DDHH EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
Conclusiones y
Propuestas
Los organismos de derechos humanos de la provincia confluimos en la
conformación del Encuentro
Provincial de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. El primer plenario realizado el 24 de agosto concretó vínculos entre los
organismos y espacios de derechos humanos, construyendo una agenda de
propuestas y pedidos al próximo gobierno provincial, partiendo de un análisis
de la situación nacional y provincial.
De la jornada, participaron entidades y nucleamientos
de toda la provincia como el Foro contra
la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, el Espacio Juicio y Castigo
Rosario, el Instituto Venadense de Memoria Verdad y Justicia, Asociación Norte
Amplio por los Derechos Humanos de Reconquista, el Espacio por la Memoria, la
Verdad y la Justicia del Cordón Industrial, el Espacio de la Memoria Rafaela.
También fueron parte del encuentro representantes de Familiares de detenidos y desaparecidos de
Santa Fe, Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario, Asociación de ex
presos políticos de Santa Fe, H.I.J.O.S. regionales Santa Fe y Rosario,
Militancia Para la Victoria, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Documenta
Baigorria, ATE, AMSAFE, SADOP, FESTRAM, ADUL, Movimiento Evita, La Cámpora, Partido Comunista,
Corriente Peronista Descamisados y Arquitectura del Sur colectivo entre otras organizaciones.
Mediante el debate y análisis a lo
largo del día concluimos en las siguientes
definiciones y propuestas:
1-
Situación de los DDHH a nivel nacional y provincial.
Un análisis de la política de derechos humanos a nivel provincial, debe
enmarcarse en una caracterización de las políticas del gobierno de Cambiemos a
partir de diciembre de 2015, como instrumento de sus planes de saqueo y entrega
neoliberal. Desde el encarcelamiento de Milagro Sala y el nombramiento por
decreto de dos integrantes de la Corte Suprema, han venido cercenando todas las
libertades públicas y suprimiendo el Estado de Derecho: derogación por decreto
de la ley de Medios Audiovisuales, intento de reducción de condenas a genocidas
presos con el 2x1, gatillo fácil promovido y encubierto desde las más altas
esferas de gobierno, represiones violentas a las protestas populares con
asesinatos de manifestantes como Santiago
Maldonado, Rafael Nahuel, Rodolfo Orellana y Marcos Soria, encarcelamientos
políticos con causas armadas con extorsiones y jueces sicarios, persecuciones
judiciales y campañas mediáticas con noticias falsas (law fare y fake news),
cierre o persecución a medios de comunicación opositores para imponer la
desinformación y la mentira, espionaje ilegal a los opositores, amenazas,
destituciones y desplazamientos de fiscales, jueces y camaristas.
El avasallamiento del Poder Judicial tuvo su punto
culminante en la expulsión de la Procuradora General de la Nación Alejandra
Gils Carbó, que fue obligada a renunciar hasta con amenazas contra su hija. Fue
reemplazada por un personero del gobierno, que hasta el día de hoy se mantiene
en forma interina, sin el acuerdo legislativo que establece la Constitución
Nacional.
Gradualmente se ha ido imponiendo un Estado con rasgos
cada vez más autoritarios y fascistas, pero con una apariencia de legalidad y
supuesta democracia, relato que es construido a través de un fuerte blindaje
mediático. Estas políticas, desde el primer día, fueron resistidas de manera
frontal por los organismos de Derechos Humanos, por la genuina oposición
política, por los sectores combativos y democráticos del movimiento sindical y
social, y por algunos jueces independientes que se pusieron en el ojo de la
tormenta. Entre ellos se destacan Alejo Ramos Padilla, Luís Carzoglio y el Presidente
de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, quien
se expresó en términos contundentes: “Estoy
hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de
testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que
inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar
condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en
donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas,
con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio
Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante …
Frente al desagrado o la disconformidad con una decisión judicial,
inmediatamente se recurre a la denuncia contra el magistrado y estamos
tramitando procesos de enjuiciamiento en los que son absolutamente cuestiones
de tipo jurisdiccional, inclusive confirmadas por los tribunales superiores”.
Desde las más altas esferas de gobierno nacional se
difundió la versión negacionista del genocidio, de descalificación de los
movimientos de derechos humanos y de regreso no ya a la “teoría de los dos
demonios” de los años 80, sino a la propia “doctrina de seguridad nacional” de
la dictadura. Se reflotó el fantasma del terrorismo para justificar las
políticas de militarización interna y la violencia institucional.
