Una
antología sobre la narcopolicía santafesina
por Walter Ramúa (Diario del Chango- San
Juan - 16/1/13)
Hace días el senador provincial de Santa Fe, Orfilio Marcón salió en defensa
de agentes de la policía santafesina acusados de torturas a cinco menores
entre 13 y 17 años en la comisaría de la ciudad de Florencia, ubicada en el
límite con el Chaco. Marcón aseguró
que “algunos legisladores están
ultrabandeados con la cuestión de los derechos humanos” en clara referencia
a Eduardo Toniolli, legislador
provincial del Frente Para La Victoria
y referente del Movimiento Evita; y
uno de los impulsores para que los agentes policiales sean separados de sus
cargos y puestos en disponibilidad.
Orfilio Marcón fue durante más de quince años intendente de la ciudad Avellaneda en el norte santafesino, y en 2012 resulto electo senador provincial. Durante su gestión como intendente más allá de la impecable situación económica y financiera de Avellaneda, sus políticas sociales dejaron mucho que desear y fueron muchas veces denunciadas por organismos de derechos humanos. También es uno de los promotores económicos mediante pautas publicitarias cuando era intendente, de un ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la dictadura, Rafael Cenoz (alias “Chino”) quien conduce el programa Agenda Personal y sospechado de varias entregas de militantes políticos entre 1976 y 1983. Cenoz fue expulsado de la Asociación de Prensa de Santa Fe en 2010.
Marcón, en las mismas declaraciones en las que cargaba contra los derechos humanos, aseguraba que “los policías tienen dificultad para trabajar” instando a la justicia a “que a esa base local los tenga más mirados, más de cerca, que los que hacen las cosas por izquierda sepan que la Justicia y la policía los está mirando. Muchachos, fijemos posiciones claras y firmes".
Convendría bien tener en cuenta a que falta de libertad para el trabajo se refiere Marcón, cuando la tradición de las fuerzas de seguridad en el chaco santafesino como se vio en todo el siglo XX fue más el de una fuerza de seguridad privada antes que del estado y en la cual se cruzan líneas de lealtades que involucran a La Guardia Rural Los Pumas, la División Drogas Peligrosas con los terratenientes y el narcotráfico. Sobre todo después del escándalo del narco-comisario Tognoli en el último bimestre de 2012, y los tres militantes del Movimiento Evita que fueron baleados recientemente en Rosario a manos de punteros de la droga con anuencia de las fuerzas policiales. Sin contar la veintena de crímenes impunes que involucran a los narcos con los terratenientes. El más cruel de ellos ocurrido en el Biguazal en las cercanías de Puerto Reconquista donde funcionan pistas de aterrizaje clandestinas dentro de una estancia y en las que fueron asesinados a machetazos tres pescadores en 2001. O el “accidente” que terminó con la vida de Alfredo De Félix, ex jefe de Drogas Peligrosas, quien días antes de protagonizar un extraño choque en agosto de 2006 en la Ruta Provincial 001 al regresar desde Santa Fe a Reconquista, había presentado pruebas contra la cúpula policial en la ciudad de Rosario, tras recibir amenazas por las denuncias hechas contra las propias fuerzas de seguridad santafesinas durante la gobernación de Jorge Obeid.
Estos hechos lejos de verlos como sucesos policiales, forman parte de un mecanismo de disciplinamiento social que anida en la impunidad y el condicionamiento democrático a la que Marcón cree necesaria para frenar esa “base local, que atenta contra la propiedad privada.” También serviría de antecedente para aquellos gobiernos provinciales como el de San Juan que tienen previsto crear una división especial dentro de la policía provincial que combata al narcotráfico, a sabiendas de que precisamente, las fuerzas de seguridad internas en treinta años de democracia han pasado de ser facilitadoras de comercio ilegal de estupefacientes a socios principales, sin medir costos humanos y creando las condiciones para que surja una institucionalidad de hecho. Trasladando los mecanismo coercitivos de ilegalidad e impunidad dentro de un régimen político autoritario a otro en donde se establece en juez y rector de los castigos de un orden y una economía criminal contra la sociedad civil en tiempos de democracia.
Orfilio Marcón fue durante más de quince años intendente de la ciudad Avellaneda en el norte santafesino, y en 2012 resulto electo senador provincial. Durante su gestión como intendente más allá de la impecable situación económica y financiera de Avellaneda, sus políticas sociales dejaron mucho que desear y fueron muchas veces denunciadas por organismos de derechos humanos. También es uno de los promotores económicos mediante pautas publicitarias cuando era intendente, de un ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la dictadura, Rafael Cenoz (alias “Chino”) quien conduce el programa Agenda Personal y sospechado de varias entregas de militantes políticos entre 1976 y 1983. Cenoz fue expulsado de la Asociación de Prensa de Santa Fe en 2010.
Marcón, en las mismas declaraciones en las que cargaba contra los derechos humanos, aseguraba que “los policías tienen dificultad para trabajar” instando a la justicia a “que a esa base local los tenga más mirados, más de cerca, que los que hacen las cosas por izquierda sepan que la Justicia y la policía los está mirando. Muchachos, fijemos posiciones claras y firmes".
Convendría bien tener en cuenta a que falta de libertad para el trabajo se refiere Marcón, cuando la tradición de las fuerzas de seguridad en el chaco santafesino como se vio en todo el siglo XX fue más el de una fuerza de seguridad privada antes que del estado y en la cual se cruzan líneas de lealtades que involucran a La Guardia Rural Los Pumas, la División Drogas Peligrosas con los terratenientes y el narcotráfico. Sobre todo después del escándalo del narco-comisario Tognoli en el último bimestre de 2012, y los tres militantes del Movimiento Evita que fueron baleados recientemente en Rosario a manos de punteros de la droga con anuencia de las fuerzas policiales. Sin contar la veintena de crímenes impunes que involucran a los narcos con los terratenientes. El más cruel de ellos ocurrido en el Biguazal en las cercanías de Puerto Reconquista donde funcionan pistas de aterrizaje clandestinas dentro de una estancia y en las que fueron asesinados a machetazos tres pescadores en 2001. O el “accidente” que terminó con la vida de Alfredo De Félix, ex jefe de Drogas Peligrosas, quien días antes de protagonizar un extraño choque en agosto de 2006 en la Ruta Provincial 001 al regresar desde Santa Fe a Reconquista, había presentado pruebas contra la cúpula policial en la ciudad de Rosario, tras recibir amenazas por las denuncias hechas contra las propias fuerzas de seguridad santafesinas durante la gobernación de Jorge Obeid.
Estos hechos lejos de verlos como sucesos policiales, forman parte de un mecanismo de disciplinamiento social que anida en la impunidad y el condicionamiento democrático a la que Marcón cree necesaria para frenar esa “base local, que atenta contra la propiedad privada.” También serviría de antecedente para aquellos gobiernos provinciales como el de San Juan que tienen previsto crear una división especial dentro de la policía provincial que combata al narcotráfico, a sabiendas de que precisamente, las fuerzas de seguridad internas en treinta años de democracia han pasado de ser facilitadoras de comercio ilegal de estupefacientes a socios principales, sin medir costos humanos y creando las condiciones para que surja una institucionalidad de hecho. Trasladando los mecanismo coercitivos de ilegalidad e impunidad dentro de un régimen político autoritario a otro en donde se establece en juez y rector de los castigos de un orden y una economía criminal contra la sociedad civil en tiempos de democracia.
