundó la Justicia detenciones y procesamientos arbitrarios en perjuicio de ciudadanos intachables. No dejaron de subrayar que las actuaciones se promoverían en el marco de un estricto respeto de la Ley y el Estado de Derecho. La aclaración es interesante.

En la medida que procedimientos estrictamente ajustados a la Ley son los únicos posibles en un Estado de Derecho, deberían los allegados de los imputados explicar a la opinión pública las razones que motivaron la aclaración, que a mi juicio sólo sería pertinente si en ese ámbito fueran contemplados alguna vez procedimientos que no se ajustaran la Ley.

Un antiguo dicho popular de vigencia permanente dice que en boca cerrada no entran moscas. En esas bocas perpetuamente abiertas entraron ya demasiadas moscas, por ejemplo la que se empeñaba en despreciar, por corrupta y venal, una Justicia que juzgaba adversa y funcional a los denunciantes. Ahora, que esa misma Justicia criticada por venal, corrupta, parcial, dependiente del Poder político, adopta medidas y criterios que le benefician ostensiblemente debe tragarla. No es tan sencillo, el insecto que se niega a ser tan expeditivamente digerido, desnuda la insensatez de argumentos previos. Ahora parece ella, la Justicia, menos venal, menos corrupta y genuflexa, menos inclinada a prestar oídos a la campana de las víctimas. Ahora sí parece ser Justicia. Ahora, por fin, encontró su huella. Puede esperarse que quienes con tanto fervor públicamente le maltrataron antes, con idéntico fervor y extensión se empeñen ahora en reconocer sus recientes méritos.

La postergación del Juicio Oral a José Luis Gil no debió ocurrir. Si el Tribunal Oral de Santa Fe dio lugar a la dilación no lo hizo en virtud de un humanismo recién adquirido que eligió privilegiar la salud del represor tan expeditivamente como jamás se preocupó por la salud de las víctimas del terrorismo de Estado en el territorio. Es necesario poner las cosas en su justo sitio.

Nadie quiere la muerte del represor José Luis Gil, sus próximos porque es suyo, nosotros porque queremos escuchar qué es lo que tiene él para decir. Hay más.

Quienes tanto renegaron por la prolongación de privaciones de la libertad sin que concretaran los Juicios, promovieron su postergación. ¿Por qué? Arriesgaré una respuesta que entiendo razonable.

Porque el cuerpo documental y las pruebas acumuladas parecen lo suficientemente consistentes como para presumir que cualquier tribunal le hallará culpable de los cargos que se le imputan a José Luis Gil. Peor aún, no es desatinado suponer que durante el curso del Juicio Oral, las querellas aporten, citando a otros testigos, pruebas de tanta consistencia como las que ya posee el Tribunal. Así las cosas apelaron su entorno y su defensa a un recurso ya tópico en este tipo de procesos, a un estado de salud precario del imputado que eventualmente agravaría la instancia decisiva.

La salud de un detenido no es una situación menor. El celo del Tribunal no puede criticarse en este punto como irreflexiva. Justamente por ello debe el Tribunal reflexionar de un modo más amplio y a la vez más profundo: si la postergación del Juicio de algún modo alivia la condición del represor, como contrapartida agrava la incertidumbre y recrea la indefensión jurídica padecidas por las víctimas. Si la situación del imputado es delicada, adoptando los recaudos necesarios, el Tribunal debiera haber respetado la fecha que propuso.

Porque las víctimas del Terrorismo de Estado no son menos humanas, padecen enfermedades graves y aún gravísimas.

Hay la impresión generalizada en la sociedad que la postergación del Juicio Oral y Público a José Luis Gil nada tuvo que ver con la salud del imputado, sino con una suerte de soplo tenue, que no obstante su precariedad, impacta en un Tribunal que aún debe convencerse de unas potestades que posee pero no cree sean indisputablemente suyas. La versión alarmante sería que sí tuviese el Tribunal plena conciencia de sus potestades, y sus decisiones últimas reflejaran una compatibilidad ideológica que recién ahora se atreve a revelar públicamente.

