LA POSTERGACIÓN
La postergación del Juicio Oral y Público al ex docente, ex miembro de la Guardia Rural Los Pumas y ex miembro de los Servicios de Inteligencia del Ejército José Luis Gil no se debió a ninguna maniobra de los Organismos de Derechos Humanos, ni de los testigos, ni de los querellantes.
El Tribunal Oral de Santa Fe postergó la instancia del Juicio Oral y Público que debía comenzar el 22 de marzo a solicitud de una de las partes, incorporando a los argumentos que justificaban la medida, las condiciones de salud del imputado.
El evento es propicio para compartir unas reflexiones cuyo objeto es desnudar la falacia
de los cuestionamientos insistentemente compartidos públicamente por familiares y allegados a los imputados de cometer crímenes de lesa humanidad en el Norte de Santa Fe, a los que obviamente presuponen inocentes y víctimas de una campaña persecutoria por parte de los Organismos de Derechos Humanos, Jueces, Fiscales, querellantes, testigos y abogados que a su juicio se conjuraron con el único propósito de dañar ciudadanos que no tuvieron participación ni responsabilidad alguna en el Terrorismo de Estado impuesto por la Dictadura en el Norte de Santa Fe.
Usufructuaron su irrestricto acceso a los Medios de Comunicación territoriales y Provinciales para desplegar sin la menor cautela veladas amenazas a Jueces, Fiscales, Organismos de Derechos Humanos, querellantes, testigos, personas, Instituciones, a los que consideran venales, sinvergüenzas y corruptos, subrayando que una vez superado el trance, desplegarán acciones judiciales en su contra, que a su entender pondrían en evidencia su tesis principal: que las causas fueron armadas al amparo de una Justicia venal y presionando y pagando a testigos para obtener declaraciones acusatorias que aportaron las pruebas sobre las que fundó la Justicia detenciones y procesamientos arbitrarios en perjuicio de ciudadanos intachables. No dejaron de subrayar que las actuaciones se promoverían en el marco de un estricto respeto de la Ley y el Estado de Derecho. La aclaración es interesante.
En la medida que procedimientos estrictamente ajustados a la Ley son los únicos posibles en un Estado de Derecho, deberían los allegados de los imputados explicar a la opinión pública las razones que motivaron la aclaración, que a mi juicio sólo sería pertinente si en ese ámbito fueran contemplados alguna vez procedimientos que no se ajustaran la Ley.
Un antiguo dicho popular de vigencia permanente dice que en boca cerrada no entran moscas. En esas bocas perpetuamente abiertas entraron ya demasiadas moscas, por ejemplo la que se empeñaba en despreciar, por corrupta y venal, una Justicia que juzgaba adversa y funcional a los denunciantes. Ahora, que esa misma Justicia criticada por venal, corrupta, parcial, dependiente del Poder político, adopta medidas y criterios que le benefician ostensiblemente debe tragarla. No es tan sencillo, el insecto que se niega a ser tan expeditivamente digerido, desnuda la insensatez de argumentos previos. Ahora parece ella, la Justicia, menos venal, menos corrupta y genuflexa, menos inclinada a prestar oídos a la campana de las víctimas. Ahora sí parece ser Justicia. Ahora, por fin, encontró su huella. Puede esperarse que quienes con tanto fervor públicamente le maltrataron antes, con idéntico fervor y extensión se empeñen ahora en reconocer sus recientes méritos.
La postergación del Juicio Oral a José Luis Gil no debió ocurrir. Si el Tribunal Oral de Santa Fe dio lugar a la dilación no lo hizo en virtud de un humanismo recién adquirido que eligió privilegiar la salud del represor tan expeditivamente como jamás se preocupó por la salud de las víctimas del terrorismo de Estado en el territorio. Es necesario poner las cosas en su justo sitio.
Nadie quiere la muerte del represor José Luis Gil, sus próximos porque es suyo, nosotros porque queremos escuchar qué es lo que tiene él para decir. Hay más.
Quienes tanto renegaron por la prolongación de privaciones de la libertad sin que concretaran los Juicios, promovieron su postergación. ¿Por qué? Arriesgaré una respuesta que entiendo razonable.
Porque el cuerpo documental y las pruebas acumuladas parecen lo suficientemente consistentes como para presumir que cualquier tribunal le hallará culpable de los cargos que se le imputan a José Luis Gil. Peor aún, no es desatinado suponer que durante el curso del Juicio Oral, las querellas aporten, citando a otros testigos, pruebas de tanta consistencia como las que ya posee el Tribunal. Así las cosas apelaron su entorno y su defensa a un recurso ya tópico en este tipo de procesos, a un estado de salud precario del imputado que eventualmente agravaría la instancia decisiva.
La salud de un detenido no es una situación menor. El celo del Tribunal no puede criticarse en este punto como irreflexiva. Justamente por ello debe el Tribunal reflexionar de un modo más amplio y a la vez más profundo: si la postergación del Juicio de algún modo alivia la condición del represor, como contrapartida agrava la incertidumbre y recrea la indefensión jurídica padecidas por las víctimas. Si la situación del imputado es delicada, adoptando los recaudos necesarios, el Tribunal debiera haber respetado la fecha que propuso.
Porque las víctimas del Terrorismo de Estado no son menos humanas, padecen enfermedades graves y aún gravísimas.
Hay la impresión generalizada en la sociedad que la postergación del Juicio Oral y Público a José Luis Gil nada tuvo que ver con la salud del imputado, sino con una suerte de soplo tenue, que no obstante su precariedad, impacta en un Tribunal que aún debe convencerse de unas potestades que posee pero no cree sean indisputablemente suyas. La versión alarmante sería que sí tuviese el Tribunal plena conciencia de sus potestades, y sus decisiones últimas reflejaran una compatibilidad ideológica que recién ahora se atreve a revelar públicamente.
Sería el fin. Pero aún en la hipótesis de una compatibilidad ideológica con los victimarios, no podría ese Tribunal conceder beneficio alguno a quienes con una petulancia y desprecio sin antecedentes, le humillaron, vapulearon y maltrataron las veces que pudieron. Vale esto para las decisiones últimamente adoptadas por el Tribunal, que beneficiaron a criminales que ni mil condenas a perpetuidad repararían el daño que infligieron a la sociedad.
Si la hipótesis contraria es la que quiere consolidar definitivamente, debería saber
que no está solo como pretenden hacerle creer verdugos y victimarios, estamos nosotros, que no somos pocos, y unos miles próximos, y unos millones en la Nación, en condiciones de sostenerlo contra las hordas que se proponen arruinarlo.
Por el momento su objeto más urgente es amparar, proteger y salvaguardar a las víctimas del terrorismo de Estado y a sus familias. También proteger y amparar a los imputados, cuestión en la que se muestra eficaz y predispuesto.
Amparar, contener, proteger ¿A todos por igual, a todos con el mismo celo? Sí.
Más una cosa es secuestrar, desaparecer y torturar y muy otra ser secuestrado, desaparecido, torturado. Es lo primero que el Tribunal Oral debe sumir si es su vocación profunda, y debiera serlo hasta el insomnio, instaurar una confianza y prestigio a los que nunca pudo acceder el Poder Judicial por esa tendencia suya a revocar su principio fundacional, que no es otro que el de garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.
El Tribunal Oral debe ser humano, pero no sólo. Debe ser humano y justo.
Carlos Echegoy
