Memoria, Verdad y Justicia en el Norte Santafesino

miércoles, 15 de febrero de 2012

Causa sobre Amenazas

DEMORA
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe ha postergado el inicio del juicio oral en el que se iba a juzgar al ex policía rural y ex PCI José Luis Gil, acusado de amenazar a través de email a diferentes ciudadanos de Reconquista en el año 2009. Dicho juicio oral iba a comenzar el próximo 22 de marzo. Le decisión del Tribunal les fue comunicada a los abogados Iván Bordón y José Zaragoza, en tanto que el Dr. Osvaldo Cirera se ha apartado de la causa por razones de salud. Decisión del Tribunal:
Santa Fe, 13 de febrero de 2012
Por recibido, agréguese y téngase presente. Habiendo renunciado el Dr. Osvaldo Cirera como Abogado del querellante Gabriel Hernández, intímese a este último para que designe un nuevo letrado, bajo apercibimiento de ley. Atento a que el Dr. Roberto López Arango no podrá intervenir en la fecha fijada para el juicio, que asimismo se ha fijado audiencia de debate en los autos caratulados "Martínez Dorr…” Expte. N° 26/10 para el día 1° de marzo del corriente por los motivos que allí se consignan y tomándose en cuenta el actual estado de salud del causante quien a la fecha se encuentra internado tal como se desprende de los informes médicos incorporados precedentemente, suspéndase la realización del juicio fijado para el día 22 de marzo del corriente y hágase saber a las partes.- Notifíquese.
María Ivon Vella Juez de Cámara César Toledo Secretario de Cámara

sábado, 11 de febrero de 2012

La hija y la dignidad

A los que hoy brindarán con champán

Esta carta está dirigida a todos aquellos que hoy brindarán con champán por la inhabilitación de Baltasar Garzón.

A ustedes, que durante años han vertido insultos y mentiras; a ustedes, que por fin hoy han alcanzado su meta, conseguido su trofeo.
A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto.
Nos han tocado, pero no hundido; y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la Justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias; por acuerdos de pasillo.
Una Justicia que respeta a las víctimas, que aplica la ley sin miedo a las represalias. Una Justicia de verdad, en la que me han enseñado a creer desde que nací y que deseo que mi hija, que hoy corretea ajena a todo, conozca y aprenda a querer, a pesar de que ahora haya sido mermada. Un paso atrás que ustedes achacan a Baltasar pero que no es más que el reflejo de su propia condición.
Pero sobre todo, les deseo que este golpe, que ustedes han voceado desde hace años, no se vuelva en contra de nuestra sociedad, por las graves consecuencias que la jurisprudencia sembrada pueda tener.
Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SÍ está tranquila.
Madríd, 9 de febrero de 2012.
María Garzón Molina


(Carta de la hija del juez Garzón, una personalidad en la lucha por lo búsqueda de justicia en delitos de Lesa humanidad reconocido mundialmente, condenado por el Tribunal Supremo español)

