Totito Ramúa II

Enrique Graci y Sussini y la Genealogía de la Derecha Argentina

Por Walter Ramúa y Guadalupe Illanes (desde San Juan)

 “Este gobierno reflota todos los episodios que estaban superados, muchos de los que no les importa nada o fueron la antítesis de una posición crítica respecto a la lucha contra la subversión hoy parecen basílicos enfurecidos contra todo militar o todo persona que use uniforme aunque sea cartero”. Así declaraba Enrique Graci y  Sussini  en 2009 en una entrevista realizada por el periodista de derecha Juan Cruz Castiñeira. Más adelante, en la misma entrevista  declaraba su simpatía por el coronel carapintada Mohamed Seineldín  de la siguiente manera:
“Un hombre con virtudes en grado heroico jamás en la vida, en ninguna circunstancia, lo escuché quejarse de sus 13 años preso ni siquiera de la enfermedad gravísima que le costó la vida a su hijo, jamás lo he escuchado quejarse de nada, aceptaba la circunstancia y era siempre y frente a todos un ejemplo de humildad, de patriotismo, de vocación de servicio, de sencillez, no era un ideólogo era un hombre sencillo pero distinguía perfectamente el interés de la Patria, el interés de los americanos, el interés de los argentinos, el interés del pueblo, eso lo distinguía siempre y en cada circunstancia.”
Sin duda el nombre de Enrique Graci y Sussini se encuentra relacionado con un sector ideológico político que proviene de antaño. A saber: el movimiento contra revolucionario de extrema derecha, ultra católico, corporativista y de raigambre militar nacionalista, cuyo último representante de mayor prominencia fue el coronel Seineldín y con el cual Graci sirvió en la logística para iniciar estos levantamientos, según data de las memorias del ex presidente Raúl Alfonsín. Este hombre, Graci, a las 17 horas del día  22 de mayo del 2012, fue detenido por la División operaciones de la Dirección General de Seguridad del Interior  de la Policía  Federal, por orden del juez  Leopoldo  Rago Gallo; el motivo es la presunta comisión de apremios ilegales y torturas contra Juan  Bautista Ripoll y otros, ocurridas en la Provincia de San Juan durante su periodo como Jefe de Policía.
Según el Profesor Daniel Chango Illanes la historia de Graci en San Juan se remonta a 1973 durante la gobernación del Profesor Eloy Prospero Camus  quien había intentado mantener un equilibrio entre los distintos sectores del peronismo. Así  atrajo a su particular visión del peronismo, algunos otros ex cantonistas como Roque Gallerano, que luego derivó en un isabelismo tan crudo que se volvió poco menos que lopezrreguista.
Camus consiguió mantenerse porque trató de mostrar una fidelidad muy fuerte a Perón y a Isabel. Negoció con la ultraderecha y designó como jefe de policía a Graci y Susini, ideólogo entre falangista y fascista, difusor de las ideas del tradicionalismo reaccionario en la revista Cabildo, y hombre de acción. Tuvo Graci, a quien conocían como "El Mono", un hecho violento en el cual golpeó a un diputado nacional y dirigente bloquista, Héctor Rufino Valenzuela, lo que produjo un gran escándalo en San Juan.
El nombramiento de Graci y Susini, obedecía, a que lo había propuesto para ese cargo el hijo de Camus y diputado nacional Jorge Manuel Camus, quien luego fue secretario del Movimiento Nacional Justicialista. Eloy Camus sabía por el propio Perón que no iba a haber "Patria Socialista", y que al final, el viejo general, retornaría a la derecha de la que, además, nunca se había ido. Beneficiado este paso por los heroicos errores políticos de la guerrilla. Por eso Camus ya sabía lo que iba a pasar, o lo intuía pero sobre la base de imágenes que le venían de algunas fuentes de observación, aceptó llevar a alguien de ultraderecha a la jefatura de policía.
Hay otra posibilidad: Camus creía que Ruperto Godoy, a quien veía como líder de la interna opositora, más potencial que real, tenía alcance no sólo hacia el vandorismo (o posvandorismo sindical) sino hacia algunos sectores de las formaciones especiales. O podía tenerlos. Por eso Graci y Sussini podía servirle en la policía. Pero Graci era peronista sólo en parte. En realidad, era un falangista lector de José Antonio Primo de Rivera. Un falangista con pretensión aristocrática, al estilo de la revista Cabildo.
Con respecto a los derechos humanos las posturas de Grassi Sussini, son harto conocidas. En 2006 en carta al ex presidente Néstor Kirchner, Graci junto a Gustavo Luis Breide Obeid, presidían el Partido de la Reconstrucción Popular, surgido en 1996, diez años antes durante el menemismo. La carta dirigida  a Néstor Kirchner se reviste fuertemente contra los espacios abiertos a las organizaciones de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo declarando que “la búsqueda cotidiana de enemigos que usted encabeza sólo puede engañar al pueblo por breve tiempo. Esa búsqueda hipócrita, potenciada por el encono militante de las Bonafini o las Carlotto y tutelada por el aparato de inteligencia conducido por Horacio Verbitsky, no puede ser suficiente para castrar a los argentinos decididos a luchar por una Patria grande, donde el espíritu de concordia permita resolver los conflictos que aún nos separan”.
Graci prestará declaración frente al juez, Leopoldo  Rago Gallo este jueves, en lo que parece el inicio por averiguar las supuestas violaciones a los derechos humanos anterior a 1976, donde lejos de la concordia, el accionar represivo se manifestó en organizaciones paramilitares de las fuerzas de seguridad sanjuaninas.