Sería el fin. Pero aún en la hipótesis de una compatibilidad ideológica con los victimarios, no podría ese Tribunal conceder beneficio alguno a quienes con una petulancia y desprecio sin antecedentes, le humillaron, vapulearon y maltrataron las veces que pudieron. Vale esto para las decisiones últimamente adoptadas por el Tribunal, que beneficiaron a criminales que ni mil condenas a perpetuidad repararían el daño que infligieron a la sociedad.

Si la hipótesis contraria es la que quiere consolidar definitivamente, debería saber
que no está solo como pretenden hacerle creer verdugos y victimarios, estamos nosotros, que no somos pocos, y unos miles próximos, y unos millones en la Nación, en condiciones de sostenerlo contra las hordas que se proponen arruinarlo.

Por el momento su objeto más urgente es amparar, proteger y salvaguardar a las víctimas del terrorismo de Estado y a sus familias. También proteger y amparar a los imputados, cuestión en la que se muestra eficaz y predispuesto.

Amparar, contener, proteger ¿A todos por igual, a todos con el mismo celo? Sí.
Más una cosa es secuestrar, desaparecer y torturar y muy otra ser secuestrado, desaparecido, torturado. Es lo primero que el Tribunal Oral debe sumir si es su vocación profunda, y debiera serlo hasta el insomnio, instaurar una confianza y prestigio a los que nunca pudo acceder el Poder Judicial por esa tendencia suya a revocar su principio fundacional, que no es otro que el de garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.

El Tribunal Oral debe ser humano, pero no sólo. Debe ser humano y justo.
Carlos Echegoy

Comunicado

Nuevamente a pocas semanas de iniciar el ciclo electivo el Gobernador Bonfatti manifestó “prudencia” en las paritarias docentes y que las “cuentas públicas tienen un límite”
¿Quién le pone límite a los ingresos de los Ministros, funcionarios, empresarios?
A que se refiere con ¿prudencia? .Es imprudente un 25-30% de aumento para:

• Costear pasajes y transporte
• Cubrir la Canasta familiar.
• Acceder a bienes culturales: Internet, libros,etc
• Comprar uniformes e insumos durante todo el año
• Capacitarnos.

¿Por qué cuando hablamos de salarios de los trabajadores siempre hay que fijar un techo?
Es una responsabilidad indelegable del estado garantizar educación y no colocar en una encrucijada a los docentes con la ciudadanía, como si el inicio de las clases dependería de un capricho de los docentes.
Siempre hemos apostado al diálogo y negociación ¿Es prudente y razonable el gobierno en abrir paritarias a solo semanas de inicio de las clases con el agravante de dilatar la propuesta salarial?
Estamos cansados los docentes que todos los años el gobierno provincial no fije previsibilidad en el presupuesto salarial docente.
El inicio de las clases no esta sujeto a la voluntad y predisposición de los docentes que por ende siempre la hemos tenido .Sino a la irresponsabilidad y falta de seriedad de un gobierno para ofrecer una oferta salarial digna.
La educación es una inversión y no un gasto!!

Pablo Rolón-Agrupación Compromiso Docente Gral. Obligado
cel 15676281-15566573

miércoles, 15 de febrero de 2012

Causa sobre Amenazas

DEMORA
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe ha postergado el inicio del juicio oral en el que se iba a juzgar al ex policía rural y ex PCI José Luis Gil, acusado de amenazar a través de email a diferentes ciudadanos de Reconquista en el año 2009. Dicho juicio oral iba a comenzar el próximo 22 de marzo. Le decisión del Tribunal les fue comunicada a los abogados Iván Bordón y José Zaragoza, en tanto que el Dr. Osvaldo Cirera se ha apartado de la causa por razones de salud. Decisión del Tribunal:
Santa Fe, 13 de febrero de 2012
Por recibido, agréguese y téngase presente. Habiendo renunciado el Dr. Osvaldo Cirera como Abogado del querellante Gabriel Hernández, intímese a este último para que designe un nuevo letrado, bajo apercibimiento de ley. Atento a que el Dr. Roberto López Arango no podrá intervenir en la fecha fijada para el juicio, que asimismo se ha fijado audiencia de debate en los autos caratulados "Martínez Dorr…” Expte. N° 26/10 para el día 1° de marzo del corriente por los motivos que allí se consignan y tomándose en cuenta el actual estado de salud del causante quien a la fecha se encuentra internado tal como se desprende de los informes médicos incorporados precedentemente, suspéndase la realización del juicio fijado para el día 22 de marzo del corriente y hágase saber a las partes.- Notifíquese.
María Ivon Vella Juez de Cámara César Toledo Secretario de Cámara