Un gobierno que había hecho de la “seguridad” una
parte sustancial de su discurso de campaña, aumentó drásticamente la pobreza y
la indigencia, así como las condiciones para la potenciación de la violencia
social, con aumentos notorios de los femicidios y travesticidios.
En el plano político, uno de los objetivos
fundamentales que buscó el gobierno de Macri fue el de mancillar la figura de
la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, para encarcelarla al estilo Lula Da Silva y así evitar su posible
regreso al Ejecutivo Nacional. No llegaron a detenerla, pero lograron producir
un desgaste parcial de su imagen pública, a través de operaciones infames que
determinaron su decisión de correrse del lugar de candidata a la presidencia de
la Nación.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, si bien no
aplicó la política represiva ni difundió los mensajes fascistas del gobierno
nacional, tampoco levantó su voz frente a la destrucción sistemática de la
democracia y el Estado de Derecho, y convalidó el ingreso y operación de
Gendarmería y Prefectura en el territorio provincial. Inclusive su actuación
represiva en el conflicto gremial municipal en la ciudad de Las Rosas. Igualmente
protegió a efectivos de la Guardia Rural Los Pumas que actuaron en forma
violenta en el despojo ilegal de tierras a campesinos del norte provincial.
Tomó distancia del discurso negacionista de los 30.000 desaparecidos, siguió
apoyando a los actos del 24 de marzo de
los organismos de derechos humanos y los juicios de lesa humanidad; pero no
combatió la violencia institucional, y destituyó al Defensor Oficial Gabriel Ganón, que venía desplegando
una política activa contra la tortura y el asesinato por gatillo fácil de
jóvenes de los sectores más vulnerables. Al día de hoy, aun no contamos con una
ley provincial para implementar el comité local contra la tortura, pese a la
vigencia desde hace varios años del Protocolo Internacional. Tampoco rechazó la
introducción de las nefastas pistolas TASER en la provincia por las fuerzas
federales, y el ministro de seguridad Maximiliano
Pullaro expresó su interés por su incorporación al armamento de la policía
provincial.
Hoy, la posibilidad cierta de un cambio de gobierno
nacional abre la perspectiva de recuperar derechos fundamentales, y de retomar
el rumbo de construcción de una sociedad con mayor justicia social, sin presos
políticos ni fuerzas de seguridad que torturen y asesinen por la espalda a
nuestros jóvenes. De ahí la necesidad de una agenda de Derechos Humanos a nivel
provincial, vinculada al plano nacional, que revierta el retroceso ocurrido a
partir del 10 de diciembre de 2015. Derechos de hoy, que son inseparables de la
construcción de memoria, verdad y justicia como tarea permanente del Estado en
articulación con los organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales
y sociales. Memoria sobre el Terrorismo de Estado y el genocidio, y la
reivindicación de la lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que
resistieron a la dictadura. Verdad sobre todo lo que sucedió. Justicia que siga
llevando los genocidas a la cárcel, que continúe con la restitución de las
identidades de los hijos de desaparecidos apropiados por la dictadura, y que devuelva
los restos de los desaparecidos a sus familias.
El simple paso del tiempo, lejos está de volver
obsoletas o innecesarias las Políticas de Estado en Derechos Humanos. Muy por
el contrario, es necesario puntualizar algunas cuestiones fundamentales:
1--Los juicios de lesa
humanidad distan mucho de haber concluido, no solo por aquellos que aún están
en Instrucción, sino porque de los testimonios de cada uno, surgen nuevos
elementos para otros juicios. Además, quedan muchas identidades para restituir
y restos de desaparecidos por devolver.
2--La construcción de
memoria en un país que sufrió un genocidio es una tarea permanente para que no
vuelva a repetirse, y debe hacer consciente de lo que ocurrió y por qué causas,
a cada una de las nuevas generaciones.
3-- Resulta fundamental
promover la vigencia actual de los derechos humanos, tanto en el terreno
social, laboral, en el accionar de las fuerzas de seguridad y en la cultura y
la educación. Al respecto consideramos que eso solo es posible en una sociedad
más justa, lo cual implica niveles crecientes de Igualdad, que es un concepto
central de los derechos Humanos.
2.
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
Coincidimos en la importancia de la articulación entre
los organismos de derechos humanos y el área específica del gobierno al que le
compete la responsabilidad en el tema. De hecho, en distintas localidades se
han logrado avances importantes a través de esta interacción, y también existen
situaciones conflictivas.