Tostado: resistencia de los de abajo

Echan de un remate público a un camararógrafo de Tostado

Lunes 28 de Mayo de 2012

La Asociación de Prensa de Santa Fe denuncia que una jueza de Tostado expulsó de su juzgado a un camarógrafo de la televisión local mientras cubría el remate de la propiedad de un pequeño productor agropecuario. El hecho ocurrió el miércoles 22 de mayo pasado. La decisión de la magistrada constituye un obstáculo inaceptable a la tarea periodística.

El miércoles 22 de mayo pasado estaba previsto para las 11 horas, el remate de un campo, propiedad de Jorge Barberis, un pequeño productor del Distrito Gato Colorado, de una zona identificada como El Palmar. La medida había sido dispuesta por la Jueza en lo Civil, Comercial y Laboral, Haydée Regonat, en un juicio por Honorarios que oportunamente iniciara el abogado Juan Carlos Adrover, quién a su vez mantiene litigio por varias miles de hectáreas con pequeños productores de la zona de El Palmar.

Según denunció ante la APSF el periodista Miguel Rosales, “el tema tenía singular relevancia, ya que en los últimos 10 años han sido numerosos los casos de remates a pequeños productores del norte santafesino; como así también de situaciones de desalojos, como las ocurridas en Los Algodonales (El Nochero), en la zona de la ruta 13 y en otros lugares del departamento Nueve de Julio”.

Rosales explicó que “desde el mismo momento que se empezaron a dar estas situaciones, Tostado Cable TV, empresa de televisión por cable de la ciudad de Tostado, con área de cobertura en Logroño, Pozo Borrado, Villa Minetti y El Nochero, ha reflejado en su programación lo sucedido”.

Fue así como “el día del remate se envió a la periodista Elizabet Matteucci y el camarógrafo, Iván Wenett para realizar la cobertura de la noticia. Primero se registraron imágenes de un numeroso grupo de pequeños productores junto con dirigentes agropecuarios y representes de gremios y sindicatos que iniciaron una movilización hasta la sede el juzgado, donde se iba a realizar el remate. Ya en el lugar, la periodista y el camarógrafo ingresaron al hall donde se iba a llevar a cabo la subasta, pero cuando estaba comenzando, la jueza interviniente, Haydée Regonat le pidió en persona al camarógrafo del canal que saliera del lugar, ya que por su orden, no podía registrar imágenes de este acto público. El camarógrafo abandonó el hall y lógicamente se quedó sin registrar lo que ocurría en el interior, y ya no pudo ingresar porque la fuerza policial no le permitió hacerlo por disposición de la jueza”.

En el interior del juzgado quedó la periodista, a la que tampoco se le permitió sacar fotos y únicamente podía transmitir vía celular o utilizar un grabador. Todo lo ocurrido fue relatado y comentado en vivo por el periodista Miguel Rosales, a través de FM Soon de Tostado.

Desde la Asociación de Prensa de Santa Fe repudiamos la decisión de la jueza Haydée Regonat de impedir la toma de imágenes durante la subasta pública realizada el 22 de mayo pasado en la sede del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Tostado. Desde la creación de los tribunales en el departamento Nueve de Julio, en el año 1993, es la primera vez que se impide que una cámara de televisión registré un acto público de gran relevancia para la región. Por estos nuestra entidad realizará los planteos correspondientes ante las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

Nota: Oriunda de Los Laureles (Dto. General Obligado)  la Jueza Regonat tiene su residencia habitual en la ciudad de Avellaneda (Santa Fe) 

Dr. Iván Bordón:

“Hay un sistemático hostigamiento, que de alguna manera está legitimado por un Poder Judicial”

Luego de que el miércoles 22 de mayo un movilización campesina lograra la postergación por 40 días del remate de un campo de un pequeño productor de El Palmar, lugar ubicado en el Distrito Gato Colorado, el abogado patrocinante y a su vez integrante de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos de Reconquista, Dr. Iván Bordón, se refirió a lo acontecido.