sábado, 11 de febrero de 2012

La hija y la dignidad

A los que hoy brindarán con champán

Esta carta está dirigida a todos aquellos que hoy brindarán con champán por la inhabilitación de Baltasar Garzón.

A ustedes, que durante años han vertido insultos y mentiras; a ustedes, que por fin hoy han alcanzado su meta, conseguido su trofeo.
A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto.
Nos han tocado, pero no hundido; y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la Justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias; por acuerdos de pasillo.
Una Justicia que respeta a las víctimas, que aplica la ley sin miedo a las represalias. Una Justicia de verdad, en la que me han enseñado a creer desde que nací y que deseo que mi hija, que hoy corretea ajena a todo, conozca y aprenda a querer, a pesar de que ahora haya sido mermada. Un paso atrás que ustedes achacan a Baltasar pero que no es más que el reflejo de su propia condición.
Pero sobre todo, les deseo que este golpe, que ustedes han voceado desde hace años, no se vuelva en contra de nuestra sociedad, por las graves consecuencias que la jurisprudencia sembrada pueda tener.
Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SÍ está tranquila.
Madríd, 9 de febrero de 2012.
María Garzón Molina


(Carta de la hija del juez Garzón, una personalidad en la lucha por lo búsqueda de justicia en delitos de Lesa humanidad reconocido mundialmente, condenado por el Tribunal Supremo español)

lunes, 6 de febrero de 2012

Ex Presos Políticos II

Ex presos políticos piden una pensión

Por Raúl Arcomano- Miradas al Sur
Ex presos políticos de la última dictadura se organizaron para reclamar la sanción de una ley de pensión universal y vitalicia. Hay provincias que ya otorgan una asignación mensual a personas que estuvieron detenidas por razones políticas durante el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Lo que buscan ahora es que esa ayuda se nacionalice. Las entidades calculan que en todo el país habría unas 5.500 víctimas del terrorismo de Estado en condiciones de recibir el beneficio.
El pedido lo encabeza la Asociación Nacional de ex Presos Políticos, que reúne a militantes del interior del país. Tiene referentes en todas las provincias. Hugo Condorí está a cargo de la filial jujeña. Fue fundador y presidente de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma y estuvo detenido entre abril de 1976 y septiembre de 1977. “La dictadura nos cambió la vida. Hay estudios médicos y psicológicos que muestran los estragos –a veces irreversibles– que sufrimos los que vivimos situaciones límites como los campos de concentración, las cárceles, la desaparición de amigos y familiares”.
Condorí explica a Miradas al Sur: “Algunas personas dicen: ‘Ya cobraron’. Es verdad, el Estado nos pagó, pero sólo por los días que estuvimos detenidos. Pero no por lo más importante y grave: las consecuencias de la detención, sobre todo para la salud. Muchos compañeros, además, viven en la pobreza. Pretendemos una pensión que nos permita vivir más dignamente los años que nos quedan de vida. Varios países han atendido este justo derecho.
Por eso la organización busca la “pronta nacionalización del beneficio”. Argumentan que las provincias del NOA y del NEA “no tienen capacidad financiera para esa erogación” y que por ello debería ser el Estado Nacional el que se haga cargo de los pagos. “Decimos pronto por no decir urgente, ya que desde hace más de 30 años las víctimas de la dictadura vienen soportando un síndrome postraumático de consecuencias no sólo para los afectados directos, sino también para sus familias. Hoy la mayoría está impedida de gozar de sus plenos derechos, sufriendo las secuelas de lo que fue el terrorismo de Estado. Por eso es necesario acercar políticas reparatorias integrarles”. Condorí agrega: “El sujeto ‘ex preso político’ constituye una nueva categoría social. Y el reconocimiento material no sólo es un soporte indispensable para su recuperación, sino que también lo reivindica moralmente”.
Sólo Buenos Aires y Mendoza pagan actualmente una pensión vitalicia a ex presos políticos. En el distrito bonaerense, por ejemplo, está vigente la Ley 14.042 que otorga una asignación equivale al 82% móvil del salario categoría A de empleado público. Mendoza sancionó una ley similar el año pasado: desde enero unos 400 ex detenidos de la provincia cobran una pensión mensual de 1900 pesos.
A nivel nacional había varios proyectos para otorgar una jubilación a ex detenidos de la dictadura. El que había recibido más apoyo fue el que presentaron en 2009 los diputados nacionales Guillermo Vargas Aignasse y Gloria Bidegain. En ese entonces fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, pero no logró avanzar en las de Previsión y de Presupuesto y Hacienda. Y perdió estado parlamentario en estos días.
De todos modos, desde la Asociación Nacional de ex Presos Políticos informaron a Miradas al Sur que este mes los diputados nacionales del FpV Juan Carlos Díaz Roig y Remo Carlotto presentarán nuevamente el proyecto en Diputados. “Hay que darle sentido federal y nacionalizar la ley”, concluye Condorí.