lunes, 6 de febrero de 2012

Ex Presos Políticos II

Ex presos políticos piden una pensión

Por Raúl Arcomano- Miradas al Sur
Ex presos políticos de la última dictadura se organizaron para reclamar la sanción de una ley de pensión universal y vitalicia. Hay provincias que ya otorgan una asignación mensual a personas que estuvieron detenidas por razones políticas durante el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Lo que buscan ahora es que esa ayuda se nacionalice. Las entidades calculan que en todo el país habría unas 5.500 víctimas del terrorismo de Estado en condiciones de recibir el beneficio.
El pedido lo encabeza la Asociación Nacional de ex Presos Políticos, que reúne a militantes del interior del país. Tiene referentes en todas las provincias. Hugo Condorí está a cargo de la filial jujeña. Fue fundador y presidente de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma y estuvo detenido entre abril de 1976 y septiembre de 1977. “La dictadura nos cambió la vida. Hay estudios médicos y psicológicos que muestran los estragos –a veces irreversibles– que sufrimos los que vivimos situaciones límites como los campos de concentración, las cárceles, la desaparición de amigos y familiares”.
Condorí explica a Miradas al Sur: “Algunas personas dicen: ‘Ya cobraron’. Es verdad, el Estado nos pagó, pero sólo por los días que estuvimos detenidos. Pero no por lo más importante y grave: las consecuencias de la detención, sobre todo para la salud. Muchos compañeros, además, viven en la pobreza. Pretendemos una pensión que nos permita vivir más dignamente los años que nos quedan de vida. Varios países han atendido este justo derecho.
Por eso la organización busca la “pronta nacionalización del beneficio”. Argumentan que las provincias del NOA y del NEA “no tienen capacidad financiera para esa erogación” y que por ello debería ser el Estado Nacional el que se haga cargo de los pagos. “Decimos pronto por no decir urgente, ya que desde hace más de 30 años las víctimas de la dictadura vienen soportando un síndrome postraumático de consecuencias no sólo para los afectados directos, sino también para sus familias. Hoy la mayoría está impedida de gozar de sus plenos derechos, sufriendo las secuelas de lo que fue el terrorismo de Estado. Por eso es necesario acercar políticas reparatorias integrarles”. Condorí agrega: “El sujeto ‘ex preso político’ constituye una nueva categoría social. Y el reconocimiento material no sólo es un soporte indispensable para su recuperación, sino que también lo reivindica moralmente”.
Sólo Buenos Aires y Mendoza pagan actualmente una pensión vitalicia a ex presos políticos. En el distrito bonaerense, por ejemplo, está vigente la Ley 14.042 que otorga una asignación equivale al 82% móvil del salario categoría A de empleado público. Mendoza sancionó una ley similar el año pasado: desde enero unos 400 ex detenidos de la provincia cobran una pensión mensual de 1900 pesos.
A nivel nacional había varios proyectos para otorgar una jubilación a ex detenidos de la dictadura. El que había recibido más apoyo fue el que presentaron en 2009 los diputados nacionales Guillermo Vargas Aignasse y Gloria Bidegain. En ese entonces fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, pero no logró avanzar en las de Previsión y de Presupuesto y Hacienda. Y perdió estado parlamentario en estos días.
De todos modos, desde la Asociación Nacional de ex Presos Políticos informaron a Miradas al Sur que este mes los diputados nacionales del FpV Juan Carlos Díaz Roig y Remo Carlotto presentarán nuevamente el proyecto en Diputados. “Hay que darle sentido federal y nacionalizar la ley”, concluye Condorí.

jueves, 2 de febrero de 2012

Ex presos políticos

Acuerdo para la reivindicación histórica


La totalidad de los diputados provinciales del Frente para la Victoria, acordaron reimpulsar en los primeros días de febrero un proyecto que el año pasado perdió estado parlamentario: La pensión para ex presos políticos de la provincia de Santa Fe. Un beneficio del que ya gozan ex detenidos políticos en unas diez provincias argentinas. Cada Estado provincial tiene el derecho de arrogarse el monto de esa pensión que rondaría poco más de 1.800 pesos para el caso de esta provincia y que fue, precisamente, uno de los motivos de discordia entre las bancadas de los distintos partidos el año pasado. Y también en su momento generó el rechazo de distintas agrupaciones de ex presos que impulsan la idea pero no acuerdan con los montos. En su momento se aprobó el registro de ex presos políticos que era una de las exigencias del gobierno de Hermes Binner para que avance la iniciativa, sin embargo el proyecto igual encalló en la Legislatura. De todos modos, los cálculos previos indican no más de 500 serían los beneficiarios en condiciones de acceder a esta pensión en Santa Fe.
"Hubo una generación que decidió luchar por una sociedad más justa, y esa lucha a muchos les costó la vida, a otros la cárcel y otros el exilio. En ese marco el Estado tiene la obligación moral de resarcirlos, porque incluso muchos presos políticos perdieron casi diez años de su vida, no pudieron recibirse, tuvieron después dificultades laborales. El proyecto tiene un claro sentido de reparación histórica", dijo a Rosario/12 el diputado del Movimiento Evita Gerardo Rico, protagonista también de esa generación. Junto a este diputado, el proyecto estuvo firmado en su momento por Marcelo Brignone (Nuevo Encuentro), Luis Rubeo (FpV), Oscar Urruty (PPS), Jorge Lagna (PJ) y Antonio Riestra (FPCyS). Todos recuerdan incluso el papel de la ex diputada Mónica Peralta (GEN) que impulsó decididamente la iniciativa en la Comisión de Derechos y Garantías que le dió despacho favorable para frenarse después en la comisión de Hacienda hasta perder estado parlamentario.
Rico reconoce que el proyecto tuvo su principal impulso en las distintas agrupaciones de ex presos políticos de la provincia, y en ese sentido apunta que "tratamos de tomar todas las ideas que hubo y también intentamos dotar al proyecto de todos los informes y opiniones de organismos nacionales y provinciales, también con antecedentes para fortalecerlo". Y agregó que en esa dirección "estuve reunido en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y principalmente en el Programa de Registro de Ex Presos Políticos, del ámbito del Archivo Nacional de la Memoria".
El artículo 1º del proyecto es claro: "Establécese una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, se Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles". Y allí se establecía el monto "equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de pensión vigente conforme a la Ley 5110".
Por su parte, Héctor "Chinche" Medina de la “Asamblea de ex presos políticos 22 de Agosto”, señaló que "la semana que viene nos vamos a reunir con los legisladores. Nosotros impulsamos el tema desde el comienzo, pero tenemos algunas diferencias con las cuestiones que se estuvieron tratando en la anterior Legislatura", dijo a este diario. Para Medina, es importante que "también se incorporen los presos políticos del '55 a esta parte, porque todos fueron objeto de vejámenes por parte del Estado que es el que tiene que resarcirnos". Para Medina es clara la sucesión histórica: "Primero se buscó a los compañeros desaparecidos, después se pidió juicio y castigo por los muertos, ahora es turno que se rescate la figura de los presos políticos porque fue también en base a nuestro testimonio que se logró llegar a las condenas para muchos genocidas", indicó.


