Corrientes:
Señalan al ex dueño de Las Marías por la represión en la empresa
yerbatera
La dos causas
que van a juicio oral por el secuestro y desaparición de delegados sindicales
excluyen al poderoso empresario correntino
Adolfo
Navajas Artaza fue sobreseído en 2008 por la desaparición de uno de los
trabajadores del establecimiento. La medida es cuestionada porque se dispuso de
manera irregular. No se descarta una nueva citación a indagatoria.
El brazo de la justicia está llegando a la pequeña
localidad de Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes, donde un grupo
de trabajadores del Establecimiento Las Marías, la conocida firma
productora de la yerba Taragüí, fue
secuestrado, detenido, desaparecido y asesinado durante la última dictadura.
Las causas judiciales, que están fragmentadas y sólo tienen imputados a unos
pocos militares, están por ser elevadas a juicio oral, pero dejaron de lado al
poder económico, la poderosa familia propietaria de la empresa, ya que quien
fuera el dueño de Las Marías, Adolfo
Navajas Artaza, fue sobreseído en 2008 apenas un día después de ser llamado
a indagatoria la causa que investigaba los hechos. Así y todo, fuentes
judiciales coinciden en señalar que a medida que se sigan sumando pruebas, el
ahora retirado empresario podría volver a ser convocado.
Desde que los guaraníes dejaron de correr libres por el litoral, todo funcionó
siempre bajo las órdenes de la familia Navajas, históricos dueños de las
tierras, las propiedades y las vidas de los habitantes de Corrientes, una
provincia que nació y vivió atada al poder de los herederos del Establecimiento Las Marías, hasta que a
los obreros de la yerba se les ocurrió organizarse. Durante los años ’70
nacieron dos sindicatos, uno de trabajadores rurales, que realizaban tareas en
el campo, y otro de trabajadores de la industria de la alimentación, que
elaboraban el té y la yerba. Ambos gremios lograron poner un freno al poder
omnímodo del patrón. Pero les costó caro.
Fue Marcelo Acuña, un paisano de
Virasoro, quien fundó el Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) en 1973 y organizó
un pequeño porcentaje de trabajadores que elaboraban la yerba y el té. Sin
embargo, los que se desempeñaban en el campo seguían desprotegidos, por lo que
Acuña ayudó a su amigo, Ramón Aguirre,
a organizarlos también, y así, en 1974 nació el gremio hermano, la Federación de Trabajadores Rurales y
Estibadores (FATRE). Ambos quedaron como secretarios generales de las
flamantes organizaciones gremiales, hasta que llegó el golpe de Estado de 1976
y los dos, más el tesorero del STIA, Pablo
Franco, fueron los primeros detenidos por la intervención militar que llegó
al pequeño pueblo, bajo el mando del teniente Carlos Sacco. La misma suerte
correrían más tarde los delegados de base de los yerbatales, Neris Pérez, Marcelo Peralta, a quien
asesinaron, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Álvez,
todos trabajadores de Las Marías y de
sus empresas arrendatarias.
Así lo cuenta el propio Aguirre, exiliado en Bélgica desde que los militares le
otorgaron una suerte de libertad vigilada en 1982. "La historia del movimiento sindical de Virasoro es poco conocida y
apasionante. A partir del trabajo militante de Marcelo Acuña comienza la
historia de un sindicalismo nuevo de la alimentación. Marcelo también impulsa
el de trabajadores rurales, ya que solos no iban a poder avanzar mucho. Los
trabajadores de la industria tenían un salario fijo mensual, y jornadas de
trabajo de ocho horas, cumplían horario y se volvían, estaba legislado. Pero el
porcentaje más alto trabajaba a destajo en la cosecha y las canalizaciones, nos
pagaban por kilo de té o yerba, el salario dependía de la cantidad de kilos que
hacías, entonces se llevaba a toda la familia para hacer un poco más de kilos,
las estadísticas mostraban como haraganes a los que no llevaban a su familia y
hacían menos, pero eran promedios falsos. También reclamábamos ropa de trabajo,
transporte, provisión de agua, atención médica, porque había veces que nos
trasladaban a 15 kilómetros y no había nada donde guarecerse, si llovía nos
mojábamos, por eso pedíamos carpas, botas, impermeables", recuerda
Aguirre.
