La prensa habla de la Causa: aquí una nota del Diario UNO de Santa Fe

Las querellas pidieron condenas

El abogado Iván Bordón, en representación de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, pidió al Tribunal Oral Federal de Santa Fe que condene al Guardia Rural y profesor Juan José Luis Gil a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en dos hechos en concurso real, artículo 149 bis, último párrafo, agravado al ser anónimas, artículo 149 ter inciso primero y artículo 55 del Código Penal de la Nación, declarándose que el delito se cometió con el fin de obstaculizar el avance de la justicia federal en las investigaciones de delitos de lesa humanidad. Y pidió que se abra otra causa contra el mismo Gil, por la comisión de delitos de lesa humanidad. "Esta querella no tiene dudas que él fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado. Juan José Luis Gil fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado", repitió en sus conclusiones. Y pidió que el juzgado federal le inicie causa también por ese delito. Cuatro horas duró la exposición del abogado querellante. Concluyó a las 14:30 y se pasó a un cuarto intermedio hasta las 16, cuando hará sus conclusiones el fiscal federal, quien avisó que no ocupará más de media hora.

El acusador Bordón pidió que el Tribunal ordene extraer copia de la indagatoria del imputado Gil, "en relación a tareas que mencionó, donde habló de tareas investigativas realizadas en la fábrica Vicentín en 1976. ¿Para qué pedimos eso?. Para que se lo investigue por la comisión de delitos de lesa humanidad. Esta querella no tiene dudas que él fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado. Juan José Luis Gil fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado", repitió. Y pidió que el juzgado federal le inicie causa también por ese delito.

Recordó que Gil fue personal civil de inteligencia, PCI del Ejército, ex policía rural y que tenía una lista de comerciantes de Reconquista indicando posiciones ideológicas. Quiere que eso se compare con lista de detenidos, como para demostrar su rol en esa estructura macabra que operó durante la última dictadura cívico-militar.

Bordón concluyó su alegato destacando que “desde 2003, con Néstor Kirchner, se inició una política de Estado de memoria, verdad y justicia, sin impunidad; política continuada por la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner".

Fuente: Reconquistahoy.com

Otros pedidos

A su vez, el otro abogado querellante, el Dr. Pedro Dinani, pidió 13 años de condena, mientras que el Fiscal, Dr. Martín Suárez Faisal, pidió 8 años de prisión de cumplimiento efectivo en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Este final fue un sólido, contundente y preciso alegato que dejó confundida a la defensa del imputado, al verlos abatidos anímicamente en sus sillas mientras escuchaban junto al Guardia Rural Luis Gil. La Fiscalía aclaró previo a su pedido que los años de prisión para esta Causa van desde los 5 a los 16. Por la mañana los abogados Miño y Bonchini en juegos psicológicos sonreían burlonamente; por la tarde se les nubló el rostro.
Muchos datos puso sobre la mesa el Dr. Suarez Faisal; por ejemplo: el porqué del nombre Néstor Fernández de los envíos de la cuenta negritovega16@yahoo.com.ar: “Néstor” por Kirchner y “Fernández” por el apellido de la actual presidenta. Gil manifestó varias veces en sus escritos una animosidad profunda a Kirchner y su compañera Cristina. Solo basta mirar sus notas por internet en la página "Tribuna de Periodistas" escritas antes de su detención, para definir su posición ideológica.

No faltó tampoco demostraciones técnicas por parte de Suárez Faisal, con planillas sobre los horarios en que Gil ingresó a la cuenta de amenazas desde su domicilio, hecho que había sido cuestionado por la defensa tratando en su momento con un perito de parte confundir al tribunal. Mostró fotocopias de documentos de identidad encontrados en su domicilio, con su foto y nombres distintos: José María Ortíz (José María, como su padre, y Ortiz, el apellido materno) y otro con nombre apócrifo pero que su DNI e iniciales concidentes. Además el de otras personas. Solicitó que la notebook incautada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y uno de los ejes de la Causa sea donada a una escuela y que luego de la sentencia se destruya el material incautado que no hace y sirviera para la causa, como hojas en blanco, etc.

Este viernes, a partir de la 10 horas alegará la defensa.