Leo Ricciardino (Rosario 12)

miércoles, 1 de febrero de 2012

Brusa y Cía

PREOCUPACION
SANTA FE, Cuna de la Constitución Nacional, Enero 16 de 2012.
    Estimado/a: 
    Horacio Andrés Coutaz, Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, y Daniel Leandro Boccoli, Director Provincial de Programas a cargo del Programa de Protección a Testigos y Querellantes en causas de Lesa Humanidad, nos dirigimos a ud. a efectos de comunicar las siguientes novedades producidas en los autos caratulados “Brusa, Víctor H. y Otros s/ Inf. Art. 144 bis. C.P.”, Expte. No 03/08 (ex 152/07):
En fecha 29 de diciembre de 2011 mediante Resoluciónes N° 347, 348 y 349/11, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe concedió salidas transitorias a Víctor Hermes Brusa, Eduardo Alberto Ramos y María Eva Aevi “para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales (arts. 16 y 17 Ley Nº 24.660, y art. 28, pto. I, inciso B, del Decreto Nº 396/99), las que se llevarán a cabo a partir del día de la fecha, en los domicilios... II.- DISPONER que con relación a la periodicidad y duración de las mismas sean a razón de dos salidas por mes, en forma quincenal, la primera de veinticuatro (24) horas bajo la tutela Alicia Velázquez, D.N.I. 18.242.116 –conforme obra en el acta compromiso de fs. 64- y la segunda por (48) horas, alternadamente, (Art. 28 Pto. I, Inc. “B”, decreto 396/99), todas ellas con traslado a cargo de personal policial y/o del servicio penitenciario.”. En tal sentido informamos que: 1.- En fecha 6 de enero de 2012, habíendose hecho público el otorgamiento del beneficio expresamos nuestra preocupación teniendo en cuanta la integridad psico -física y la seguridad de los testigos. 2.- En fecha 9 de enero del corriente, realizamos presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe solicitando que medidas de este tipo fueran notificadas al Programa de Protección y que se dispongan controles a las salidas transitorias, ofreciendo en dicho escrito el control de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Post penitenciaria. Copia de dicho escrito fue remitida al Sr Fiscal General ante el Tribunal Oral. Y solicitadas medidas al Secretarío de Asuntos Penitenciarios de la Provincia. 3.- Ante nuestro pedido, en fecha 11 de enero el Tribunal resolvió dejar en manos del Poder Ejecutivo Provincial la fijación de medidas de control del cumplimiento de las salidas transitorias, delegando en el Gobierno Provincial la adopción de medidas de contralor. 4.- En tal sentido, y en directa coordinación con el Ministerio de Seguridad se ha dispuesto que el traslado de Víctor Hermes Brusa, Eduardo Alberto Ramos y María Eva Aevi a sus domicilios y el posterior regreso a las Unidades Penales sea realizado por personal del Servicio Penitenciario en el caso de los dos primeros y por la Policía Provincial en el último. Asimismo, que la Dirección Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria realice controles civiles aleatorios en los domicilios pre fijados a efectos de controlar la presencia en el domicilio de los interesados. Del mismo modo, y atendiendo a las particularidades de los condenados y de las circunstancias, se dispuso que las salidas transitorias sean controladas por fuerzas de seguridad provinciales, a través de rondas periódicas aleatorias en los domicilios de Brusa, Aevi y Ramos. Se deja constancia que la presente se adelante vía e- mail. 
    Saludamos a uds. muy atentamente.

