Rosario. Cinco años de prisión por instar a que no se investigue
Condenado por amenaza
El Tribunal Oral Federal
de Santa Fe condenó a cinco años de prisión al ex personal civil de
inteligencia (PCI) Juan José Luis Gil, acusado de amedrentar a los
investigadores de causas por crímenes de lesa humanidad durante la
dictadura militar
Por Carlos Retamal (20/9/12)
En
un fallo sin precedentes en la Justicia argentina, el Tribunal Oral
Federal de Santa Fe condenó a 5 años de prisión al ex personal civil de
inteligencia (PCI) Juan José Luis Gil, apodado Luisito, en lo que fue el
primer juicio en el país contra un acusado de amenazar y amedrentar a
investigadores de causas por crímenes de lesa humanidad durante la
dictadura militar. Así lo decidió el tribunal integrado por José María
Escobar Cello, Otmar Paulucci y María Ivón Vella, que leyó la sentencia
en su carácter de presidenta.
En lo que fue el octavo
juicio de lesa humanidad que finaliza en la provincia, Gil fue condenado
“como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas
y coacciones agravadas, en dos hechos en concurso real”. De esa forma,
la jueza Vella informó que se le impuso “en tal carácter la pena de 5
años de prisión y inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la
condena”, de acuerdo a los artículos 12 y 19 del Código Penal.
La
pena de 5 años de prisión fue festejada por más de un centenar de
manifestantes que cortaron la calle Primera Junta, en su intersección
con San Jerónimo, de la ciudad de Santa Fe, para escuchar el veredicto.
Gil continuará detenido, y en febrero de 2013 estaría en condiciones de
solicitar la libertad condicional, ya que cumpliría dos tercios de la
condena.
En los alegatos, los abogados defensores Mauricio
Monchini y Gonzalo Miño solicitaron la absolución de su cliente, en
tanto el fiscal federal subrogante Martín Suárez Faisal pidió una pena
de 8 años de prisión.
Por su parte, las dos querellas
habían solicitado una pena mayor: Pedro Dinani (en representación del
querellante Gabriel Hernández) pidió 13 años de prisión, en tanto Iván
Bordón (en nombre de Raúl Borsatti, Jorge Miceli y Pablo Rolón) requirió
12 años de cárcel.
Además, el Tribunal ordenó decomisar
la notebook del imputado para ser entregada a “algún establecimiento
oficial de bien público” y remitir al Juzgado Federal de Reconquista un
DNI, una Libreta Cívica y una credencial policial hallados en casa del
imputado para que “se investigue su presunta falsedad”.
La
denuncia que dio inicio a la causa fue radicada por integrantes de la
Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista,
cabecera del departamento General Obligado, en el norte de la provincia,
y daba cuenta de la recepción de dos correos electrónicos con amenazas e
intimidaciones. Los mails también fueron recibidos por la Fiscalía
Federal de Reconquista y el Concejo Municipal de la misma ciudad, en
todos los casos con amenazas.
El juicio oral y público
había comenzado el 12 de julio pasado. Más de 30 testigos pasaron en las
ocho audiencias del debate, que permitieron identificar a Juan José
Luis Gil como autor de las amenazas.
La investigación
llevada adelante por la Fiscalía Federal de Reconquista determinó que
este ex Personal Civil de Inteligencia, que formó parte de la guardia
rural Los Pumas, era el autor de las amenazas que circularon por mail,
firmados bajo el nombre de La Hermandad, y que se referían al expediente
judicial 506, que investiga en Reconquista a los responsables de la
represión ilegal en la zona durante la última dictadura.
Los
mails incluían detalles sobre las declaraciones testimoniales de las
víctimas además de acusaciones y amenazas de venganza. El fiscal federal
Roberto Salum y su secretario abrieron un expediente que mantuvieron en
reserva hasta la llegada del nuevo juez Aldo Alurralde, quien hizo
lugar al pedido de allanamiento solicitado por el Ministerio Público.
Los investigadores realizaron cruces informáticos, rastreos de cuentas
de mail, informes de inteligencia y de dominios de los IP de las
computadoras de un cíber desde donde La Hermandad realizaba sus
amenazas.
La caída de Luisito.