Viernes, 31 de agosto de 2012

El juicio al ex agente secreto del Ejército, Juan José Luis Gil

Un nostálgico de la dictadura

Gil está imputado de "amenazas y coacciones agravadas" a víctimas de delitos de lesa humanidad en Reconquista y a los magistrados que investigaban la causa. El fiscal solicitó una pena de ocho años de prisión y los querellantes, de doce y trece años.

Por Juan Carlos Tizziani

Gil envió los "correos electrónicos amenazantes".

Desde Santa Fe

El juicio al ex agente secreto del Ejército, Juan José Luis Gil, acusado por "amenazas y coacciones agravadas" a víctimas de delitos de lesa humanidad en Reconquista y a los magistrados que investigaban la causa, siguió ayer con los alegatos. El fiscal general Martín Suárez Faisal solicitó una pena de ocho años de prisión para el imputado, mientras que los querellantes extendieron la solicitud al máximo legal para ambos cargos: doce y trece años de cárcel. Hoy le tocará el turno a la defensa. Los acusadores consideraron que la investigación acumuló pruebas suficientes para condenar a Gil, un "nostálgico del terrorismo de estado" -según la querella﷓ y "parte integrante del aparato represivo" de la dictadura por su doble rol de personal civil de inteligencia (PCI) y policía de la Guardia Rural Los Pumas, aunque después, en democracia, se recicló en la docencia hasta su cesantía. "Está probado y con certeza" que Gil envió los "correos electrónicos amenazantes" y que "sus destinatarios eran los miembros de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, el juez federal Eduardo Valiente y el fiscal federal José Ignacio Candioti", que investigaban la represión en el norte santafesino. "Una conducta aberrante, sumamente cruel y signada por un profundo odio hacia las personas que no comulgaban con su identidad ideológica", la calificó Suárez Faisal.
El primer alegato fue el del abogado Iván Bordón, que representa a tres militantes de Norte Amplio: Héctor Raúl Borsatti, Jorge Domingo Miceli y Pablo César Rolón. "Es la primera vez en el país que es llevado a juicio un imputado por amenazas a testigos y funcionarios judiciales, en una causa por violaciones a los derechos humanos", dijo el penalista. Y le pidió al Tribunal (integrado por María Ivón Vella, José Escobar Cello y Otmar Paulucci) que condene a Gil a 12 años de prisión por "amenazas coactivas agravadas" y declare que "el delito se cometió con el fin de obstaculizar el avance de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad".
"Esta querella no tiene dudas que Gil formaba parte de la estructura represiva del terrorismo de estado", por eso "pedimos que se envíe esa declaración al Juzgado de Reconquista en el marco de delitos de lesa humanidad", agregó. Siguió el abogado Pedro Dinani, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que asiste a otro de los denunciantes, el abogado Gabriel Hernández. Consideró que la condena a Gil debía ser de 13 años de prisión.
En cambio, el fiscal Suárez Faisal solicitó una pena de ocho años, para los mismos cargos. "Considero probado que el imputado de manera anónima, envió al menos dos correos electrónicos, uno el 26 de marzo de 2009 y otro el 20 de mayo de 2009, dirigidos al Concejo Municipal de Reconquista y a personas de esa ciudad vinculadas con la defensa de los derechos humanos".
"Los mensajes tenían como objetivo coaccionar a los integrantes de la Asociación Norte Amplio (Borsatti, Miceli, Rolón y Carlos Echegoy, entre otros), al juez Valiente, al fiscal Candioti y al doctor Hernández, que representaba al querellante Alejandro Faustino Córdoba". "El propósito era obligarlos a que dejen de movilizar a la comunidad de Reconquista en la búsqueda de memoria, verdad y justicia" y "aportar pruebas a la causa" de la represión en Reconquista.
"Está suficientemente probada la existencia de los correos electrónicos enviados, pero a lo largo de este juicio también pudo determinarse quién ha sido el autor de esos envíos, que no es otro que el imputado Juan José Luis Gil", quien operó "como agente secreto del Ejército, especializado en reunir información, bajo el seudónimo de Enrique Galetti", agregó el fiscal.
"Nos encontramos ante una conducta aberrante, sumamente cruel y signada por un profundo odio hacia las personas que no comulgaban con su identidad ideológica. El imputado no dudó en valerse de la forma más vil del anonimato, que fue diseñar la existencia de una sociedad secreta llamada La Hermandad supuestamente integrada por militares, policías y por supuestos, agentes de los servicios de inteligencia", concluyó el fiscal Faisal.