A partir de la gestión del gobernador Hermes Binner,
la Secretaría de Derechos Humanos pierde su anterior rango ministerial (había
sido elevada a Secretaría de Estado), con lo cual deja de tener presupuesto y
fondos propios, pasando a depender del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Al respecto se observa una pérdida progresiva de personal, ya sea por
jubilaciones o por traslados a otras dependencias, estimándose esta reducción
en un 50% de lo que era originalmente, lo que implicó un verdadero ajuste y
vaciamiento de políticas públicas fundamentales. En la última gestión no se
llegó siquiera a designar Director/a de Memoria, y de hecho la posibilidad de
formación de una Comisión Provincial por la Memoria, como tiene por ejemplo la
provincia de Buenos Aires, siguió en la penumbra.
El Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos
y Querellantes (Decreto 1927/2008), que había logrado capacitar en forma
adecuada a un importante grupo de jóvenes policías, que debían reunir
condiciones muy estrictas para su ingreso a ese cuerpo, tuvo una ampliación de
su funcionalidad hacia otras áreas, en particular la de Trata. Es así que se
fusionaron con agentes que no tenían la misma formación, lo cual diluye su
perfil específico con fuerte riesgo de perderse el importante rol que venían
cumpliendo. También hay carencia de personal de salud, debiéndose compartir los
de otras áreas del Estado Provincial.
En la ciudad de Santa Fe, la Dirección General de
Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad, que viene
realizando una tarea indispensable en los juicios, ya no cuenta con la
participación de abogados en su estructura funcional.
La escasez de personal atrasa considerablemente un
conjunto de tareas esenciales para la conservación y la puesta a disposición
pública de documentación esencial para los juicios y para la construcción de
memoria. Se dilata la digitalización de los archivos en papel, y no se avanza
en la puesta en la red de las grabaciones de las sesiones de los juicios de
lesa humanidad. A su vez, la ausencia de presupuesto propio dificulta la
construcción de los espacios de memoria.
Por otra parte, la existencia de oficinas de la
Secretaría sólo en las ciudades de Santa Fe y Rosario, limita considerablemente
la posibilidad de actuación en la mayor parte de nuestro extenso territorio
provincial.
Frente a esta situación, formulamos algunas propuestas
que apunten a mejorar el actual estado de cosas.
1--Recuperación de la
Secretaría de Derechos Humanos de su anterior rango ministerial, con recursos
propios y autonomía administrativa.
2--Recomposición de la
planta de personal para garantizar diversas tareas tales como las de
investigación, digitalización, preservación y puesta a disposición pública del
archivo provincial de la memoria.
3--Fortalecimiento del Programa
de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes con funciones
específicas de sus agentes policiales con formación especial y personal propio
en el área de salud
4--Emplazamiento de centros
regionales en las
cabeceras de departamento, con abogados o personal idóneo y comprometido
en Derechos Humanos y material de apoyo a tareas educativas.
5--Disposición de un
mecanismo de articulación permanente de la Secretaría con el Encuentro Provincial de
Derechos Humanos que hemos constituido.
3.
Juicios de Lesa Humanidad en la provincia
En general se destaca la continuidad de los mismos,
tanto en Santa Fe como en Rosario, aun en el actual estado de retroceso que se
ha venido operando desde el plano nacional. Se destaca al respecto que en ambos
juzgados aún quedan varios juicios por realizar, señalándose a su vez el
cansancio de muchos testigos que se ven obligados a repetir sus testimonios en
diversos juicios.
Luego del fracaso del gobierno nacional en su intento
de reducir condenas a través del 2x1, los juzgados están otorgando prisiones
domiciliarias en forma prácticamente indiscriminada.
Las querellas siguen o han pasado a estar a cargo
exclusivo de los organismos de derechos humanos, ya que la Secretaría de
Derechos Humanos de Nación retiró los abogados que actuaban en la provincia, y
el gobierno provincial no concretó su anuncio de constituirse en querellante,
como sucede en otras provincias.
En la ciudad de Santa Fe resulta preocupante el
accionar de hostigamiento contra testigos, querellantes, periodistas y
fiscalía, por parte de un grupo fascista, vinculado a ex represores, el que a
su vez realiza propaganda con contenidos de apología del terrorismo de estado.