jueves, 2 de febrero de 2012

Ex presos políticos

Acuerdo para la reivindicación histórica


La totalidad de los diputados provinciales del Frente para la Victoria, acordaron reimpulsar en los primeros días de febrero un proyecto que el año pasado perdió estado parlamentario: La pensión para ex presos políticos de la provincia de Santa Fe. Un beneficio del que ya gozan ex detenidos políticos en unas diez provincias argentinas. Cada Estado provincial tiene el derecho de arrogarse el monto de esa pensión que rondaría poco más de 1.800 pesos para el caso de esta provincia y que fue, precisamente, uno de los motivos de discordia entre las bancadas de los distintos partidos el año pasado. Y también en su momento generó el rechazo de distintas agrupaciones de ex presos que impulsan la idea pero no acuerdan con los montos. En su momento se aprobó el registro de ex presos políticos que era una de las exigencias del gobierno de Hermes Binner para que avance la iniciativa, sin embargo el proyecto igual encalló en la Legislatura. De todos modos, los cálculos previos indican no más de 500 serían los beneficiarios en condiciones de acceder a esta pensión en Santa Fe.
"Hubo una generación que decidió luchar por una sociedad más justa, y esa lucha a muchos les costó la vida, a otros la cárcel y otros el exilio. En ese marco el Estado tiene la obligación moral de resarcirlos, porque incluso muchos presos políticos perdieron casi diez años de su vida, no pudieron recibirse, tuvieron después dificultades laborales. El proyecto tiene un claro sentido de reparación histórica", dijo a Rosario/12 el diputado del Movimiento Evita Gerardo Rico, protagonista también de esa generación. Junto a este diputado, el proyecto estuvo firmado en su momento por Marcelo Brignone (Nuevo Encuentro), Luis Rubeo (FpV), Oscar Urruty (PPS), Jorge Lagna (PJ) y Antonio Riestra (FPCyS). Todos recuerdan incluso el papel de la ex diputada Mónica Peralta (GEN) que impulsó decididamente la iniciativa en la Comisión de Derechos y Garantías que le dió despacho favorable para frenarse después en la comisión de Hacienda hasta perder estado parlamentario.
Rico reconoce que el proyecto tuvo su principal impulso en las distintas agrupaciones de ex presos políticos de la provincia, y en ese sentido apunta que "tratamos de tomar todas las ideas que hubo y también intentamos dotar al proyecto de todos los informes y opiniones de organismos nacionales y provinciales, también con antecedentes para fortalecerlo". Y agregó que en esa dirección "estuve reunido en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y principalmente en el Programa de Registro de Ex Presos Políticos, del ámbito del Archivo Nacional de la Memoria".
El artículo 1º del proyecto es claro: "Establécese una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, se Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles". Y allí se establecía el monto "equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de pensión vigente conforme a la Ley 5110".
Por su parte, Héctor "Chinche" Medina de la “Asamblea de ex presos políticos 22 de Agosto”, señaló que "la semana que viene nos vamos a reunir con los legisladores. Nosotros impulsamos el tema desde el comienzo, pero tenemos algunas diferencias con las cuestiones que se estuvieron tratando en la anterior Legislatura", dijo a este diario. Para Medina, es importante que "también se incorporen los presos políticos del '55 a esta parte, porque todos fueron objeto de vejámenes por parte del Estado que es el que tiene que resarcirnos". Para Medina es clara la sucesión histórica: "Primero se buscó a los compañeros desaparecidos, después se pidió juicio y castigo por los muertos, ahora es turno que se rescate la figura de los presos políticos porque fue también en base a nuestro testimonio que se logró llegar a las condenas para muchos genocidas", indicó.