En diálogo con el periodista de FM SOON, Miguel Rosales, el profesional resaltó que “lo importante fue el aglutinamiento de todas las fuerzas, de los pequeños y medianos productores organizados, de las entidades agropecuarias, de los gremios locales que brindaron su apoyo y todo lo que tiene que ver con el campo popular, hablo de la ciudadanía de Tostado y región”.

El abogado patrocinante de Barberis indicó que “concretamente nosotros denunciamos que hay un sistemático hostigamiento, que de alguna manera esta legitimado por un Poder Judicial que no está a la altura de las circunstancias”.

Al pedirle mayores precisiones señaló: “un hostigamiento que tiene que ver con medidas cautelares, por ejemplo: medidas que dicta el Juzgado Civil de Tostado, donde le ordena a estos productores que no hagan mejoras en sus campos; es decir el mensaje es que abandonen sus tierras, que no levanten su producción”. Agregó que “el señor Jorge Barberis había sembrado allí con otros productores asociados porque son pequeños y medianos productores, algodón; hubo medidas cautelares donde se le ordenaba que no levante el cultivo lo que significaría la perdida material de toda su inversión”.

-¿Por qué se llega al remate del campo de Barberis en este juicio que impulsa el Dr. Juan Carlos Adrover?

- Bordón: “Hay que decir que el padre de Jorge Barberis, Don Jorge, había iniciado antes que le reclamen la tierra, un juicio de usucapión, para consolidar la posesión que tenía y la ejercía de muchos años, estamos hablando de 45 años de posesión en estas tierras. Estamos hablando de tierras que eran improductivas y que esta gente las poseía y las trabajaba. Con el avance de la frontera agrícola vienen estos grupos económicos concentrados, grupo de pícaros que vienen a arrebatarles la tierra a la gente.

Este hombre había iniciado la posesión, había hecho la mensura de su campo, había invertido la poca plata que tenía en la mensura y en el 2004 inicia el juicio posesión que fue un expediente que le pusieron miles de palos en la rueda; hubo muchas idas y vueltas por eso hablo también de un poder judicial que no está a la altura de las circunstancias.

En el 2007, Adrover inicia con documentación que nosotros cuestionamos que no la consideramos legítima, inicia lo que llamamos el juicio de reivindicación para recuperar y quedarse con las tierras. Todos estos juicios están sustanciándose.

Hubo un fallo que fue en esa demanda de reivindicación se le daba la razón a Adrover en primera instancia; entonces ese fallo fue apelado y está en la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

Se llega a la situación de remate y es lo que cuestionamos es porque este señor Adrover gana en primera instancia, inicia la demanda en 2007, cuando la familia Barberis inicia el juicio de posesión en el 2004 y todavía no tiene sentencia, no tiene resolución.

Es más la jueza actual Dra. Haidée Regonat, dispuso la caducidad de ese expediente, cosa que nosotros cuestionamos, cosa que ahí hay una mirada y un accionar del Juzgado que es sistemático en el sentido de no validar las pretensiones y reclamos de estos pequeños productores.

Adrover gana en primera instancia, se apeló y todavía se está discutiendo en la Cámara.

Por ese juicio de reivindicación se llega a remate; porque inicia una demanda de apremio que es por cobro de honorarios del juicio ese que él gana en primera instancia; en ese juicio se ordena un embargo.

Son dos caras de la misma moneda, Don Jorge y su familia sigue las pretensiones de sus padres que iniciaron la posesión, la contratara de eso es la demanda de reivindicación de Adrover que quiere quedarse con esas tierras de esta gente. Don Jorge todavía no tiene sentencia mas allá de un expediente que inicia tres o cuatro años antes que Adrover y todavía no tiene sentencia, es más la jueza dispuso la caducidad de ese expediente, es lo que cuestionamos y apelamos a la Cámara

Además en el expediente de reivindicación que inicia Adrover, pide regulación de honorarios y es ahí como llegamos a la demanda de apremio que tiene que ver con el cobre de esos honorarios.

