No jodan:
PACÍFICOS PERO FIRMES
Con
respecto a lo ocurrido el viernes con un intento de desalojo del campo El Palmar
habitado por pequeños productores, en Gato Colorado, Departamento 9 de Julio,
trascendió lo establecido en el acta redactada en el lugar de los hechos.
Participantes
Además
de productores presentes en apoyo de los intimados hermanos Jorge, Ernesto y Rubén Barberis, se
encontraban su abogado Dr. Iván Bordón;
el Juez Comunitario de Gato Colorado Prof. Federico
Nicola; Pablo Zancada (Coordinador
Bajos Submeridionales); Aníbal Leiva
(Asistente técnico Nodo 1 Rafaela), Comisario José Luis Segovia y Comisario Cristian
Perone (Guardia Rural “Los Pumas”), Comisario Diego Sandoval (Registro fílmico del procedimiento, Unidad Regional
XII)… “todos los cuales previo a la
medida me indican que están obligados a acompañarme TOTALMENTE DESARMADOS, cosa
que hacen antes de que la medida comience. En la puerta de entrada al predio, luego de traspasar gomas de vehículos
ardiendo, en la tranquera de entrada al mismo, cerrada con candado, nos
reciben aproximadamente unas 30 0 40 personas, dentro del predio rural motivo
de esta medida…”
Luego
de la lectura de la orden de desalojo “pide
la palabra el Dr. Bordón quien hace racconto de situación que le permite
concluir al mismo que esta medida
cautelar es absolutamente arbitraria, injusta para con los intereses de la
familia Barberis, ya que esta mantiene en instancia de apelación una demanda de
usucapión, Expte N° 604/2004 y mencionó también que esta cautelar se encuentra
apelada sin obtener resultado alguno por parte del Juzgado que la dispone. Por
medio de voces altas los sres. Jorge y Ernesto barberis junto al Dr. Bordón, me
indican que se resistirá a la medida
conjuntamente con los pequeños productores aquí presentes de manera pacífica,
lo que interpreto que no se saldrá del predio y que resistirán en forma
pacífica al lanzamiento”.
A
esta altura de la puja los campesinos ratificaron su decisión de permanecer y
oponerse a la medida judicial mientras se ponen a disposición de la Guardia
Rural para que requise la posibilidad de que existan armas, cosa que no
concretan los uniformados por no considerarlo el magistrado territorial. El
Juez Nicola siguió con sus pasos
mientras que el Comisario Segovia
manifestó “que tenía expresas directivas
del poder político de evitar el uso de la fuerza y encarrilar la situación por
medio del diálogo y la negociación”.
Zancada y Leiva también fueron
interlocutores del tenso momento para finalizar con el compromiso de buscar
opciones negociadas o de consenso para la solución integral del problema de las
tierras de los Bajos Submeridionales. Un final sin violencia y sin desalojo por la empecinada lucha de
quienes tienen derecho a vivir y trabajar donde pasaron muchos años de sus
vidas y varias generaciones familiares. Firmaron el acta final el Juez Nicola, el Comisario Segovia y el abogado Bordón.
Por
el momento pipa de la paz, hasta que algunos buitres vuelvan al ataque buscando
el despojo de una familia más que quieren expulsar para quedarse con esas
tierras.
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| MOMENTOS DE TENSIÓN: EL JUEZ, LA GUARDIA Y LOS CAMPESINOS |
ROSARIO 12 -Correo
Los conflictos sociales por la disputa de tierras
rurales se están repitiendo con una violencia inusitada que no encuentra alivio
y, menos aún, soluciones. Vemos cómo empresas privadas y grandes empresarios se
apropian de las tierras, avasallando los derechos de propiedad y posesión de
los pequeños productores.
La ausencia del Estado, en todos sus niveles, muestra
la contracara más dura de la corrupción política, policial y judicial que avala
las continuas usurpaciones de la propiedad.
A pesar de la existencia de normas jurídicas que
amparan los derechos campesinos, existe una clara desprotección que los expulsa
del modelo agrario. Desde el desconocimiento de sus propios derechos y la
carencia de recursos económicos para llevar a cabo las tramitaciones que
requiere la regularización registral, hasta las amenazas e intimidaciones, los
pequeños productores encuentran vulnerados los derechos más elementales.
Es hora de que el Estado asuma la responsabilidad
en cuanto al ordenamiento sustentable de la propiedad y uso de los recursos
naturales, reconociendo los derechos de todos los argentinos al acceso
equitativo de la tierra, el agua, la energía y, en definitiva, la garantía de
poder desarrollarse en el territorio nacional. Para ello, resulta prioritario
que el primer paso sea el respeto del derecho de posesión como instancia
preliminar y primordial en los conflictos donde se tramiten instancias
jurídicas.
Seguiremos acompañando a los pequeños productores y
peleando por la ley que frene los desalojos para construir un desarrollo rural
más inclusivo. Apelamos al compromiso político de todos los estamentos
gubernamentales para buscar una solución a esta problemática que afecta a más
de 10 millones de hectáreas en el país.
Susana García
Diputada Provincial