martes, 24 de enero de 2012

TUCUMAN

CENSO
Una militante de la solidaridad en busca de sobrevivientes de la masacre
Fue secuestrada muy joven, sufrió el infierno de la tortura apenas con 19 años, pero logró sobrevivir al genocidio de la dictadura militar. Cuando la liberaron, a principios de los 80, Lilian Reynaga comenzó otra lucha para reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, al igual que la mayoría de sus compañeros sobrevivientes, no lo ha conseguido plenamente. Los ex presos políticos sufren, además de las secuelas físicas y psicológicas que les dejó la tortura, el rechazo de la gente que los sigue considerando “delincuentes subversivos”.

Hoy trabaja como radióloga y a la vez continúa militando en política, porque no olvidó sus ideales. Sobre todo el de la solidaridad con las víctimas, con los escasos sobrevivientes y su compromiso con la reconstrucción de la memoria, en busca de justicia. Integra la Federación Nacional de Ex Presos Políticos y lleva adelante un censo, recorriendo en su modesto auto cada rincón de la provincia, para registrar a aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que nunca fueron reconocidos ni ayudados a superar las secuelas.

“Desde que volvió la democracia, en 1983, los ex presos tratamos de reinsertarnos social y laboralmente. De reconstruirnos como personas. Nos ha llevado mucho tiempo, incluso en el ámbito familiar, porque nos quitaron todo: la familia, los bienes, la posibilidad de terminar una carrera. Y con toda esa mochila de lo que significa salir de una cárcel, fue terrible -explicó Reynaga-. A mí me costó. Yo he trabajado en la Juventud Peronista y fui detenida muy chica, a los 19 años. En 1982 volví a la misma zona donde vivía, a trabajar políticamente, a reabrir las unidades básicas. A los que volvimos no siempre nos recibían de la mejor manera. Nuestras familias también sufrieron la discriminación y el castigo moral de parte de la sociedad. Mi pobre vieja, que falleció en 2010, tuvo que irse del barrio Echeverría porque los vecinos la trataban con desprecio y la llamaban la madre de la subversiva. Se mudó a una casita en Villa Mariano Moreno, donde yo fui en 1981 a cumplir mi libertad vigilada en total aislamiento, amenazada y hostigada por los servicios”.
Actualmente la asociación de ex presos realiza un censo de gente que estuvo en la misma condición durante la dictadura.
-Sí. Estuvimos durante meses recorriendo pueblitos del sur de la provincia. Hemos encontrado a testigos potenciales de hechos que seguramente desconocemos todavía. En Santa Lucía, por ejemplo, hay testigos oculares de fosas comunes. Tratamos de convencerlos de la necesidad de dar a conocer estos hechos. Les damos todas las garantías que tienen a través de los programas nacionales de protección y de acompañamiento de los testigos. Hay un cuerpo de psicólogos que está trabajando con nosotros. Avanzamos sabiendo que hay sectores que se oponen a la revisión de los crímenes de lesa humanidad. Nosotros somos las pruebas vivientes del genocidio y la información que podemos proporcionar no la puede dar otra persona. Esta es otra forma de contribución y de entrega que tenemos como militantes del campo popular. Hoy, gracias a las políticas de derechos humanos que ha puesto en marcha el Gobierno, los ex presos podemos cumplir esta misión, que hace 20 años hubiera sido imposible. Así como hubo tantos compañeros que dieron la vida, nosotros estuvimos en la cárcel y ahora podemos contribuir de esta manera.
¿Donde estuvo detenida usted, fue víctima de torturas?
-Yo fui una de las 24 mujeres que estuvimos en la cárcel de Villa Urquiza. Hay una causa que va a ser elevada a juicio, posiblemente este año. Las mujeres la pasábamos muy mal en la cárcel, porque estábamos en manos de las patotas que actuaban entonces al servicio del Estado. Yo he sido violada, en la tortura, con lo que llamaban el "coito eléctrico". Con la picana. A mí me destrozaron, me quemaron. Además de torturarme sicológicamente diciendo que no iba a poder tener hijos. No es fácil hablar de esto, pero lo hago porque ayuda a sanar esas heridas internas. Hoy los organismos de derechos humanos han logrado que la Justicia diferencie ese abuso sexual como un acto aberrante dentro de la tortura, que es motivo de un juicio aparte para los genocidas. Lo sufrimos las mujeres y también algunos hombres. Villa Urquiza fue un campo de concentración "legalizado", donde se practicaron los mismos tratos inhumanos que en los centros clandestinos. Además de torturarnos, nos sometían a simulacros de fusilamiento, e incluso mataron a algunos compañeros. Entre las mujeres, había esclavas sexuales. Por eso Villa Urquiza es una megacausa que se sigue investigando.
¿En Tucumán la represión tuvo características especiales con respecto a otras provincias?
-A diferencia de otras provincias, Tucumán tiene una ínfima cantidad de sobrevivientes -450- en relación con la cantidad de desaparecidos, que fueron unos 3.000. En Santa Fe, en cambio, hay más de 1.200 sobrevivientes y unos 300 desaparecidos. Para colmo, aquí hubo muchos compañeros que murieron al poco tiempo de ser liberados porque habían salido en muy malas condiciones. Algunos todavía se encuentran en estado de mendicidad. Muchos murieron en esas condiciones, en estado de total abandono, cayeron en el alcoholismo o se suicidaron. Los sobrevivientes padecen problemas cardiacos o renales, hipertensión, y otros males que provienen de la cárcel, de la tortura, y de la vida de privaciones que llevaron después. Hace poco se nos murió de un paro cardiaco un compañero, en Famaillá, que estuvo detenido dos años en bases militares. No fue reconocido como preso político, e incluso fue cesanteado de la Municipalidad de Famaillá. Tenía 56 años. En esa misma situación hay alrededor de 35 compañeros en la zona. Viven de changas, sin acceso a la salud, y en viviendas de familiares que los pudieron albergar. La gran mayoría de los detenidos y desaparecidos de Tucumán provienen de sectores campesinos y obreros, de una provincia que ha padecido la pobreza estructural.