Cuando llegó la intervención a Virasoro, los militares no conocían a nadie en
el pueblo. Pero tuvieron una buena acogida y armaron campamento en los
campos del Establecimiento Las Marías. La intervención militar también entró
a la fábrica con anuencia de los dueños. Allí, a pocos días del golpe, Navajas Artaza llamó a una especie de
asamblea donde le dio la palabra al interventor del pueblo, el teniente Carlos Sacco quien, ante la escucha
atenta de todos los trabajadores, anunció en tono castrense que a partir de ese
día ya no se iban a poder realizar más actividades sindicales. Desde entonces,
la suerte de los obreros organizados cambió.
"Nos detienen a los tres
sindicalistas más visibles, Marcelo Acuña, Pablo Franco y a mí el 10 de abril
del '76. Cuando nos levantaron estábamos en casa con Pablo Franco jugando a las
cartas, primero me llevan a mí y lo van a buscar después a él. Pablo se acababa
de casar, no se escondió porque no pensó que venía tan en serio la cosa, vivíamos
en el pueblo y todo el mundo nos conocía, a todos nos fueron a buscar a nuestra
casa, nadie se escondió, en un pueblo pequeño no hay esa imagen de la represión
de las grandes ciudades, no estaba en nuestros planes que iban a hacer lo que
hicieron. Pensábamos sólo en que nos metían presos y nos largaban de vuelta, no
estábamos alertados, no había experiencia de represión al movimiento sindical.
Hasta ese momento sólo había enfrentamiento con la empresa que tomaba
represalias con los trabajadores, pero nunca tuvo que ver con que el Estado
formara parte de la represión, sino que se daba todo dentro de una relación
laboral", explica Aguirre.
"Nos detienen a los tres
sindicalistas más visibles, Marcelo Acuña, Pablo Franco y a mí el 10 de abril
del '76. Nos tienen secuestrados en Virasoro hasta finales de mayo hasta que
nos llevan a Santo Tomé, ahí me dejaron con ellos hasta febrero del '77, luego
me llevaron a Chaco a la Brigada de Investigaciones y de ahí a Corrientes hasta
mayo del '78. Luego me trasladan a la U7 de Chaco unidad penal de Resistencia,
una cárcel de máxima seguridad. Luego me llevaron a la cárcel de La Plata.
Cuando llegaron los juicios pude atestiguar en la causa del centro clandestino
del Regimiento 9 de Corrientes en la que fueron condenados varios militares, y
un gendarme."
Acuña, Aguirre y Franco fueron las
primeras tres víctimas de la represión en Virasoro. La segunda tanda de
secuestros llegó un año después, cuando se llevaron al dirigente rural Neris Pérez. Es por eso que las causas
judiciales que investigan la represión en Gobernador Virasoro son dos. Ambas
finalizaron la etapa de instrucción y están por ser elevadas a juicio oral en
el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
Una es la "Investigación de delitos
de Lesa Humanidad-Víctima Ramón Aguirre y otros", que lleva el número
de expediente 746/10, en la que están imputados el ex teniente Carlos Sacco, Duilio Martínez y Llamil
Reston. Como querellante se presentó la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación y en 2007 se requirió la instrucción de la causa por la comisión de
los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos psíquicos y físicos
en perjuicio de Ramón Aguirre, integrante del sindicato de trabajadores rurales
de Gobernador Virasoro. Por ahora se encuentra en etapa de elevación a juicio.