Lo que nosotros cuestionamos es que como puede ser que estén ejecutando el campo del Señor Barberis   cuando todavía los derechos están en discusión y ordena el Juzgado sobre el campo este que ellos lo llaman “La Abuela” que estamos hablando de 208 hectáreas, no le piden al señor Adrover una contra cautela porque que va a pasar si el día de mañana don Jorge termina ganando estos juicios porque tiene posesión acreditada, quién le va a pagar todos los daños. Ahí esta uno de los errores de la jueza. La contra cautela es como una fianza que tiene que ofrecer quien pretende un embargo y no lo hizo la jueza, no le exigió

Cuando se va a disponer cualquier medida cautelar como un embargo, otro de los elementos que tiene que observar el juzgado es la verosimilitud en los derechos, es cuando son claros y tampoco se da esta situación porque están en litigio.

-¿Cuantas acciones legales inició Adrover contra la familia?

 - Bordón: Lo que consta en mi poder, desde el año 2011 que empecé a intervenir, Adrover tiene iniciado, tiene el de reivindicación, el de apremio, medidas cautelares donde la jueza legitima el pedido de que no le dejen trabajar el campo a esta gente

Lo que hay que denunciar que Es un andamiaje sistemático del juzgado para decirle a todos los pequeños productores que han tenido posesión y la siguen tendiendo el mensaje es “si ustedes reclaman la posesión, les puede pasar esto”; esto es que lo terminemos desalojando por la fuerza, además le vamos a embargar. Además si tienen un campo de herencia se lo vamos a rematar, y además cualquier otro bien, por poco que sea, lo van a terminar perdiendo, es decir lo que tengan se lo vamos a sacar y lo van a terminar perdiendo”; por eso es que decimos que el poder judicial no esta a la altura de las circunstancias y tampoco algunas autoridades políticas lo están porque estas son algunas problemática que deberían tener una mirada del poder legislativo y ejecutivo para resolver de manera integral esta problemática de los Bajos Submeridionales”.

Lo importante es que los productores han decidido organizarse, nos estamos organizando con entidades que adhieren y acompañan esta causa, de aquí a 40 días vamos a volver a estar en el Juzgado resistiendo estos atropellos, ese es nuestro mensaje, organizarse y defender esta causa que es legítima.

Entrevista emitida por FM SOON de Tostado, el miércoles 23 de Mayo de 2012.-

Opinión: TOTITO, DESDE SAN JUAN

Del derecho y otras hierbas

Por Walter “Toto” Ramua y Guadalupe Illanes

     

 El pasado jueves 17 de mayo en  una nota de opinión del diario Tiempo Argentino, Agustín Rossi, jefe del bloque de Diputados del Frente Para la Victoria en el Congreso de la Nación, se  manifestó sobre al debate llevado a cabo durante estos días en el cuerpo legislativo  con respecto a despenalización del consumo de estupefacientes mostrándose en desacuerdo con la idea  general  de tratar al adicto en la misma cadena  que al narcotraficante. También sostuvo que las políticas de combate al narcotráfico implicarían que “deben basarse en los principios de Derechos Humanos y salud pública. Deberíamos terminar con la estigmatización y la marginalización de las personas que usan ciertas drogas y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de drogas como pacientes, no como delincuentes.” Agregando más adelante que “Los recursos del Estado tienen que estar orientados en la lucha contra el narcotráfico y las fuerzas de seguridad han de perseguir a las grandes organizaciones criminales, sólo así será posible avanzar hacia estrategias de prevención más sólidas y políticas más efectivas para el combate al comercio de drogas, donde debe ponerse toda la fuerza del Estado”. Ahora bien dentro de  este mismo debate, y desde este diario,  antes que paciente preferiríamos llamarlo  consumidores. Esto para evitar interpretaciones erróneas sobre el uso jurídico que se le podría dar a la palabra paciente.
     En primer lugar dentro de la ampliación de derechos que comenzó en 2003 bajo el gobierno de Néstor Kirchner y se intensifico en los últimos dos años bajo CFK, deberíamos pensar no sólo en el combate del narcotráfico sino en la inclusión de ciertas areas de la producción a un mercado legalizado con instituciones que permitan de manera técnica su regulación y blanqueo dentro de las cadenas de valor y producción. Daniel Chango Illanes esbozo  recientemente: “Yo propuse en facebook que en el caso de la marihuana - y en ningún otro - se la vendiera en kioscos con el mismo tratamiento fiscal y comercial del cigarrillo de tabaco por lo cual estaría prohibida la venta a menores de edad. Que a esos efectos existiese un registro nacional y provincial de productores y expendedores. Que el producto se vendiera envasado. Que para controlar existiese un instituto similar al INV, o hecho análogamente al INV (Instituto Nacional De Vitivinicultura). La fiscalidad ejerce control, obtiene recursos públicos y puede regular el consumo.”
     Desde este punto de vista el consumo de drogas ya no estaría solo dentro de las políticas sanitarias, sino también dentro de las políticas tributarias que el estado debe ejercer en su poder de imperio. 

