Penas de 25 años para
carceleros
El
fiscal pidió penas de 25 y 20 años de prisión para los dos imputados y la
querella solicitó cadena perpetua. "El penal era un campo de
exterminio", dijo Suárez Faisal. Los testimonios de los ex presos
apuntaron al "quiebre" psicológico de los detenidos.
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| Foto: Jose Cetour (Santa Fe) |
La
acusación pidió las penas más altas en el juicio por crímenes de lesa humanidad
a los ex comandantes de Gendarmería Adolfo Kushidonchi y Juan Angel Domínguez,
que dirigieron la cárcel de Coronda durante la dictadura. El fiscal Martín
Suárez Faisal solicitó al Tribunal Oral de Santa Fe que condene a Kushidonchi a
25 años de prisión y a Domínguez a 20 años por "tormentos agravados"
a 39 detenidos políticos que le costaron la vida a dos de ellos, Raúl San
Martín y Luis Alberto Hormaeche. Mientras que los abogados querellantes Lucila
Puyol y Guillermo Munné reclamaron la "prisión perpetua" para ambos
represores por la misma figura legal, aunque consideran las muertes de San
Martín y Hormaeche como "homicidios". "El juicio logró probar congrado
de certeza" que el penal de Coronda operó "por orden de los altos
mandos" del II Cuerpo de Ejército como un "verdadero campo de
concentración" por el que pasaron más de mil presos políticos de la zona
Litoral, pero también como "campo de exterminio" de los perseguidos,
planteó Suárez Faisal.
Y
explicó que decía "campo de exterminio" porque Hormaeche y San Martín
"murieron como consecuencia de los tormentos sufridos" en la cárcel,
los dos casos que se investigaron en el proceso. Pero hubo otros muertos
"en iguales circunstancias": Juan Carlos Voisard ("dentro del
penal", que se investiga en otra causa), Daniel Gorosito ("en un
traslado simulado" a Rosario) y Raúl Cominotto ("ahorcado" en la
cárcel de La Plata). Más, "los que "sufrieron y sufren, incluso
después de recobrada la democracia y hasta la actualidad, las consecuencias
físicas y psicológicas del plan de exterminio orquestado por la dictadura en la
cárcel de Coronda", agregó.
"Todas
las víctimas -siguió el fiscal‑ tienen en
común" el mismo suplicio: el secuestro ("fueron privadas ilegalmente
de su libertad por su militancia política, gremial o social") y la tortura
"en centros clandestinos de detención" de Santa Fe, de sus
alrededores ("las llamadas casitas") o de Rosario, donde Kushidonchi
ya operaba en "La Redonda" antes de su "criminal llegada a
Coronda".
Suárez
Faisal recordó dos escalas del terrorismo de estado: el "golpe cívico
militar" del 24 de marzo y lo que llamó el "cénit de violencia,
sometimiento y destrucción humana" cuando la Gendarmería Nacional se hizo
cargo del penal, en agosto de 1976. Los presos políticos "entraron con
nombre propio", pero "pasaron a ser números", asignados a
pabellones especiales (3,5 y 6) y calificados como "recuperables,
difícilmente recuperables e irrecuperables", que eran las categorías de lo
que el Ejército llamó "Operación Pensionistas": un plan de
aniquilamiento de presos políticos que pretendía quebrarlos moral, política y
psicológicamente. Era "un régimen de destrucción física y
psicológica" en el que "todo estaba prohibido", hasta el habla,
señaló el fiscal.
Los
detenidos políticos coexistieron y se articularon con el sistema de
desaparición de personas, no sólo antes de llegar a la cárcel de Coronda, sino
después. "Se ha probado en este juicio que la mayoría de ellos (25 de 39)" dijo Suárez Faisal‑ fueron trasladados a
Santa Fe o a Rosario para ser interrogados" por funcionarios judiciales o
"patotas" "como llamó a los grupos de tareas‑
y "sometidos a apremios, golpes, torturas o vejaciones".
El
método era el mismo. Los sacaban de las celdas, los torturaban en las
"comisarías de Santa Fe, en la 1ª o la 4ª, donde quedaban alojados varios
días hasta que se recuperaran de las heridas". Y cuando volvían a Coronda,
"los médicos dejaban constancia" del regreso con la sigla
"S/N" (sin novedad). Suárez Faisal recordó que uno los detenidos
relató en el juicio que se había quejado ante un médico por las torturas en la
4ª, y éste le contestó: "Te caíste de la cama, pelotudo".
"No
puedo dejar de recordar en este punto el caso de Daniel Gorosito por más que no
sea víctima de esta causa, que según todos los testimonios que escuchamos en
las audiencias, fue sacado de la cárcel de Coronda en octubre de 1976 por
orden" del ex jefe de Policía de Rosario y también comandante de
Gendarmería "Agustín Feced y luego asesinado en un operativo que se
publicitó como un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad", pero fue
una ejecución.
El
fiscal señaló la "comunión ideológica" de Kushidonchi y Domínguez con
el terrorismo de estado. Y mencionó el relato de Sergio Ferrari, quien contó lo
que Kushidonchi les dijo a los detenidos políticos: "Soy un profesional,
cumplo las ordenes como buen militar. Si se me ordenara fusilar a alguien lo haría
sin titubear, pero por supuesto le garantizaría al condenado la posibilidad de
tener asistencia espiritual‑religiosa antes de su
muerte porque soy profundamente cristiano".
Juan Carlos Tizziani- Rosario12