En
el norte de Santa Fe ha sido muy grave la persecución, detención y torturas a IVAN
BORDÓN, abogado defensor de derechos humanos y de campesinos. Acciones
realizadas por la policía provincial con la complicidad del poder judicial, que
le abrió varias causas. Mientras estuvo detenido los terratenientes desalojaron
a los campesinos y se apropiaron de dos campos, lo cual revela el objetivo de
la persecución. Estos hechos no tuvieron
una respuesta y protección adecuadas por parte de la Secretaría de Derechos
Humanos, y menos aún por el Ministerio de Seguridad, que no realizó acción
alguna contra los efectivos involucrados.
Frente a la situación, se acuerda:
1--Profundizar las
denuncias de las prisiones domiciliarias indiscriminadas y los reclamos a
Juzgados y Fiscalías.
2--Reclamar al gobierno
provincial que concrete su anuncio de constituirse en querellante en los
juicios de lesa humanidad.
3--Visibilizar y reclamar
acciones concretas al gobierno provincial en defensa del abogado defensor de
derechos humanos Iván Bordón.
4--Denunciar el accionar
de los grupos pro genocidas ante el Poder Judicial.
5--Promover convenios con
Universidades y Colegios de Abogados para fortalecer los juicios y acercar
profesionales, pensando estrategias a largo plazo.
4)
Sitios y Espacios de Memoria
Para la construcción de memoria y la educación en
derechos humanos, resulta fundamental la preservación de los lugares donde se
cometieron violaciones a los derechos humanos, tales como Centros Clandestinos
de Detención (CCD) como lugares de enterramientos clandestinos. Su señalización
con los carteles de las tres columnas de Memoria, Verdad y Justicia, los convierte
en Sitios de Memoria, y su disposición como lugar de visitas, con material
audiovisual, los transforma en Espacios de Memoria. En la provincia de Santa Fe
se han registrado 21 Sitios de Memoria[1], dos Espacios de Memoria habilitados (Museo de la Memoria de Rosario,
ex Comando Cuerpo de Ejército II. Rosario y Espacio para la Memoria ex-CCD
“Servicio de Informaciones”. Rosario), dos en construcción (Quinta de Funes.
Funes, Ex Comisaría Cuarta. Santa Fe), un predio donado sin avances (Espacio
para la Memoria ex-CCD “La Calamita”- Granadero Baigorria) y un anteproyecto
(Espacio de Memoria Campo San Pedro. Dto. Campo Andino).
Respecto a los proyectos en desarrollo en el área de
Rosario, señalamos la
existencia de obstáculos para la articulación de los organismos de derechos
humanos con la Secretaría de Derechos Humanos. También hay dificultades en el
Espacio Comisaría Cuarta de Santa Fe, aunque en la misma se logró la
integración de los organismos y de una representación sindical en la Comisión
Participativa. En el desarrollo del anteproyecto para el Campo San Pedro, se
viene logrando una coordinación muy favorable entre el Foro contra la Impunidad
y por la Justicia, la Secretaría y el EAAF, lográndose el apoyo por unanimidad
de ambas cámaras legislativas para que el predio no sea devuelto al Ejército y
se convierta en un Espacio de Memoria, con una Escuela de Antropología Forense
y un lugar de búsqueda permanente de desaparecidos.
La Comisaría Cuarta de Santa Fe, si bien fue declarada
Sitio de Memoria el 20 de marzo de 2013, dos años después el gobierno
provincial realizó importantes reformas edilicias que alteraron su antigua
estructura. De esta manera se incumplió con el Decreto 481/2013, que
expresamente establecía la obligación de “… garantizar
la preservación de los lugares que funcionaron como Sitios y el recupero y la
transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el terrorismo de
Estado”.
Para
seguir avanzando en esta temática, se propone:
1--Exigir se retrotraiga
lo modificado en la Ex Comisaría Cuarta de Santa Fe, invocando lo que la Ley
establece acerca de su preservación, y además de su función como Espacio de
Memoria, sigue siendo un lugar de inspección judicial para los Juicios de Lesa Humanidad.
2--Reclamar presupuesto y
espacios de participación centrales a los organismos de Derechos Humanos para
la construcción de los nuevos espacios de memoria.
3--Revisar el encuadre donde se encuentra la
información sobre sitios y espacios de memoria, actualmente en Turismo
Municipal de Rosario.
5.
Violencia Institucional
La violencia institucional se caracteriza por ser un
fenómeno extendido y sistemático, que sobre todo se ejerce hacia los sectores
populares. No se realiza una buena
investigación sobre los casos, y normalmente se instala la “versión” policial,
ya que es la policía la que supuestamente investiga.