GIL: DEFINEN FECHA

EN JULIO

La Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos informa que el Tribunal Oral de Santa Fe  ha dispuesto el inicio del juicio oral y público al ex policía rural Juan José Luis Gil para el día 12 de julio próximo, a partir de las 9 horas en la ciudad de Santa Fe.

Fumigaciones: Resistir

Se desarrolló el Primer Encuentro de Pueblos Fumigados del Norte Santafesino

El sábado 19 de mayo se desarrolló en Reconquista el “Primer  Encuentro de Pueblos Fumigados”, una reunión que apuntaba a  mostrar - en forma contundente- las consecuencias ambientales y sociales que genera el actual modelo productivo, y de extracción de los bienes naturales, a través de los testimonios de las personas afectadas directamente por esta actividad. Pero también, en el encuentro, se dieron a conocer las distintas acciones que buscan el tratamiento y la modificación de la ley 11.273, que restringe  el uso de agrotóxicos en la provincia de Santa Fe.

La jornada, que dio comienzo a las  10 de la mañana y finalizó cerca de las 18, fue convocada por el espacio de organizaciones “Encuentro por los Derechos Humanos”, una multisectorial que viene trabajando hace dos años en el establecimiento de una línea agronómica para la ciudad de Reconquista.

En esta instancia, participaron vecinas y vecinos de los cuatro departamentos del norte provincial –Obligado, Vera, San Javier y 9 de Julio– y con visitantes de la capital provincial, Chaco, Santiago del Estero y provincia de Buenos Aires, interesados por la misma problemática.

La modificación de la ley 11.273

En todo el territorio provincial existe una campaña para que el Senado trate y modifique la ley 11.273 prohibiendo las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial y alejando las fumigaciones con cualquier tipo de producto agroquímico a menos de 800 metros de las áreas pobladas, las escuelas y los cursos de agua. A ella se refirió Carlos Manessi, vicepresidente del Cepronat y referente de la Campaña Paren de Fumigarnos: “Todo lo que sucede con impacto de los agrotóxicos sobre la salud es porque la ley que está vigente hoy en la provincia lo permite. Con todos los papeles en regla, te puede fumigar frente a tu casa, como realmente está sucediendo. Por eso entendemos que la prioridad, la necesidad imperiosa, es modificar esta ley… pero tenemos noticias de que no hay voluntad política en el senado para tratar el tema, y nosotros tenemos que hacer que los senadores la traten”, afirmó.

Las voces campesinas

Maximiliano Castillo y Dina Domínguez, son miembros de organizaciones campesinas de base de los departamentos Gral. Obligado y San Javier, respectivamente. Ambas organizaciones forman parte de la Unión de Organizaciones del Norte de Santa Fe (UONSAFE) y a nivel nacional se articulan en la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA). Desde estos espacios plantean propuestas políticas distintas, basadas en la defensa del territorio y de los bienes naturales.

Maximiliano Castillo, joven de la Organización Obreros del Surco, de Villa Ocampo, explicó que desde su punto de vista este modelo basado en agrotóxicos “nos va excluyendo como personas, sobre todo. Si producís sanamente, el modelo te deja afuera; si producís apostando a la vida, como que no existís”, afirmó. Dijo además que es agricultor por herencia de sus padres y abuelos y que como “joven sin tierra: no tengo ni siquiera espacio para producir lo que me enseñaron”.

El principal problema que amenaza la vida campesina es el desarrollo de la agricultura industrial, que va desplazando a familias de los territorios: “sabemos que defender el territorio es defender el monte, el agua, y que es este modelo agroexportador el que se encarga de extraer todos nuestros recursos naturales, y que a la hora de pesar o ver en la balanza siempre perdemos los pobres, no hay otro perdedor. Además, estamos perdiendo casi siempre un joven: como Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, o Néstor Vargas, en Vera”.

