Se desarrolló el Primer Encuentro de Pueblos Fumigados
del Norte Santafesino
El
sábado 19 de mayo se desarrolló en Reconquista el “Primer Encuentro de Pueblos Fumigados”, una reunión
que apuntaba a mostrar - en forma
contundente- las consecuencias ambientales y sociales que genera el actual
modelo productivo, y de extracción de los bienes naturales, a través de los
testimonios de las personas afectadas directamente por esta actividad. Pero también,
en el encuentro, se dieron a conocer las distintas acciones que buscan el
tratamiento y la modificación de la ley 11.273, que restringe el uso de agrotóxicos en la provincia de Santa
Fe.
La
jornada, que dio comienzo a las 10 de la
mañana y finalizó cerca de las 18, fue convocada por el espacio de organizaciones
“Encuentro por los Derechos Humanos”, una multisectorial que viene trabajando
hace dos años en el establecimiento de una línea agronómica para la ciudad de
Reconquista.
En
esta instancia, participaron vecinas y vecinos de los cuatro departamentos del
norte provincial –Obligado, Vera, San Javier y 9 de Julio– y con visitantes de
la capital provincial, Chaco, Santiago del Estero y provincia de Buenos Aires,
interesados por la misma problemática.
La modificación de la ley 11.273
En
todo el territorio provincial existe una campaña para que el Senado trate y
modifique la ley 11.273 prohibiendo las fumigaciones aéreas en
todo el territorio provincial y alejando las fumigaciones con cualquier tipo de
producto agroquímico a menos de 800 metros de las áreas pobladas, las escuelas y los cursos de agua. A ella se
refirió Carlos Manessi, vicepresidente del Cepronat y referente de la Campaña Paren de
Fumigarnos: “Todo lo que sucede con
impacto de los agrotóxicos sobre la salud es porque la ley que está vigente hoy
en la provincia lo permite. Con todos los papeles en regla, te puede fumigar
frente a tu casa, como realmente está sucediendo. Por eso entendemos que la
prioridad, la necesidad imperiosa, es modificar esta ley… pero tenemos noticias
de que no hay voluntad política en el senado para tratar el tema, y nosotros
tenemos que hacer que los senadores la traten”, afirmó.
Las voces campesinas
Maximiliano Castillo y Dina Domínguez, son miembros de
organizaciones campesinas de base de los departamentos Gral. Obligado y San
Javier, respectivamente. Ambas organizaciones forman parte de la Unión de Organizaciones del
Norte de Santa Fe (UONSAFE) y a nivel nacional se articulan en la Asamblea Campesina
e Indígena del Norte Argentino (ACINA). Desde estos espacios plantean
propuestas políticas distintas, basadas en la defensa del territorio y de los
bienes naturales.
Maximiliano Castillo, joven de la Organización Obreros
del Surco, de Villa Ocampo, explicó
que desde su punto de vista este modelo basado en agrotóxicos “nos va excluyendo como personas, sobre
todo. Si producís sanamente, el modelo te deja afuera; si producís apostando a
la vida, como que no existís”, afirmó.
Dijo además que es agricultor por herencia de sus padres y abuelos y que
como “joven sin tierra: no tengo ni
siquiera espacio para producir lo que me enseñaron”.
El
principal problema que amenaza la vida campesina es el desarrollo de la
agricultura industrial, que va desplazando a familias de los territorios: “sabemos que defender el territorio es defender
el monte, el agua, y que es este modelo agroexportador el que se encarga de
extraer todos nuestros recursos naturales, y que a la hora de pesar o ver en la
balanza siempre perdemos los pobres, no hay otro perdedor. Además, estamos
perdiendo casi siempre un joven: como Cristian Ferreyra en Santiago del Estero,
o Néstor Vargas, en Vera”.
Finalmente,
Maximiliano propuso discutir la idea de progreso,
que para el modelo se relaciona con el agronegocio, para oponerle “la producción sana de alimentos, que también te da de comer”,
en pos de ese gran sueño colectivo que tienen muchos campesinos: “vivir dignamente y tratar de vivir en el
campo, con producción agroecológica, sin agrotóxicos, y sobre todo que el
derecho a la vida se cumpla”.
Dina Dominguez, de la Organización Vida en
Libertad, zona de Romang y Durán,
encaró el problema por el lado de las arroceras: “las grandes arroceras y las grandes corporaciones, nos están quitando
el agua. Están haciendo grandes perforaciones: hay grandes perforaciones, y siguen
haciendo más. Lo que hacen es quitarnos el agua, en la época de sequía las
familias se quedan sin agua. Hay momentos en que no sale nada, se mueren los
animales, no hay para darles de tomar. Desde la vía pública se ven los riegos
para sus cultivos cuando la gente está sin agua. No les importa nada, pero en
algún momento ellos también van a ser perjudicados y se van a acordar de estos
locos que estamos acá reclamando y quejándonos de todo lo que hacen”.