Leo Ricciardino (Rosario 12)

miércoles, 1 de febrero de 2012

Brusa y Cía

PREOCUPACION
SANTA FE, Cuna de la Constitución Nacional, Enero 16 de 2012.
    Estimado/a: 
    Horacio Andrés Coutaz, Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, y Daniel Leandro Boccoli, Director Provincial de Programas a cargo del Programa de Protección a Testigos y Querellantes en causas de Lesa Humanidad, nos dirigimos a ud. a efectos de comunicar las siguientes novedades producidas en los autos caratulados “Brusa, Víctor H. y Otros s/ Inf. Art. 144 bis. C.P.”, Expte. No 03/08 (ex 152/07):
En fecha 29 de diciembre de 2011 mediante Resoluciónes N° 347, 348 y 349/11, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe concedió salidas transitorias a Víctor Hermes Brusa, Eduardo Alberto Ramos y María Eva Aevi “para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales (arts. 16 y 17 Ley Nº 24.660, y art. 28, pto. I, inciso B, del Decreto Nº 396/99), las que se llevarán a cabo a partir del día de la fecha, en los domicilios... II.- DISPONER que con relación a la periodicidad y duración de las mismas sean a razón de dos salidas por mes, en forma quincenal, la primera de veinticuatro (24) horas bajo la tutela Alicia Velázquez, D.N.I. 18.242.116 –conforme obra en el acta compromiso de fs. 64- y la segunda por (48) horas, alternadamente, (Art. 28 Pto. I, Inc. “B”, decreto 396/99), todas ellas con traslado a cargo de personal policial y/o del servicio penitenciario.”. En tal sentido informamos que: 1.- En fecha 6 de enero de 2012, habíendose hecho público el otorgamiento del beneficio expresamos nuestra preocupación teniendo en cuanta la integridad psico -física y la seguridad de los testigos. 2.- En fecha 9 de enero del corriente, realizamos presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe solicitando que medidas de este tipo fueran notificadas al Programa de Protección y que se dispongan controles a las salidas transitorias, ofreciendo en dicho escrito el control de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Post penitenciaria. Copia de dicho escrito fue remitida al Sr Fiscal General ante el Tribunal Oral. Y solicitadas medidas al Secretarío de Asuntos Penitenciarios de la Provincia. 3.- Ante nuestro pedido, en fecha 11 de enero el Tribunal resolvió dejar en manos del Poder Ejecutivo Provincial la fijación de medidas de control del cumplimiento de las salidas transitorias, delegando en el Gobierno Provincial la adopción de medidas de contralor. 4.- En tal sentido, y en directa coordinación con el Ministerio de Seguridad se ha dispuesto que el traslado de Víctor Hermes Brusa, Eduardo Alberto Ramos y María Eva Aevi a sus domicilios y el posterior regreso a las Unidades Penales sea realizado por personal del Servicio Penitenciario en el caso de los dos primeros y por la Policía Provincial en el último. Asimismo, que la Dirección Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria realice controles civiles aleatorios en los domicilios pre fijados a efectos de controlar la presencia en el domicilio de los interesados. Del mismo modo, y atendiendo a las particularidades de los condenados y de las circunstancias, se dispuso que las salidas transitorias sean controladas por fuerzas de seguridad provinciales, a través de rondas periódicas aleatorias en los domicilios de Brusa, Aevi y Ramos. Se deja constancia que la presente se adelante vía e- mail. 
    Saludamos a uds. muy atentamente.