Finalmente, Maximiliano propuso discutir la idea de progreso, que para el modelo se relaciona con el agronegocio, para oponerle “la producción sana de alimentos, que también te da de comer”, en pos de ese gran sueño colectivo que tienen muchos campesinos: “vivir dignamente y tratar de vivir en el campo, con producción agroecológica, sin agrotóxicos, y sobre todo que el derecho a la vida se cumpla”.

Dina Dominguez, de la Organización Vida en Libertad, zona de Romang y Durán, encaró el problema por el lado de las arroceras: “las grandes arroceras y las grandes corporaciones, nos están quitando el agua. Están haciendo grandes perforaciones: hay grandes perforaciones, y siguen haciendo más. Lo que hacen es quitarnos el agua, en la época de sequía las familias se quedan sin agua. Hay momentos en que no sale nada, se mueren los animales, no hay para darles de tomar. Desde la vía pública se ven los riegos para sus cultivos cuando la gente está sin agua. No les importa nada, pero en algún momento ellos también van a ser perjudicados y se van a acordar de estos locos que estamos acá reclamando y quejándonos de todo lo que hacen”.

En cuanto a las fumigaciones, Dina contó que “las arroceras cargan los aviones y pasan por arriba de las casas, de los árboles. En este momento están fumigando hasta en la isla. No hace mucho tiempo un avión empezó a fumigar parte de la isla para sembrar pasturas, cosa que nunca se ha visto. Es una tristeza muy grande, porque nosotros nos criamos en la isla, viendo toda esa belleza que tenemos en la costa del San Javier, y ver cómo agarran un avión para matar esos árboles para hacer pasturas, para engordar los bolsillos…”

Por último, la dirigente campesina, habló de la falta de tierras que sufren los campesinos del norte y que los lleva a producir en las banquinas de rutas y caminos rurales y quienes se dicen ‘pequeños productores’ teniendo 500 hectáreas: “hay compañeros que están sembrando sobre las banquinas. Días atrás tuvimos problemas porque se está cosechando el algodón, tienen sembrado batata, y donde nos llegó una nota diciendo que les iban a tumbar todo. Vinieron decididos, con máquinas, a tumbar todo, cuando hay grande agricultores que están ocupando banquinas en muchos lugares, y son personas que no necesitan, que deberían dejarlo para las personas que no tienen tierras, que puedan sembrar ese pedacito, porque nosotros los pequeños productores tenemos ganas de trabajar, simplemente que siempre nos están poniendo trabas”, afirmó.

Aquí se plantea una paradoja en la Campaña Paren de Fumigarnos que pide mayor control para frenar la sojización y las fumigaciones en las banquinas –un fenómeno común en el centro-sur, donde los productores aprovechan hasta este espacio público. Pero los criterios de prohibición alcanzan a los banquineros sin tierra.

La muerte viene con  el agua

Mariela Coria, integrante de la comunidad mocoví Rahachalagte de La Lola (Reconquista), en la que viven unas 50 familias, se refirió a los problemas que acarrean las fumigaciones. “Vivimos en un barrio de 11 cuadras, y en todos los alrededores tenemos sembradíos, y también tenemos este mismo problema: el problema nuestro es que se fumiga cuando hay viento, los chicos no pueden respirar, empiezan con sus estornudos. Nosotros lo que tratamos de hacer es encerrarlos, y como comunidad vemos que prácticamente no se puede hacer, pero ahora veo todo esto.”

Coria contó que hicieron un acuerdo con un productor vecino para dejar 100 metros libres de fumigaciones frente a la comunidad, pero que cuando otros productores fumigan a 200 o 300 metros, esto afecta igual a la población. Por eso están a favor de una legislación que contemple 800 metros libres de agrotóxicos alrededor de las poblaciones, “porque lamentablemente ahora son los animales los que se nos mueren, pero con el correr del tiempo no quisiéramos que fuera algún integrante de la comunidad el que se nos vaya. Por eso queremos, como comunidad, que se respeten esos 800 metros; queremos que se paren con los agroquímicos, porque lamentablemente nos están matando poco a poco.”, se lamentaba.

René López, de la misma comunidad, contó las veces que sufrió la mortandad masiva de sus gallinas, patos y hasta mascotas. “Nos sentimos discriminados, no tenemos quién nos defienda, porque en la mortandad más grande, cuando tuvimos en el patio cien patos muertos, de un día para el otro, y más de 80 gallinas amontonadas, muertas, un perro agonizando y otro muerto, no teníamos a quién llamar. Llamé a todos lados, policía, enfermeros, municipio, y nadie me contestaba. Por suerte una compañera de una radio me dio un espacio y en 20 minutos tenía mi casa llena de policías, de gente del municipio, de todos lados, viendo el tema. Pero el problema era mío, no era de la comunidad ni del pueblo. Y hasta el día de hoy estoy esperando saber de qué se me murieron mis animales, la verdad, no quiero más mentiras”.