FRASE DESTACADA:
“Fuimos luchadores populares. Creímos que era necesario un país mejor. Ideales coincidentes con lo que hoy está viviendo la Argentina. Muchas de nuestras banderas han sido recogidas hoy por el Gobierno nacional. Nos sentimos identificados porque peleábamos por todo eso”.


Publicado el: 20/01/2012 – Primera Fuente -Tucumán

sábado, 21 de enero de 2012

INVITACION RECIBIDA

HOLA TODOS!
Este sábado 21 de enero a partir de las 18 hs los invitamos a participar de la primera jornada
QUE TE QUIERO VERDE "Un encuentro en el río"
ciclo organizado por jóvenes del Puerto Reconquista en el marco del Día Internacional de los Humedales.

La invitación es en el Club Caza y Pesca (Puerto Reconquista) y habrá:
• Caminatas guiadas
• Feria de artesanos
• Proyecciones
• Comidas típicas
• Música en vivo con CHAYA MOLINA y MAJU VEGA
La entrada y el cruce en balsa son gratuitos.
Colectivo desde la Terminal: 18.30 hs / $3.00.-

Los esperamos a todos para disfrutar de la tarde, la música y el verde!
Saludos!

jueves, 19 de enero de 2012

Juicios

LOS PROCESOS ORALES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS QUE YA TIENEN FECHA DE INICIO

Los once juicios que empiezan en 2012


Está previsto el comienzo de juicios orales por delitos de lesa humanidad en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Chubut y Capital. Videla, Bessone y Menéndez, entre los acusados. Se destaca el proceso por la Masacre de Trelew.
(…)
Santa Fe. El 22 de marzo, en tanto, comenzará en Santa Fe el juicio contra el ex policía Juan José Luis Gil, imputado por amenazas y coacciones contra funcionarios judiciales, víctimas y querellantes que intervinieron en una causa por crímenes contra los derechos humanos que se tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista. Gil es un ex integrante de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina durante la represión.
(…)
(“Página 12”, 17/1/12)