La segunda causa es por la desaparición de Neris
Victoriano Pérez, quien fue secuestrado el 2 de junio de 1977, que
permanece desaparecido. Era tractorista del establecimiento Yerbatero Las Marías, y dirigente de
FATRE. Ante la fiscalía Federal de Corrientes se presentó su hijo, Jorge Catalino Pérez, quien denunció el
secuestro de su padre. En el expediente 857/12 que investiga su secuestro y
desaparición están imputados los represores Duilio Martínez, Llamil Reston y Héctor Torres Queirel. Toda la
causa es por esta sola víctima, y los querellantes son su hijo y la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación. El fiscal presentó el requerimiento de
elevación a juicio oral el 17 de febrero de 2012. Todavía se encuentra en etapa
de citación a juicio. Esta fue la causa en la que el fiscal de instrucción de
Paso de los Libres, Benito Pont, había pedido en 2008 la citación a indagatoria
de Navajas Artaza. Sin embargo, apenas un día después, el juez Víctor Alonso
dictó su sobreseimiento sin siquiera tomarle declaración. Si bien Pont se quejó
ante la Cámara, el fiscal rechazó el recurso de apelación que planteaba la
nulidad del sobreseimiento. Según la lógica judicial, y también según el
sentido común, para sobreseer a alguien primero se lo debe indagar, y además
evaluar la prueba. Casi toda la resolución del sobreseimiento es una
descripción de la prueba, y sólo en un punto trata la situación de
Navajas Artaza, lo que ocupa apenas dos carillas, se fundamenta porque no hay
prueba suficiente y porque hay que sobreseerlo. Según fuentes judiciales, esta
valoración "es por lo menos floja y apresurada". "No es nada
habitual que se dicte un sobreseimiento al día siguiente de que un fiscal pida
la indagatoria de una persona. El pedido de indagatoria implica que para el
fiscal hay pruebas de que una persona cometió un delito. El sobreseimiento, por
el contrario, cierra definitivamente la posibilidad de juzgar a una persona por
el hecho imputado y requiere que el juez tenga plena certeza de que esa persona
no intervino en el delito. El pedido de indagatoria y el sobreseimiento son dos
valoraciones totalmente opuestas y por eso es muy raro que un sobreseimiento se
dicte al día siguiente de que un fiscal pide la indagatoria", evaluaron.
Sin embargo, al igual que sucede con la justicia de Jujuy y Mendoza, donde el
poder económico local tiene amplias vinculaciones con el sistema judicial, en
Corrientes, los Navajas Artaza lograron, además de un acelerado sobreseimiento,
que 13 jueces y conjueces se excusaran de juzgar los delitos de lesa humanidad
cometidos en su pueblo. Ante la consulta de este diario a representantes del Establecimiento Las Marías en relación a
los delitos de lesa humanidad que lo señalan a Navajas Artaza, lo único que
argumentaron es que "Adolfo Navajas
Artaza se ha jubilado y retirado hace diez años, lapso durante el cual no ha
tenido ninguna función de ninguna índole en la empresa".
Si bien los hechos y los protagonistas de esta historia escondida en el litoral
se parecen mucho a la forma que tomó la represión en Jujuy, donde una empresa
como Ledesma, aportó la infraestructura para la represión de los obreros y su
dueño, Pedro Blaquier, logró, por lo menos hasta ahora, esquivar a la justicia,
representantes de organismos de Derechos Humanos de Virasoro siguen en lucha
contra la impunidad. Hilda Presman,
de la Red Provincial de Derechos Humanos,
explicó que "esta causa no tuvo el
impulso de otras. Hay mucha debilidad de un lado y mucha fuerza del otro con 13
jueces inhibidos, y sólo se avanzó sobre la responsabilidad militar. Aquí hay
gente muy humilde, trabajadores rurales, y es muy difícil que puedan hacer un
seguimiento.
"Toda la represión de Gobernador Virasoro está vinculada a los 'agitadores
sociales', activistas gremiales que molestaban. No hay otro tipo de víctimas,
ni docentes, ni estudiantes, ni trabajadores de otro rubro, la única represión
organizada y sistemática es contra los delegados que cuestionaban el manejo de
las formas de trabajo y de explotación del Establecimiento Las Marías",
definió Presman.