Pasado más de un año y medio de aquel suceso - que no fue el único pues el fenómeno se repite todos los veranos, con las lluvias-  López contó que “tenemos unos chicos adolescentes, que están estudiando y trabajan. Y la inversión de ellos es comprar unas gallinas, unos chanchos, para poder reproducir y bajar el consumo que tenemos en la familia, porque es una familia numerosa. Y ahora yo le digo a los chicos ‘vamos a comprar un chancho’, y me hacen la cara fea: ‘para qué vamos a gastar, si nos están matando todo’. Anoche estábamos preocupados por la lluvia, porque no podíamos salir, pero sobre todo porque cada vez que llueve tenemos que estar pensando en qué animales se nos van a morir. Cuando los chicos ven que viene la tormenta, antes quizá tenían miedo del viento, pero ahora no, ahora piensan cuál de los animales se nos van a morir”

La lucha en las escuelas rurales

La profesora Florencia Zanuttini, docente de la Escuela 1249, en Campo Huber (La Loma), distrito de Colonia Durán, en el departamento San Javier contó que su escuela “está rodeada de campo, y viene teniendo problemas bastante seguido con las fumigaciones. La última vez fue el martes 3 de abril: estábamos en la escuela, en el recreo y vemos la máquina que pasa sobre el tejido, que está a unos quince metros del aula. Era el recreo y los chicos estaban jugando al fútbol, y estaban siendo fumigados. Lo primero que atinamos a hacer fue cerrar todo el salón, cosa que no funcionó mucho, porque el olor fue insoportable, nos empezó a quemar la garganta, la nariz y lo ojos”.

La policía llegó más o menos 45 minutos después, “para ese momento nosotros ya habíamos logrado frenar la fumigación. La respuesta del policía fue que los productores tienen la receta de la comuna y saben que está prohibido fumigar en 300 metros, pero que sin embargo lo hacen, que es un problema recurrente, y que ellos lo que han estado haciendo hasta ahora es darle avisos o llamados de atención, que no hay denuncias hechas y que por lo tanto siguen fumigando”.

Además, contó la docente que “tenemos casos de alumnos que trabajan en el campo manipulando directamente agrotóxicos, y que han tenido que ser atendidos, incluso varios de ellos internados, principalmente por problemas respiratorios y dérmicos. Esa es nuestra situación y creemos que de la mayoría de las escuelas rurales, y estamos luchando contra eso.”. Cuestión que fue ratificada con la aparición de otros casos, en las actividades grupales.

La billetera que tienen por corazón

Milton Allario, apicultor del paraje Cuatro Bocas (cerca de Villa Minetti, en el Noroeste provincial), contó que allí la problemática con los agroquímicos es la misma: “no se respetan las distancias, te fumigan al lado de tu casa. A nosotros la soja nos desplazó muchísimo. Tuvimos que llevar las colmenas a más o menos 100 km de distancia, porque en la zona era todo soja, no había pasturas, no queda más montes. Más allá de que nos está afectando económicamente, que sería lo de menos, está afectando a mi familia y a todo un pueblo. En nuestro pueblo la mayoría de la gente tiene campo, o tiene mosquito, trabaja como aplicador, así que ya tienen lo recitados de los lavajes de cerebro que les hacen de vez en cuando, pero tampoco me quedo en que no se puede hacer nada”, confirmó.

Milton además, se refirió a las veces que tuvo que invadir la propiedad privada de sus vecinos para parar las fumigaciones a escasos metros de su casa, haciendo luego la denuncia policial. “tenemos que dejar de ser tan dóciles, tan mansos”, invitó.

El joven apicultor, también se refirió a la relación ingenieros agrónomos-productores: “los ingenieros agrónomos dicen que la responsabilidad no es de los agroquímicos sino de los productores. Como que ya no está habiendo tanto compañerismo entre ellos, se están lavando las manos, y dicen que la negligencia está en los productores, que no respetan los vientos, las distancias, las clasificaciones.”

Finalmente, el apicultor se refirió a otra consecuencia de los agroquímicos: “En 4 Bocas, que serán unas 40 casas, hubo muchos casos de abortos espontáneos de familias de productores .La gente que está en contra de los abortos tendría que sumarse, sería muy bueno, porque se están produciendo miles de abortos por esta causa, y en personas que no lo eligen”.