En
cuanto a las fumigaciones, Dina contó que “las
arroceras cargan los aviones y pasan por arriba de las casas, de los árboles.
En este momento están fumigando hasta en la isla. No hace mucho tiempo un avión
empezó a fumigar parte de la isla para sembrar pasturas, cosa que nunca se ha
visto. Es una tristeza muy grande, porque nosotros nos criamos en la isla,
viendo toda esa belleza que tenemos en la costa del San Javier, y ver cómo
agarran un avión para matar esos árboles para hacer pasturas, para engordar los
bolsillos…”
Por
último, la dirigente campesina, habló de la falta de tierras que sufren los
campesinos del norte y que los lleva a producir en las banquinas de rutas y
caminos rurales y quienes se dicen ‘pequeños productores’ teniendo 500
hectáreas: “hay compañeros que están sembrando sobre las banquinas.
Días atrás tuvimos problemas porque se está cosechando el algodón, tienen
sembrado batata, y donde nos llegó una nota diciendo que les iban a tumbar
todo. Vinieron decididos, con máquinas, a tumbar todo, cuando hay grande
agricultores que están ocupando banquinas en muchos lugares, y son personas que
no necesitan, que deberían dejarlo para las personas que no tienen tierras, que
puedan sembrar ese pedacito, porque nosotros los pequeños productores tenemos
ganas de trabajar, simplemente que siempre nos están poniendo trabas”, afirmó.
Aquí
se plantea una paradoja en la Campaña Paren
de Fumigarnos que pide mayor control para frenar la sojización y las
fumigaciones en las banquinas –un fenómeno común en el centro-sur, donde los
productores aprovechan hasta este espacio público. Pero los criterios de
prohibición alcanzan a los banquineros sin tierra.
La muerte viene con
el agua
Mariela Coria, integrante de la comunidad mocoví
Rahachalagte de La Lola
(Reconquista), en la que viven unas
50 familias, se refirió a los problemas que acarrean las fumigaciones. “Vivimos en un barrio de 11 cuadras, y en
todos los alrededores tenemos sembradíos, y también tenemos este mismo
problema: el problema nuestro es que se fumiga cuando hay viento, los chicos no
pueden respirar, empiezan con sus estornudos. Nosotros lo que tratamos de hacer
es encerrarlos, y como comunidad vemos que prácticamente no se puede hacer,
pero ahora veo todo esto.”
Coria
contó que hicieron un acuerdo con un productor vecino para dejar 100 metros libres de
fumigaciones frente a la comunidad, pero que cuando otros productores fumigan a
200 o 300 metros,
esto afecta igual a la población. Por eso están a favor de una legislación que
contemple 800 metros
libres de agrotóxicos alrededor de las poblaciones, “porque lamentablemente ahora son los animales los que se nos mueren,
pero con el correr del tiempo no quisiéramos que fuera algún integrante de la
comunidad el que se nos vaya. Por eso queremos, como comunidad, que se respeten
esos 800 metros;
queremos que se paren con los agroquímicos, porque lamentablemente nos están
matando poco a poco.”, se lamentaba.
René López, de
la misma comunidad, contó las veces que sufrió la mortandad masiva de sus
gallinas, patos y hasta mascotas. “Nos
sentimos discriminados, no tenemos quién nos defienda, porque en la mortandad
más grande, cuando tuvimos en el patio cien patos muertos, de un día para el
otro, y más de 80 gallinas amontonadas, muertas, un perro agonizando y otro
muerto, no teníamos a quién llamar. Llamé a todos lados, policía, enfermeros,
municipio, y nadie me contestaba. Por suerte una compañera de una radio me dio
un espacio y en 20 minutos tenía mi casa llena de policías, de gente del
municipio, de todos lados, viendo el tema. Pero el problema era mío, no era de
la comunidad ni del pueblo. Y hasta el día de hoy estoy esperando saber de qué
se me murieron mis animales, la verdad, no quiero más mentiras”.
