Chaco

REPRESORES CONDENADOS CUMPLIRAN CONDENA EN MARCOS PAZ

Para evitar el traslado, los genocidas habían presentado hábeas corpus

Fue tras la medida adoptada por el titular del Tribunal Oral de Resistencia de enviar a la cárcel de Marcos Paz a ocho exrepresores condenados en la causa Caballero, quienes estaban detenidos en la U7. Desde la semana pasada, todos se encuentran en Bs.As.

Los ex policías José Rodríguez Valiente, Gabino Manader, Oscar Galarza, José Marín (alias Cabo Sotelo), Francisco Alvarez, Rubén Roldán, Enzo Breard y el ex militar José Luis Bettolli habían presentado sendos hábeas corpus para evitar su traslado desde la Unidad Penitenciaria Federal Nº 7 (U7) de Resistencia al Complejo Penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Todos fueron rechazados en primera instancia y ratificados por la Cámara Federal de Apelaciones. Desde la semana pasada, están alojados en esa unidad penitenciaria penitenciaria.

La decisión del traslado por parte del titular del tribunal que condenó a los exrepresores por la denominada “causa Caballero”, Víctor Alonso, en el que constituyó el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos realizado en la provincia del Chaco, consternó a los genocidas, principalmente porque no iba a estar cerca de sus allegados, según se lee en la presentación que realizaron.

La medida, tomada por Alonso el 31 de mayo último se basó en que las instalaciones de la U7 no son adecuadas para alojar a los condenados por delitos de lesa humanidad. En ese sentido, el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz es uno de los más aptos para albergar a este tipo de condenados. En él, se encuentran, entre otros, el excapellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Von Wernich; el excomisario general de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz y el excomisario, exintendente de Escobar y exdiputado, Luis Abelardo Patti.

“NO INNOVAR”
Ante tal novedad, los ocho genocidas presentaron inmediatamente sendos hábeas corpus ante el Juzgado Federal de Resistencia para “no innovar las condiciones en que cumplen la detención en la actualidad”. Es decir, para continuar detenidos en la U7. Motiva esto la supuesta afectación que tendrán este nuevo lugar de alojamiento principalmente en el "vínculo con sus familiares, ya que todos residen en Resistencia, sede de la Unidad Penitenciaria N° 7”, según se lee en la presentación, disponible en el Centro de Información Judicial. Además, los abogados de los exrepresores consideran así que “la decisión adoptada produce un agravamiento de las condiciones en que sus defendidos cumplen la detención”.

Dicha solicitud fue denegada de manera inmediata por el Juzgado Federal de Resistencia, al señalar que la medida del Tribunal Oral Federal está ajustada a derecho. Ante la apelación de los genocidas, la Cámara Federal de Resistencia volvió a analizar lo actuado y fue contundente al ratificar la decisión de primera instancia.

“No obstante que el supuesto planteado resulta improcedente desde que el proceso de hábeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben (art. 18 de la Constitución Nacional), deviene oportuno señalar que tampoco se han conocido –o denunciado– circunstancias que actualmente agraven la forma y condiciones en las que los arriba nombrados cumplen su privación de libertad”, señalan los tres fallos (dos fechados el 6 de junio y el restante, dos días después) firmado por los jueces José Luis Aguilar y Selva Angélica Spessot. “En consecuencia”, remarca, “la solución adoptada en la instancia de origen se ajusta a derecho”.

Cabe recordar que la mayoría de los expolicías que se desempeñaron en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia -hoy Casa de la Memoria- cumplen una condena de 25 años por el delito de “tormento agravado” (que incluyeron las más perversas formas de torturas aplicadas antes y durante la última dictadura), aunque la sentencia aún no se encuentra firme ya que se encuentran apeladas. En tanto, Breard recibió la pena de 15 años de prisión.

En tanto se espera la misma decisión para los condenados de la Masacre de Margarita Belen, es decir el traslado a Marcos Paz.