Una trama de poder
para adueñarse
Dos
familias del norte santafesino cuyos campos llevaban años en el ojo de una
tormenta judicial, fueron desalojadas tras la violenta detención de su abogado
defensor, Ivan Bordón quien fue
acusado de formar parte de una asociación ilícita para quedarse con campos
ajenos. Ahora, en libertad, el letrado no solo denuncia las vejaciones y
torturas a las que fue sometido sino que señala a los responsables “el senador Joaquín Gramajo es el verdadero responsable, es el que genera las condiciones de impunidad,
articulando con el poder judicial para que sectores económicos, donde hay
varios empresarios y abogados, gente inescrupulosa, vayan avanzando y logrando
los desalojos a pesar de que existe una ley que protege a estas familias”.
El legislador, cabe recordar, es el presidente de la Comisión de Acuerdos de la
Cámara Alta, que debe tratar los pliegos de ascensos judiciales.
Ivan
Bordón fue detenido en Tostado el miércoles 25 de Julio de 2018. Es el abogado
defensor de la familia Clavero, que estaba siendo allanada por orden judicial
en busca de una supuesta arma en una causa que despertó sospechas. “Llegue cuando la policía estaba dentro de la
propiedad, y solo me explicaron que buscaban un arma, por lo que solo pretendía
controlar la medida judicial, porque los propietarios estaban afuera de la
casa, y no podían ver nada de lo que hacían los efectivos” relató a
Rosario/12 Bordón.
Las
sospechas del abogado tenían sustento: la familia de Germán Clavero ya había sufrido algo similar: fue hace un año
cuando este hombre de 65 años, poseedor de un campo de 3.700 hectáreas desde
"toda la vida" en Gato Colorado y sus dos sobrinos, Abel de 31 años y
Roberto, de 23 fueron allanados a punta de pistola y ametralladoras, sometidos
a golpizas y torturas aberrantes por más de diez horas y detenidos tres días
por la Guardia Rural Los Pumas y la Policía de Tostado. Uno de los jóvenes
denunció que lo habían atormentado con picana eléctrica y el "submarino
mojado" porque le sumergían la cabeza en un pozo de agua y luego recibía
golpes de corriente en la espalda.
La
situación tiene además otros condimentos: Clavero junto a su abogado Bordón
habían frenado el ascenso judicial de un juez que habían sostenido desalojos en
el norte santafesino, con modos más que objetables: se llamaba García Troyano. “Este juez dijo sobre mis clientes que eran usurpadores y que debían
depositar una suma cautelar de 30 mil pesos. Este era el mecanismo y quien no
reunía el dinero los desalojaban. Por eso en el año 2014 logramos denunciarlo y
frenar el ascenso a camarista de Garcia
Troyano, quien llegaba a esa instancia propulsado entonces por el senador Joaquín Gramajo Benavídez, que si bien
figura como en el Partido Justicialista, en la en el 2015 hizo campaña para
Miguel del Sel”. Entonces pudimos frenar por unanimidad el ascenso de juez
penal subrogante a titular en Tostado, por las maniobras que revelamos”.
Para
Bordón “este senador está detrás de todas
estas maniobra, es el que genera las condiciones de impunidad. Gramajo logró
después de ese ascenso frustrado que García Troiano fuera secretario penal en
San Cristóbal, con aval de la Corte. Es que no hay que olvidar que el senador
Gramajo preside la Comisión de Acuerdos, y desde allí es que propuso y trabajó
por su candidatura. Y cuando apoya no tiene reparos: en la Cámara llego a decir
que García Troiano era un exponente fiel de un hombre que quería hacer cumplir
la ley. Finalmente salió el pliego aprobado como de juez penal de Santa Fe,
con algunos dictámenes en contra: como el de Carlos del Frade y Alicia
Gutiérrez.
Sin
ambagües, Bordón asegura el senador mantiene intactas sus influencias en el
ámbito judicial: “Sonia Bustos y el
senador Gramajo son cercanos. El juez García Troiano desde el 2013 en adelante
cumplió un rol importante en los desalojos, y ahora esta fiscal por las
atribuciones del nuevo código, es quien cumple el mismo rol al criminalizar
nuestra lucha porque nos arma causas penales por resistir estos desalojos”.
El
abogado asegura que “este fiscal encubrió
todo en las torturas del 2017 y es quien públicamente ha expresado una
enemistad manifiesta hacia mi persona, y me acusa como jefe de una asociación
ilícita, de una organización. En este marco de mi detención de un verdadero
secuestro, logró desalojar el viernes mismo a la familia Barberis y el sábado a
los Clavero. Con quienes veníamos resistiendo los desalojos desde hace años.
Parece que la fiscal logró su objetivo”.
Bordón
recordó que el 25 de julio en la casa delos Clavero los que actuaron fueron “policías de la Policía de Investigaciones de
Tostado y del Grupo de Acción Táctica, todos sin identificación y los del GAT
con pasamontañas, solo se veían sus ojos”. Cuando reclamó ingresar, el
abogado fue reducido muy violentamente por un grupo de policías a cargo de Hugo Castillo, esposado y arrastrado hacia una camioneta policial
mientras le pegaban puñetazos en la cabeza. Con verdadera saña. El operativo
estaba siendo filmado por la PDI, pero el video sufrió un percance durante la
golpiza. “La policía dijo que se le
terminó la batería de la cámara filmadora, justo en el momento de los golpes”.
Envalentonada por esa ausencia la fiscal Bustos dijo en la audiencia que Bordón
“se golpeó su cabeza contra la pared”.
Pero
Bordón no se amilanó y denunció a Javier
Vitalli, un policía de Tostado que fue el más que pegó”. El
tercer policía apuntado es el comisario Oscar
Cabañas, quien “verdugueó” al
abogado detenido. “Cuando le pedí el
teléfono de Asuntos Internos, me respondió que ese lugar no existía Asuntos
Internos por una cuestión ideológica suya, y tampoco existen los derechos
humanos” le espeto el jefe policial.
El
maltrato, sin embargo no terminaría allí: “como estaba muy dolorido comencé a
reclamar asistencia, hasta que una hora después me vino a ver el medico
policial Landriel, y dijo que no
tenía nada. No me sorprendió porque cuando la brigada rural Los Pumas torturó a
la familia Clavero, el mismos médico policial dijo que no tenían lesiones”.
Bordón
deja para el final una denuncia grave: tras su detención, la defensa de la
familia Clavero quedo en manos de una defensora pública de apellido Cristóbal.
“Mientras estaba preso los desalojaron a
los Barberis en Gato Colorado. Y los Clavero quedaron expuestos por la
defensora Pública de Tostado, que el mismo sábado claudicó, ya que a dos viejos
analfabetos y golpeados les hizo firmar que no podían acercarse al campo que
estaba en litigio. Y así se quedaron con sus campos”.
Vale
la pena prestarle atención a lo dicho por la Asociación Norte Amplio sobre los tiempos que corren: “Con
la complicidad judicial, política y una Policía al toque para garrotear,
torturar. La Guardia Rural en primer orden. Al servicio de los poderosos. No en
vano sus unidades de Reconquista y San Javier están dentro de los predios de
las Sociedades Rurales de esas ciudades. Para tener en claro cómo es la alianza
y a quiénes van a servir”.
José Maria Maggi- Rosario 12-(26/8/18)
