Acuerdo para la reivindicación histórica
La totalidad de los diputados provinciales del Frente para la Victoria, acordaron reimpulsar en los primeros días de febrero un proyecto que el año pasado perdió estado parlamentario: La pensión para ex presos políticos de la provincia de Santa Fe. Un beneficio del que ya gozan ex detenidos políticos en unas diez provincias argentinas. Cada Estado provincial tiene el derecho de arrogarse el monto de esa pensión que rondaría poco más de 1.800 pesos para el caso de esta provincia y que fue, precisamente, uno de los motivos de discordia entre las bancadas de los distintos partidos el año pasado. Y también en su momento generó el rechazo de distintas agrupaciones de ex presos que impulsan la idea pero no acuerdan con los montos. En su momento se aprobó el registro de ex presos políticos que era una de las exigencias del gobierno de Hermes Binner para que avance la iniciativa, sin embargo el proyecto igual encalló en la Legislatura. De todos modos, los cálculos previos indican no más de 500 serían los beneficiarios en condiciones de acceder a esta pensión en Santa Fe.
"Hubo una generación que decidió luchar por una sociedad más justa, y esa lucha a muchos les costó la vida, a otros la cárcel y otros el exilio. En ese marco el Estado tiene la obligación moral de resarcirlos, porque incluso muchos presos políticos perdieron casi diez años de su vida, no pudieron recibirse, tuvieron después dificultades laborales. El proyecto tiene un claro sentido de reparación histórica", dijo a Rosario/12 el diputado del Movimiento Evita Gerardo Rico, protagonista también de esa generación. Junto a este diputado, el proyecto estuvo firmado en su momento por Marcelo Brignone (Nuevo Encuentro), Luis Rubeo (FpV), Oscar Urruty (PPS), Jorge Lagna (PJ) y Antonio Riestra (FPCyS). Todos recuerdan incluso el papel de la ex diputada Mónica Peralta (GEN) que impulsó decididamente la iniciativa en la Comisión de Derechos y Garantías que le dió despacho favorable para frenarse después en la comisión de Hacienda hasta perder estado parlamentario.
Rico reconoce que el proyecto tuvo su principal impulso en las distintas agrupaciones de ex presos políticos de la provincia, y en ese sentido apunta que "tratamos de tomar todas las ideas que hubo y también intentamos dotar al proyecto de todos los informes y opiniones de organismos nacionales y provinciales, también con antecedentes para fortalecerlo". Y agregó que en esa dirección "estuve reunido en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y principalmente en el Programa de Registro de Ex Presos Políticos, del ámbito del Archivo Nacional de la Memoria".
El artículo 1º del proyecto es claro: "Establécese una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, se Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles". Y allí se establecía el monto "equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de pensión vigente conforme a la Ley 5110".
Por su parte, Héctor "Chinche" Medina de la “Asamblea de ex presos políticos 22 de Agosto”, señaló que "la semana que viene nos vamos a reunir con los legisladores. Nosotros impulsamos el tema desde el comienzo, pero tenemos algunas diferencias con las cuestiones que se estuvieron tratando en la anterior Legislatura", dijo a este diario. Para Medina, es importante que "también se incorporen los presos políticos del '55 a esta parte, porque todos fueron objeto de vejámenes por parte del Estado que es el que tiene que resarcirnos". Para Medina es clara la sucesión histórica: "Primero se buscó a los compañeros desaparecidos, después se pidió juicio y castigo por los muertos, ahora es turno que se rescate la figura de los presos políticos porque fue también en base a nuestro testimonio que se logró llegar a las condenas para muchos genocidas", indicó.
Leo Ricciardino (Rosario 12)
"Hubo una generación que decidió luchar por una sociedad más justa, y esa lucha a muchos les costó la vida, a otros la cárcel y otros el exilio. En ese marco el Estado tiene la obligación moral de resarcirlos, porque incluso muchos presos políticos perdieron casi diez años de su vida, no pudieron recibirse, tuvieron después dificultades laborales. El proyecto tiene un claro sentido de reparación histórica", dijo a Rosario/12 el diputado del Movimiento Evita Gerardo Rico, protagonista también de esa generación. Junto a este diputado, el proyecto estuvo firmado en su momento por Marcelo Brignone (Nuevo Encuentro), Luis Rubeo (FpV), Oscar Urruty (PPS), Jorge Lagna (PJ) y Antonio Riestra (FPCyS). Todos recuerdan incluso el papel de la ex diputada Mónica Peralta (GEN) que impulsó decididamente la iniciativa en la Comisión de Derechos y Garantías que le dió despacho favorable para frenarse después en la comisión de Hacienda hasta perder estado parlamentario.
Rico reconoce que el proyecto tuvo su principal impulso en las distintas agrupaciones de ex presos políticos de la provincia, y en ese sentido apunta que "tratamos de tomar todas las ideas que hubo y también intentamos dotar al proyecto de todos los informes y opiniones de organismos nacionales y provinciales, también con antecedentes para fortalecerlo". Y agregó que en esa dirección "estuve reunido en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y principalmente en el Programa de Registro de Ex Presos Políticos, del ámbito del Archivo Nacional de la Memoria".
El artículo 1º del proyecto es claro: "Establécese una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, se Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles". Y allí se establecía el monto "equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de pensión vigente conforme a la Ley 5110".
Por su parte, Héctor "Chinche" Medina de la “Asamblea de ex presos políticos 22 de Agosto”, señaló que "la semana que viene nos vamos a reunir con los legisladores. Nosotros impulsamos el tema desde el comienzo, pero tenemos algunas diferencias con las cuestiones que se estuvieron tratando en la anterior Legislatura", dijo a este diario. Para Medina, es importante que "también se incorporen los presos políticos del '55 a esta parte, porque todos fueron objeto de vejámenes por parte del Estado que es el que tiene que resarcirnos". Para Medina es clara la sucesión histórica: "Primero se buscó a los compañeros desaparecidos, después se pidió juicio y castigo por los muertos, ahora es turno que se rescate la figura de los presos políticos porque fue también en base a nuestro testimonio que se logró llegar a las condenas para muchos genocidas", indicó.
Leo Ricciardino (Rosario 12)