El Gobierno provincial, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destacó la importancia de la octava
condena por delitos de lesa humanidad al conocerse la sentencia en la causa
Gil, por amenazas ocurridas en Reconquista.
Se afirma
en Santa Fe el proceso de Memoria, Verdad y Justicia
El Gobierno de la provincia destacó la importancia
de la octava condena por delitos de lesa humanidad, al conocerse la sentencia
de la causa Gil, por amenazas ocurridas en Reconquista. “Se afirma en Santa Fe
el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, expresó el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos a través de un comunicado.
Como sucedió durante el juicio, y en los restantes
procesos por delitos cometidos por el terrorismo de Estado sustanciados en la
provincia desde 2009, el gobierno transmitió por Internet las audiencias
autorizadas por la justicia federal como una forma de garantizar la difusión y
el acceso de la ciudadanía a esta instancia de vital importancia social e
histórica.
La sentencia, que dio a conocer el lunes el
Tribunal Oral Federal de Santa Fe, establece una condena de cinco años de
prisión contra Juan José Luis Gil por el delito de amenazas. Los fundamentos se
leerán el 17 de septiembre. Se trata del octavo juicio por delitos cometidos
por el terrorismo de Estado que finaliza en la provincia y el primer caso de
amenazas que en el país llega a juicio (las intimidaciones pretendieron
amedrentar a testigos en otra causa que investiga el circuito represivo en el
norte santafesino).
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| Solidaridad militante con el norte provincial |
Estuvieron presentes en la audiencia final el
secretario de Derechos Humanos, Horacio
Coutaz, y el director del programa de protección a Testigos y Querellantes,
Daniel Boccoli, junto a militantes y
representantes de organismos de derechos humanos, algunos de los cuales se
desplazaron desde Reconquista.
El Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, además de colaborar facilitando la
transmisión de las audiencias en directo, colaboró con la justicia federal en
varios aspectos, como el acompañamiento, asistencia y protección a testigos,
querellantes y sus patrocinantes, que brinda a través de su programa
provincial, o el aporte de pruebas a través del área de Investigación,
Apoyatura y Seguimiento de causas de lesa humanidad de la Secretaría de
Derechos Humanos.
LA CAUSA GIL
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
recordaron que se trató de la primera vez en el país que fue llevado a juicio
un imputado por amenazas a testigos y funcionarios judiciales en el marco de
investigaciones por delitos de lesa humanidad (en este caso la causa 50/06,
referida a violaciones a los derechos humanos perpetrados en esta zona durante
el terrorismo de Estado).
La denuncia fue radicada oportunamente por
integrantes de la Asociación Norte
Amplio por los Derechos Humanos, dando cuenta de la recepción de un correo
electrónico donde se cuestionaba su desenvolvimiento como integrantes de dicho
organismo de derechos humanos, al tiempo que hicieron referencia a hechos de
difamación e intimidación. Los mails también fueron recibidos por la Fiscalía
Federal de Reconquista y el Concejo Deliberante.