Por otra parte, por parte de ciertos medios de
comunicación se promueve un proceso de legitimación ante la sociedad. Esto se
suma a una negación por parte del Estado de los casos, lo cual hace necesario
contar con registros, además de políticas de prevención y control.
Los Derechos Humanos figuran formalmente en los
contenidos curriculares de las dos escuelas de policía (Instituto de Seguridad Pública) que existen en Santa Fe
y Rosario, pero su enseñanza efectiva resulta muy dudosa, lo cual se refleja en
la cantidad de agentes que estigmatizan, discriminan, hostigan y torturan a
jóvenes de los sectores más humildes. La denuncia realizada por los compañeros
de Reconquista, que está claramente documentada, da cuenta de una
“marcha-trote” militarizado de policías que coreaban: “Infantes, Infantes, hombres de combate, venimos a luchar y a morir aquí
también”, quienes así se expresaban al finalizar un “curso” impartido por
Gendarmería en la Base Aérea Militar.
Frente a esta
situación se propone:
1-- Reclamar que sea el
Ministerio Público Fiscal el que realice las investigaciones en estos casos.
2-- Impulsar en la
Legislatura Provincial la creación del Comité contra la Tortura.
3-- Trabajar en el plano de
la prevención, sobre todo en la formación de las Fuerzas de Seguridad.
4-- En la construcción del
sentido común de la sociedad, fortalecer el eje “Más trabajo-más educación”,
para superar la dicotomía Derechos Humanos-“mano dura”. Analizar las producciones de la cátedra
Delito y Sociedad -UNL.
5-- Promover la creación de
un centro de denuncias y registros de casos para este tipo de delitos, dentro
de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, así como el involucramiento
de la propia Secretaría como querellante.
6-- Ratificar el rechazo a
la utilización de las pistolas TASER por las fuerzas de seguridad.
6-
Educación y Derechos Humanos
Para avanzar hacia una sociedad más justa es
fundamental la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles y
modalidades educativas. Esa enseñanza debe abordarse desde una doble perspectiva:
dentro de la historia reciente como proceso constructivo de memoria, verdad y
justicia, y como problemáticas actuales a abordar en las aulas.
Los contenidos en materia de derechos humanos están
presentes en los diseños curriculares de la Provincia de Santa Fe, aunque está
pendiente la reforma curricular en el nivel Inicial, Primario y Especial. Si
bien existen programas y acciones en la enseñanza de estos contenidos, hay
también dificultades en la implementación, dependiendo en gran parte de la
voluntad de los/las responsables de cada establecimiento educativo.
Resulta necesario que el Estado asuma como política
pública la educación en Derechos humanos porque no se puede concebir una
sociedad democrática, inclusiva y pluricultural, sino es educando desde esta
perspectiva, tanto en la enseñanza estatal como en la privada.
Pensar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia
implica abordarlas desde un presente complejo, desde la historia reciente y
problemáticas actuales, como educación sexual integral, género, violencia
institucional, trabajo decente, erradicación del trabajo infantil, entre otras.
Puntualmente proponemos algunas líneas de acción para avanzar en este aspecto
esencial de la educación:
1--
Reclamar que los
Derechos Humanos sean incluidos como asignatura en la currícula de los
distintos niveles educativos.
2-- Fortalecer el Programa
Nacional de Educación y Memoria, en tanto espacio que se dedicó a la formación
de referentes provinciales y docentes de todo el país, se encargó de la
producción y distribución de materiales referidos a los derechos humanos y al
financiamiento de los programas de derechos humanos a nivel provincial.
3-- Abordar iniciativas
vinculadas al reconocimiento y el acercamiento de las escuelas a los sitios de
memoria y desarrollar un programa en el que las escuelas asistan a los juicios
de lesa humanidad. Para esto se requiere contar con un mapa de los Sitios de Memoria,
como material didáctico y de difusión, además de otros que se distribuyan desde
el Ministerio a los establecimientos educativos.
4-- Proponer que los
institutos formadores tengan Espacios de reflexión sobre el abordaje de
temáticas vinculadas a los DDHH, en articulación con iniciativas de los
organismos de Derechos Humanos y producción local de material didáctico.
Santa
Fe, 24 de agosto de 2019
Foro contra la Impunidad y por la Justicia - Santa Fe
Espacio Juicio y Castigo - Rosario
Instituto Venadense de Memoria Verdad y Justicia
Asociación
Norte Amplio por los Derechos Humanos - Reconquista
Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del
Cordón Industrial
Espacio de la Memoria Rafaela
