Las pruebas
A la vista de los jueces
El
pleno de la Cámara Federal de Rosario revocó por mayoría la "falta de
mérito" al ex diputado del PJ que se pasó al PRO, Julio "Tipi"
Ramos, en una investigación por delitos de lesa humanidad cuando operaba como
agente secreto del Ejército (PCI) en 1977 y lo dejó al borde del procesamiento.
El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez lo había exculpado en julio
último por una supuesta "privación ilegal de la libertad" y
"tormentos" al ex militante de la Juventud Peronista Luis Felipe Solé
al considerar que el "cuadro de pruebas" era
"insuficiente". El fiscal Martín Suárez Faisal apeló porque -a su
juicio- el magistrado había hecho un "análisis parcial y recortado del
conjunto de evidencias reunidas" en la causa. Y ahora, la Cámara le dio la
razón al fiscal al coincidir que el expediente "existen elementos de
convicción suficientes para concluir que Ramos participó en el hecho que
perjudicó a Solé", dice el voto de la jueza Elida Vidal al que se sumaron
sus colegas Fernando Barbará, Aníbal Pineda y Ricardo Moisés Vásquez. El único
que propuso ratificar la resolución del juez Rodríguez fue el camarista José
Toledo, pero perdió cuatro a uno.
Solé
denuncia a Ramos desde hace 35 años. Asegura que "entre fines de 1976 y
principios de 1977" lo trasladaron de la cárcel de Coronda hasta un centro
clandestino en la zona norte de Santa Fe, donde lo interrogaron por su hermano
Alberto Solé, que había pasado a la clandestinidad y desapareció siete meses
después, en agosto de 1977. Dijo que uno de los interrogadores era Ramos.
La
primera denuncia la presentó su madre Ana María Rivas de Solé ante la Conadep,
en febrero de 1984 y él la ratificó ante el ex juez federal Héctor Tripicchio y
la ex fiscal Griselda Tessio, en agosto de 1986. Luego dijo lo mismo en otros
cuatro tribunales: en abril de 2011, ante el juez Rodríguez. En setiembre de
2011, ante el conjuez Ricardo Lazzarini. En diciembre de 2015, ante el Tribunal
Oral de Santa Fe integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Beatriz
Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci en el juicio de la
megacausa que juzgó, entre otros casos la desaparición de su hermano, Alberto
Solé. Y en setiembre de 2017, otra vez ante el juez Rodríguez.
Desde
que se reabrió la investigación, el fiscal Suárez Faisal pidió cuatro veces la
captura de Ramos y su indagatoria: en la denuncia fiscal, en octubre de 2016 y
luego en febrero y diciembre de 2017 y
en junio de 2018. El juez Rodríguez ordenó la detención el 5 de julio, pero
Ramos estuvo preso cuatro días: lo indagaron el viernes 6 y el martes 10, el
magistrado le concedió la "falta de mérito" y su "inmediata
libertad", en plena feria judicial. En su descargo, negó los hechos y dijo
que desconocía el chupadero, por lo que Rodríguez consideró que era
"palabra contra palabra" y exculpó a Ramos por presunta "falta
de pruebas". En la causa "no se encuentran elementos de convicción
suficientes para estimar" que el ex legislador "haya participado en
los delitos que se le imputaron" por supuesta "privación ilegal de la
libertad" y "tormentos" a Solé.
Uno
de los argumentos del fiscal para apelar fue que el juez no valoró "todas
las pruebas" y la "falta de mérito" de Ramos era producto de
"un análisis parcial y recortado del conjunto de evidencias reunidas"
en la causa.
La
Cámara le dio la razón. En el segundo voto, la jueza Vidal entendió que
"existen elementos de convicción suficientes para concluir que Ramos participó
en el hecho que perjudicó a Solé". Y mencionó que el imputado operó como
"Personal Civil de Inteligencia (PCI) con el alias de Ademar Rossi desde
el 16 de julio de 1976 hasta el 1º de mayo de 1977, en su condición de
'infiltrado' en la UNL, "lo cual es un indicador más de la probable de su
intervención en el hecho que se investiga".
Vidal
expresó que la "mecánica expuesta por Solé", que era el constante
traslado de detenidos en Coronda a centros de torturas clandestinos "quedo
probada" en el juicio que condenó a los ex jerarcas del penal, Juan Angel
Domínguez y Adolfo Kushidonchi, por "homicidios" y "tormentos
agravados". "La cárcel de Coronda integró el circuito clandestino de
la represión y como parte de aquel, los presos políticos eran sacados de sus
celdas, con la anuencia de los jefes, para ser torturados en diferentes centros
de detención y luego regresados al penal", dijo Vidal. El fiscal había
dicho que en algunos casos ocurría eso, pero en otros el traslado era hacia la
muerte.
La
jueza Vidal planteó que la "valoración en conjunto de la totalidad"
de las pruebas "permite inferir que se ha configurado el ilícito en
cuestión" y propuso revocar la falta de mérito de Ramos. Sus colegas
Barbará, Pineda y Vásquez adhirieron al voto y la sentencia salió por 4 a 1,
ante la disidencia de Toledo.
Juan Carlos Tizziani- Rosario 12