Sin embargo, no está dicha la última palabra. Según Pablo Parenti, de la Unidad
Fiscal de Seguimiento de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, "el sobreseimiento de una persona por un
hecho no impide que se la juzgue por otros hechos. En este sentido, no hay un
impedimento procesal. Simplemente debe evaluarse si existen pruebas o no para
formular otras imputaciones". Asimismo, desde este organismo
adelantaron la posibilidad de pedir la unificación de todas las causas de lesa
humanidad, por lo que de esta forma, se revertiría la fragmentación, estrategia
propia de un sistema judicial dependiente del poder económico vinculado al
terrorismo de Estado en Argentina.
Despertar de la siesta
Noemí Acuña es la hija de Marcelo Acuña,
líder sindical de los trabajadores de la industria de Gobernador Virasoro,
trabajador de Las Marías, productor de la yerba y el té Taragüí. Su padre estuvo secuestrado cuatro años durante la
dictadura. Ella y los ex compañeros de militancia y trabajo señalan al hombre
poderoso de la provincia y dueño de la empresa yerbatera, Adolfo Navajas
Artaza, como responsable de la represión ilegal en el pequeño pueblo
litoraleño.
–¿Cómo se vivió la represión en Gobernador Virasoro?
–La intervención militar llega enseguida a Virasoro e instalan el campamento en
los terrenos del establecimiento Las Marías, cerca del cementerio privado de
los Navajas Artaza, y desde allí operaban. El involucramiento de Navajas Artaza
en la colaboración para la detención y desaparición de trabajadores organizados
es claro. El Estado, a través de la justicia, no tomó como cierta esta denuncia
que hacemos, sabemos cómo han actuado los jueces en ese tiempo, lo
cómplices que han sido para armar causas por robo de gallinas y poder detener a
los secretarios generales del sindicato. Todavía hay una deuda muy fuerte con
los trabajadores organizados de Gobernador Virasoro.
–¿Qué estaba haciendo tu papá el día en que lo detienen?
–Cuando lo mandan a detener, ese día Navajas Artaza estaba de jarana en el
establecimiento de Las Marías y da la orden de detención. Pero cometen el error
de usar al personal policial de Virasoro. Lo van a buscar a las 6 de la tarde,
estábamos tomando mate en casa, y los policías del pueblo lo conocían a papá, y
no les quedó más remedio que blanquear su detención porque al rato fuimos a
llevarle abrigo con mi hermana y no pudieron desaparecerlo. El odio fuerte de
Navajas Artaza era con Franco y mi papá, porque allí no existió nunca
organización gremial y se han tenido que comer un par de paros que él nunca les
perdonó. Nunca les perdonaron a los trabajadores que tuvieran poder. Ellos
estaban acostumbrados a hacer lo que querían, tenían sus propias leyes. El
accionar de los militares en un pueblo chico como Gobernador Virasoro, donde
está emplazada semejante empresa, es por pedido, no fue casual, llegaron ahí
por los trabajadores organizados que fueron los que modificaron el poder
absoluto que tenía Navajas Artaza sobre la vida de todos. La promoción de cada
familia dependía de Navajas Artaza, según como él quería, porque incluso
definía los planes de vivienda en el pueblo.
–¿Qué recuerdo hay de la represión ahora en el pueblo?
–Nunca se habló de esto porque fue muy silenciado. Yo siempre quise empezar a
contar las cosas pero papá no tenía mucha gana porque no quería exponerse.
Recién en 2005 se logró hacer el primer acto del 24 de marzo en Gobernador
Virasoro. En ese momento Pablo Vasel era el secretario de Derechos Humanos en
Corrientes y saca una resolución que dice que todos los 24 de marzo hay que
hacer un homenaje a los 30 mil desparecidos. Fue entonces cuando, junto con los
hijos de Neris Pérez y otros familiares pudimos hablar. Papá tomó la palabra,
contó que ahí también sucedió la represión y que es necesario marcar a los
responsables e ideólogos, y de empezar a borrar ese silencio profundo de mucho
tiempo. Recién entonces Gobernador Virasoro se despertó de la siesta.
Por: Gimena Fuertes (de Tiempo Argentino)