Por todo esto, habría que lograr que los representantes políticos “sientan que es necesario, y que tienen que haber una ley, no que crean, les parece, o estamos obligados a hacerlo, sino que lo sientan… pero creo que es difícil desactivar la billetera que tienen por corazón”.

Una vez escuchados los testimonios de pobladores de un arco territorialmente representativo del norte provincial y de la costa, se entabló un debate entre el auditorio –compuesto por campesinos, productores agroindustriales, militantes ambientalistas, estudiantes, ingenieros agrónomos, funcionarios municipales y provinciales, entre otros,– que evidenció las distintas miradas sobre el tema, en contra y a favor, de este modelo de desarrollo.

Los organizadores del encuentro, elaboraron un diagnóstico del riesgo ambiental vinculado a los agrotóxicos en el norte santafesino y se esbozaron líneas de acción, material que será próximamente difundido a través de las conclusiones del encuentro.

UP 1 Coronda

CÁRCEL DE CORONDA: TRES EX GENDARMES IMPUTADOS EN SANTA FE

El pasado los alcanzó

Tres ex comandantes de Gendarmería Nacional que estuvieron al frente del penal de Coronda en los primeros años de la dictadura fueron imputados por el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez quien además ordenó detenerlos para indagarlos. Hubo al menos tres muertes de detenidos por la falta de atención adecuada imputables a los jefes del penal: "El gringo" Juan Carlos Voisard, Luis Alberto Hormaeche y Raúl San Martín.

Tal como publica ayer el portal Notifé, el Comandante (Retirado) Octavio Zirone fue indagado el último lunes. En el año 2009 era el presidente del Centro de Oficiales Retirados de Gendarmería, y miembro de la Orden Militar de Caballería Hospitalaria San Ignacio de Loyola.

La investigación judicial, avanza sobre tres directores del penal que Juan Angel Domínguez, el primero en hacerse cargo del penal con la supervisión del Ejército, el mencionado Zirone -que la condujo entre agosto del 76 y hasta noviembre del 77- y Adolfo Kushidonchi.

Domínguez, que vive en Salta, fue ubicado por la Policía Federal y se esperaba que declare en los próximos días. En el caso de Kushidonchi, el magistrado esperaba noticias de su paradero.

Las actuaciones se iniciaron por el ex preso político Raúl Omar Sassi, el 21 de junio de 1984, quien denunció ante el juzgado de instrucción Novena de Santa Fe. Por los estrados judiciales desfilaron más de 30 testigos: Froilán Aguirre, el director del coro de la Universidad del Litoral, Jorge Céspedes, el periodista del diario El Litoral, Rogelio Alaniz, el secretario general de UPCN, Alberto Maguid, el abogado Jorge Pedraza, Francisco "Pancho" Klaric, y el recientemente fallecido periodista Daniel Gatti, entre otros.

Kushidonchi reemplazó a Zirone en noviembre de 1977 y ordenó, casi de inmediato, que los presos políticos más "radicalizados" sean trasladados del pabellón 5 al 3 y en el 6 quedaron los presos comunes mezclados con algunos funcionarios del gobierno justicialista destituido más de un año atrás. El 19 de diciembre de ese año falleció producto de una tremenda omisión de auxilio el militante Luis Alberto Hormaeche quien luego de sentir un fuerte ataque chocó su cabeza varias veces contra el muro de la celda y luego quedó tendido en la cama. El pedido de ayuda de su compañero llegó tarde. Cuando el enfermero llegó su salud era muy precaria. Murió cuando era trasladado a una sala de hospital en Santa Fe. Militaba en UPCN y formaba parte del coro Musicantropus.

La dirección de la cárcel puso luego un preso político por celda. Los médicos no cumplían su función de asistencia y sólo recetaban aspirinas a los detenidos. Ante cualquier complicación los remitían a la sala de guardia del penal o a Santa Fe. El 8 de abril de 1979 murió en el pabellón 5 Raúl San Martín, que estaba en el pabellón 3, como los denominados "irrecuperables". Luego de una larga agonía, que no encontró respuesta de nadie, cerró sus ojos para siempre producto de un cuadro de meningitis.

"El gringo" Juan Carlos Voisard murió el 15 de agosto de 1976. La versión oficial informó que fue producto de un ataque de presión. El acta de defunción no mentía, pero no contenía el relato de sus compañeros que lo escucharon quejarse durante horas pidiendo medicación para su presión arterial.

Publicado por Rosario 12 (20/5/12)