Pasado
más de un año y medio de aquel suceso - que no fue el único pues el fenómeno se
repite todos los veranos, con las lluvias- López contó que “tenemos unos chicos adolescentes, que están estudiando y trabajan. Y
la inversión de ellos es comprar unas gallinas, unos chanchos, para poder
reproducir y bajar el consumo que tenemos en la familia, porque es una familia
numerosa. Y ahora yo le digo a los chicos ‘vamos a comprar un chancho’, y me
hacen la cara fea: ‘para qué vamos a gastar, si nos están matando todo’. Anoche
estábamos preocupados por la lluvia, porque no podíamos salir, pero sobre todo
porque cada vez que llueve tenemos que estar pensando en qué animales se nos
van a morir. Cuando los chicos ven que viene la tormenta, antes quizá tenían
miedo del viento, pero ahora no, ahora piensan cuál de los animales se nos van
a morir”
La lucha en las escuelas rurales
La
profesora Florencia Zanuttini, docente de la Escuela 1249, en Campo Huber (La
Loma), distrito de Colonia Durán, en el departamento San Javier contó que su
escuela “está rodeada de campo, y viene
teniendo problemas bastante seguido con las fumigaciones. La última vez fue el
martes 3 de abril: estábamos en la escuela, en el recreo y vemos la máquina que
pasa sobre el tejido, que está a unos quince metros del aula. Era el recreo y los
chicos estaban jugando al fútbol, y estaban siendo fumigados. Lo primero que
atinamos a hacer fue cerrar todo el salón, cosa que no funcionó mucho, porque
el olor fue insoportable, nos empezó a quemar la garganta, la nariz y lo ojos”.
La
policía llegó más o menos 45 minutos después, “para ese momento nosotros ya habíamos logrado frenar la fumigación. La
respuesta del policía fue que los productores tienen la receta de la comuna y
saben que está prohibido fumigar en 300 metros, pero que sin embargo lo hacen,
que es un problema recurrente, y que ellos lo que han estado haciendo hasta
ahora es darle avisos o llamados de atención, que no hay denuncias hechas y que
por lo tanto siguen fumigando”.
Además,
contó la docente que “tenemos casos de
alumnos que trabajan en el campo manipulando directamente agrotóxicos, y que
han tenido que ser atendidos, incluso varios de ellos internados, principalmente
por problemas respiratorios y dérmicos. Esa es nuestra situación y creemos que
de la mayoría de las escuelas rurales, y estamos luchando contra eso.”. Cuestión
que fue ratificada con la aparición de otros casos, en las actividades
grupales.
La billetera que tienen por corazón
Milton Allario, apicultor del paraje Cuatro Bocas
(cerca de Villa Minetti, en el Noroeste provincial), contó que allí la problemática con los agroquímicos
es la misma: “no se respetan las
distancias, te fumigan al lado de tu casa. A nosotros la soja nos desplazó
muchísimo. Tuvimos que llevar las colmenas a más o menos 100 km de distancia,
porque en la zona era todo soja, no había pasturas, no queda más montes. Más
allá de que nos está afectando económicamente, que sería lo de menos, está
afectando a mi familia y a todo un pueblo. En nuestro pueblo la mayoría de la
gente tiene campo, o tiene mosquito, trabaja como aplicador, así que ya tienen
lo recitados de los lavajes de cerebro que les hacen de vez en cuando, pero
tampoco me quedo en que no se puede hacer nada”, confirmó.
Milton
además, se refirió a las veces que tuvo que invadir la propiedad privada de sus
vecinos para parar las fumigaciones a escasos metros de su casa, haciendo luego
la denuncia policial. “tenemos que dejar
de ser tan dóciles, tan mansos”, invitó.
El
joven apicultor, también se refirió a la relación ingenieros
agrónomos-productores: “los ingenieros
agrónomos dicen que la responsabilidad no es de los agroquímicos sino de los
productores. Como que ya no está habiendo tanto compañerismo entre ellos, se
están lavando las manos, y dicen que la negligencia está en los productores,
que no respetan los vientos, las distancias, las clasificaciones.”
Finalmente,
el apicultor se refirió a otra consecuencia de los agroquímicos: “En 4 Bocas, que serán unas 40 casas, hubo
muchos casos de abortos espontáneos de familias de productores .La gente que
está en contra de los abortos tendría que sumarse, sería muy bueno, porque se
están produciendo miles de abortos por esta causa, y en personas que no lo
eligen”.
Por
todo esto, habría que lograr que los representantes políticos “sientan que es necesario, y que tienen que
haber una ley, no que crean, les parece, o estamos obligados a hacerlo, sino
que lo sientan… pero creo que es difícil desactivar la billetera que tienen por
corazón”.
Una
vez escuchados los testimonios de pobladores de un arco territorialmente
representativo del norte provincial y de la costa, se entabló un debate entre
el auditorio –compuesto por campesinos, productores agroindustriales,
militantes ambientalistas, estudiantes, ingenieros agrónomos, funcionarios
municipales y provinciales, entre otros,– que evidenció las distintas miradas
sobre el tema, en contra y a favor, de este modelo de desarrollo.
Los
organizadores del encuentro, elaboraron un diagnóstico del riesgo ambiental
vinculado a los agrotóxicos en el norte santafesino y se esbozaron líneas de
acción, material que será próximamente difundido a través de las conclusiones
del encuentro.