martes, 17 de enero de 2012

Goya: IN MEMORIAM

ANIVERSARIO:
SERGIO WALTER “GRINGO” TOMASELLA, EX DIRIGENTE DE LAS LIGAS AGRARIAS.
La Asociación ME.DE.H.S.(MEMORIA DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD) de Goya, rinde un homenaje por este medio a la memoria de Sergio Walter “Gringo” Tomasella en el 12º Aniversario de su fallecimiento ocurrido a los 61 años el 09 de enero del año 2000. El compañero Sergio “Gringo” Tomasella como lo llamábamos fue uno de los principales dirigentes de las Ligas Agrarias de la provincia de Corrientes, que abarcaba la zona tabacalera de Goya y departamentos vecinos como Perugorría, Lavalle. Fue Delegado del Paraje Palmitas Secretario General de las mismas en 1973. Sufrió la cárcel, la tortura y el exilio pero no abdicó de sus convicciones. Su vida fue un ejemplo de coherencia y humildad. Según una crónica de la época: “…cuando subió al estrado a denunciar la tortura que él, su mujer y amigos, sufrieron a manos de la junta militar, no quiso decir el nombre de los soldados que lo torturaron. Prefirió dar los nombres de las empresas nacionales y extranjeras que se beneficiaron de todo eso que la junta trajo consigo: mencionó a Ford Motors, a Philip Morris, a Monsanto. Es la estructura lo que debemos cambiar, dijo, eso es lo que he venido a denunciar, y eso es todo…” Hoy lo recordamos y reivindicamos su lucha por la dignidad de los campesinos y el pueblo y saludamos a su esposa y compañera, Anita Olivo y a sus hijos. Y decimos SERGIO TOMASELLA ¡PRESENTE! ¡AHORA Y SIEMPRE!
Goya, Corrientes, 09 de enero de 2012
COMISIÓN DIRECTIVA DE ME.DE.H.S. GOYA

