ABOGADO QUE MOLESTA
La embestida de los
desalojadores
Juan
Carlos Adrover, que fue referente de la Federación Agraria en el norte
provincial, acusó a Iván Bordón por resistir remates en los que el propio
Adrover era beneficiario. Bordón es querellante en causas de lesa humanidad.
El
abogado Iván Bordón, que asiste a campesinos en su lucha por la tierra y litiga
contra genocidas del norte santafesino, fue denunciado ante el Tribunal de
Etica del Colegio de Abogados de Reconquista por otro profesional, Juan Carlos
Adrover, beneficiario directo de un remate realizado el 30 de julio de 2012. El
Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Reconquista investiga a
Bordón por "violación del Estatuto y del Código de Etica que regula la
profesión de los abogados". "Apuntan a sacarme la matrícula y quebrar
nuestro compromiso con esta lucha", dijo Bordón, que encabezó este año las
denuncias contra José Luis García Troiano, propuesto para juez penal de
Tostado, por su "parcialidad" en el despojo de tierras. El 15 de mayo
pasado, la Asamblea Legislativa rechazó el pliego de García Troiano gracias a
la movilización de los campesinos que acompaña Bordón.
Los
antecedentes son complejos, pero siempre encuentran a los actores en veredas
opuestas: Adrover impulsa los despojos a pequeños productores del departamento
9 de julio, en el noroeste de la provincia. Bordón resistió junto a esos
damnificados el despojo de las tierras de la familia Barberis el 22 de mayo de
2012. El remate era para pagar los honorarios de Adrover. Poco más de un mes
después, el remate de 208 hectáreas de esa familia se concretó, gracias a la
represión ordenada por el juez penal subrogante José Luis García Troiano. Los
Barberis perdieron su campo por 68 mil pesos, y no pudieron siquiera hacer su
oferta, ya que se les impidió el ingreso al recinto a los productores de la
zona.
Adrover
fue representante de la Federación Agraria en Santa Fe, pero actualmente se
encuentra enfrentado con los dirigentes de la entidad, que también se
movilizaron contra los remates en 2012.
Ante
la denuncia que implica un riesgo de perder su matrícula, Bordón recordó que el
remate concretado el 30 de julio de 2012 se debió a un litigio cruzado entre
Adrover y Jorge Barberis, un pequeño productor del norte provincial. "La
jueza Haydé Regonat le reguló honorarios a Adrover sin que hubiera entonces
sentencia firme, ya que el juicio estaba en la Cámara de Apelaciones.
Embargaron el bien de Barberis y lo remataron a precio vil", recordó
Bordón, quien dijo que "Regonat lleva adelante los desalojos y García Troiano
criminaliza la protesta, al ordenar la represión".
Adrover
está procesado en una causa por tenencia de armas que fueron usadas para
amenazas (ver aparte). Este abogado acusa a Bordón de violar el artículo 4
inciso d del Código de Etica, que implica el "incumplimiento del deber de
lealtad hacia el colega, como así también el artículo 5, incisos g, h y k, por
los que habría incurrido en "incumplimiento de los deberes de lealtad y
respeto hacia los magistrados"; en "valerse de medios de prensa para
presionar directa o indirectamente a los jueces" y también en "no
guardar ante el Poder Judicial un estilo adecuado a la jerarquía
profesional".
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| IVAN BORDÓN |
Para
Bordón, la denuncia contra él es una "reacción corporativa" de los
abogados de la zona, ya que después del fracaso del pliego de García Troiano,
Margarita Savant, que era secretaria del juzgado civil de Tostado, y ahora lo
es en Vera, se presentó a declarar contra Bordón.
El
abogado acusado por defender a los campesinos vive desde 2010 en Reconquista,
en el nordeste de la provincia, pero es oriundo de la zona de los conflictos
por las tierras, en el noroeste santafesino, en los departamentos Tostado y
Vera.
Como
integrante de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, su trabajo
consiste, desde 2010, en representar a víctimas en las causas de lesa
humanidad. "La organización me bancó en todo momento en esta tarea
simultánea de acompañar esta lucha por la tierra", dice sobre su
militancia.
A
fines de 2011, Bordón recibió a familias campesinas que vivían
"situaciones apremiantes" por los desalojos de tierra. "Hombres
y mujeres empobrecidos que quedaban sin sus pocas pertenencias y bienes; las
imágenes de familias al costado del camino viviendo en ranchitos precarios
improvisados de chapa y otros deambulando buscando un techo en los pueblos te
marca mucho", relató Bordón, que concibe la lucha no sólo desde lo
jurídico sino sobre todo como "una organización colectiva".
La
primera intervención organizada fue el 22 de mayo de 2012, en Tostado.
"Nos movilizamos porque entendíamos que la Justicia le daba una fachada de
legalidad a una situación ilegítima e injusta. Lo que es importante es dejar en
claro que detrás de esta historia se juegan intereses de inversores que
apuestan como en la timba, estudios jurídicos, corredores inmobiliarios de la
provincia de Córdoba, martilleros públicos, agrimensores, etc. Y el pobre
campesino que vive allí desde hace muchos años se jode", consideró el
abogado.
Ese
remate, finalmente, se hizo. "En julio de 2012, con represión, lograron
subastar 208 hectáreas por un precio vil de 68.000 pesos. Hubo patadas, gas pimienta
y bastonazos de la policía, con un juzgado penal rodeado por un centenar de
efectivos, todo con el aval de García Troiano", rememoró. Durante los
meses siguientes, resistieron varios desalojos. "En noviembre, el
conflicto tuvo hechos muy violentos, en los campos, con la Guardia Rural al
acecho y los pequeños productores abroquelados, defendiendo sus pertenencias,
sus ranchos, sus gallinas, chivos, y el poco ganado que les queda", dijo
el abogado.
Toda
esa resistencia campesina germinó en un proyecto de ley para suspender los
desalojos durante cinco años, presentada por la diputada Susana García, de la Coalición
Cívica. Obtuvo media sanción en Diputados, justo antes del fin de las sesiones
ordinarias. Con el aval de diputados como Eduardo Toniolli y Leandro Bussato,
del Frente para la Victoria, lograron que el gobernador la girara a
extraordinarias, y así fue como la ley 13.334, que declara la emergencia por
cinco años "en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por
familias campesinas", se sancionó el 28 de diciembre de 2012.
Sin
embargo, la jueza civil de Tostado, Haydé Regonat, decidió no aplicar esa ley,
y siguió ordenando desalojos. "Eso nos obligó a resistir pacíficamente, y
ahí apareció en escena nuevamente García Toriano, instruyendo causas penales
por supuestos atentados y daños contra la autoridad", recordó el abogado.
Sonia Tessa- Rosario12