lunes, 16 de enero de 2012

TESTIMONIO

Trabajó en Fortín Olmos…
Jorge Irarzusta, regreso del exilio para declarar
    El médico Jorge Eugenio Oscar Irazusta, detenido en el 75 en Santa Rosa y exiliado desde la fecha, declaró el pasado lunes 9 de enero en el Juzgado Federal de Santa Rosa, en el marco de la investigación de los crímenes de la dictadura militar en La Pampa, en la denominada causa de la Subzona 1.4 II. Irazusta tiene 68 años y fue uno de los médicos que integraron el Servicio Provincial de Salud en La Pampa durante los años 70 y cayó preso todavía en tiempo del gobierno constitucional. Estuvo detenido en la Colonia Penal del 13 al 21 de noviembre de ese año. El 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe, se exilió en Canadá, dónde aún reside. 
    El Juzgado le tomó declaración a pesar de la feria judicial porque en diciembre se había comunicado con la Fiscalía, manifestando que tenía previsto un viaje y entre el 6 y el 9 de enero estaría disponible para dar su testimonio. El pasado lunes por la mañana declaró en el juzgado de la Avenida Roca, según confirmaron a El Diario fuentes tribunalicias . No estaba aún en la nómina de testigos citados, justamente porque no reside en el país y, junto a otros casos, se analizaba que declarasen por teleconferencia o vía diplomática. El viaje al país y el interés de Irazusta en aportar a la causa, desembocaron en la declaración en el tribunal del juez Pedro Zabala. Es el primer testimonio judicial que ofrece, ya que en las investigaciones anteriores se consideraron los casos de desaparecidos y detenidos con posterioridad al 24 de marzo del ‘76. Varios de los represores pampeanos condenados en el primer juicio habrían participado de su detención. “Lo esperábamos” Una hermana del médico fue desaparecida por los represores en Córdoba. En agosto de 2010, Irazusta ya había viajado junto a su esposa Cecilia Cornejo para asistir al juicio contra el dictador Jorge Rafael Videla en Córdoba. Su hermana, María Eugenia Irazusta, fue torturada y asesinada en la jefatura de Policía de esa capital. Durante su visita a Córdoba, Irazusta fue entrevistado por la página web Prensared. “Que haya juicios es lo más maravilloso que ocurre. Algún día tenía que salir todo este pus afuera y no como dice la Iglesia de que haya amnistía. Eso no soluciona nada, es como decir que acá no ha pasado nada. Acá pasó y mucho y los que no sobrevivieron y los 30 mil que no supimos que infierno tuvieron, dijo en esa oportunidad. “Hacía años que lo esperábamos. No solo militares y policías lo hicieron. El clero, la justicia, los empresarios y otros sectores de poder también participaron. Nada hubiera sido posible si no hubiera habido un interés además de político, económico. No habrá país si esto no sucede. No se puede perdonar a quien no pide perdón”, expresó. Opción por los pobres 
    El caso de Irazusta aparece en el libro “Informe 14”, de Norberto Asquini y Pinky Pumilla, junto al resto de los médicos de ese servicio, que se había formado durante el gobierno de José Aquiles Regazzoli y fue desmantelado por la represión. A comienzos de los 70, Jorge ya era médico y su esposa asistente social. Luego de casarse, emprendieron juntos un camino de militancia social que los llevó sucesivamente a Chancaní; al norte de Santa Fe (Fortín Olmos) y por último a La Pampa. “Nunca participamos en un movimiento político como tal pero tuvimos mucha militancia social. Con Cecilia nos conocimos en los Campamentos Universitarios de Trabajo que nacieron en Mendoza con el cura (José María) Llorens en la época en que una parte de la Iglesia tomó el compromiso con los pobres, este cura jesuita fue el primero en irse a vivir en un barrio con los pobres”, contó en Prensared. Con esa idea, se fueron a vivir a Chancaní (Córdoba), y luego a la zona boscosa de La Forestal argentina. 
 “En esos territorios vivimos y muy asociados a los hermanitos de la Fraternidad Foucauld, comunidad en la que se encontraba el cura irlandés Patrick Rice, gran defensor de los derechos humanos que fue secuestrado y luego preso. Tuvo que irse a Europa pero regresó en 1984. Todos los curas de la cuña boscosa estaban comprometidos con la Teología de la Liberación, muchos fallecieron, otros terminaron en la cárcel y tantos compañeros que trabajamos juntos y muy cercanos con las ligas agrarias y con la organización sindical de los hacheros que por primera vez en la vida vieron un salario familiar porque se lo quedaban los patrones porque no sabían escribir”, afirmó en la página mediterránea. Recordó que durante ese trabajo bajo la consigna “no se firma si no se lee” en 1971 los hacheros recibieron su primer sueldo y ellos participaron de ese hecho. Y que junto a otros compañeros pusieron en marcha un plan de salud que permitió bajar los índices de mortalidad materna con el apoyo de la comunidad y del gobierno de Santa Fe. En esa época había una Guardia Rural que controlaba toda la zona, los “Pumas”, que los vigilaban permanentemente y tuvieron que irse. Irazusta integró el equipo de profesionales que acompañaron al Dr. Rubén D'Urbano en su trabajo sanitarista en esa zona del norte santafesino, con epicentro en Fortín Olmos y el Paraje Km 29. D'Urbano también se exilió en Canadá y falleció en aquel país
"Una locura de Camps"
    Recalaron entonces en La Pampa. Irazusta ingresó al Servicio Provincial de Salud (SPS), y llegó a ser director de Atención Médica del Hospital Lucio Molas. El 13 de noviembre de 1975, cuando se firmó el decreto que autorizó al Ejército a combatir a la llamada “subversión” y las policías provinciales fueron puestas bajo jurisdicción militar, Irazusta resultó preso y puesto a disposición a del Poder Ejecutivo Nacional. El equipo de salud que lo acompañaba terminó encarcelado en la Unidad Penal 4. “Ahí el director nos reunió y nos dijo que mientras estemos a su cuidado no sufriríamos torturas”, relató. 
    Hacia fines de 1974, la pareja recibió una amenaza de la Triple A y les pusieron una custodia policial que los acompañaba al trabajo. “Nos detienen en noviembre acusados de estar preparando un equipo de salud para la guerra que se venía. Una locura de (Ramón) Camps ( jefe de la Subzona 14 hasta diciembre de 1975)”, consignó. En esa oportunidad, reveló que por intervención directa de Albano Harguindeguy y por pedido del padre de Cecilia, un coronel retirado, lo liberaron con la condición de quedar bajo tutela de su suegro. Cuando Irazusta se fue del país, su mujer, Cecilia, permaneció en Salta, su provincia de origen, con sus cuatro hijos. Regresó a Córdoba con sus suegros antes de partir hacia Canadá. Allí también se encontraba su cuñada, hasta que la joven desapareció. Poco después apareció muerta, fusilada en un intento de fuga fraguado por la policía cordobesa. Tenía 28 años y tenía ideas de izquierda.