Juan
José Luis Gil fue detenido en su casa de Reconquista después de que una
pericia informática determinara que una serie de correos electrónicos
que circularon entre abril y junio de 2009 habían sido enviados desde
una cuenta de Yahoo! que había sido creada desde un cíber ubicado a
veinte metros del domicilio y que se activó en reiteradas ocasiones
desde su propia computadora portátil.
Los correos
estaban firmados por una agrupación autodenominada “La Hermandad” y en
ellos se reflejaba un profundo conocimiento de la causa, ya que había
extractos de declaraciones testimoniales de algunas víctimas. También se
daba cuenta de circunstancias personales y familiares de los
destinatarios de las amenazas.
Gil fue procesado en
diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista, Mario Alurralde,
por los delitos de “amenazas y coacciones agravadas”, luego de dar por
probado que algunos mails salieron desde la cuenta creada en el cíber,
pero a través de la conexión de la empresa Arnet que tenía en su
domicilio y estaba a nombre del acusado.
Cuando tuvo la
oportunidad de declarar, Gil hizo habló durante poco más de cinco horas,
y en su defensa dijo que era inocente y que le habían hackeado la
cuenta de correo electrónico.
Su estrategia se basó en
negar haber enviado los correos electrónicos; también pretendió
demostrar que era posible violar la seguridad de la conexión de Internet
de su casa para decir que otros habían usado esa cuenta. Sin embargo,
fuentes judiciales indicaron que “las direcciones IP son dinámicas y
mutan permanentemente. Cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria
oficia a Yahoo! para pedir los IP desde los cuales se había accedido a
la casilla, lo hace utilizando la hora argentina, pero Yahoo! informa
con la hora Greenwich. Con esos elementos le van a preguntar a Telecom
quién utiliza los IP y aparecen usuarios de Rosario, Corrientes y
Paraná. En el caso de Gil, se lo detectó porque el día que se enviaron
los correos estuvo muchas horas conectado en su casa”.
Este
dato no fue menor a la hora de estudiar el caso. Y eso es algo que
también sabía el imputado, ya que pretendió ensuciar la validez del
allanamiento en su casa, donde –además de su computadora portátil– se
incautaron formularios para hacer documentación falsa, un documento
apócrifo con su foto, pero con otro nombre; un manual sobre cómo hacer
un secuestro y extorsión; un listado con 30 nombres de detenidos
políticos de la zona; un libro inédito de su autoría, impreso y
anillado, con relatos en partes ficcionales sobre cómo era la lucha
contra la subversión y en el que hace mención a una secta o logia
llamada “La Hermandad”; informes de inteligencia que dijo haber
realizado en la década de ’70, y folletos filonazis, entre otros
elementos.
Prontuario.
Gil
tiene 67 años y es nacido en la capital santafesina, aunque desarrolló
toda su carrera policial y como docente en el norte provincial. En 1963
egresó del Liceo Militar General Belgrano y unos años después se
incorporó a la policía santafesina, donde cumplió diversas tareas hasta
su retiro, en 1995. Durante la dictadura se desempeñó en la Guardia
Rural Los Pumas, la misma que integraban algunos detenidos de la causa
por crímenes de lesa humanidad que se tramita en el Juzgado Federal de
Reconquista y que podría llegar a juicio oral recién a mediados de 2013.
En
las últimas dos décadas, Gil se recicló como profesor de Física,
Química y Matemática en varias escuelas secundarias de Reconquista y
Avellaneda, hasta que fue cesanteado en 2008, tras un sumario iniciado a
raíz de una denuncia de alumnos por las insistentes arbitrariedades con
las evaluaciones.
Este fue el octavo juicio vinculado a
causas por delitos de lesa humanidad, pero es el primero en su tipo, en
tanto continúa en Rosario el noveno proceso por hechos cometidos en San
Nicolás, provincia de Buenos Aires, conocido como “La masacre de la casa
Juan B. Justo” o Causa Saint Amant.
Este juicio reúne
tres causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción: la
causa “Muñoz”, que investiga la denominada “Masacre de Juan B. Justo”,
hecho ocurrido en noviembre de 1976 (se juzgan los homicidios de Ana
María del Carmen Granada, su pareja Amestoy Fettolini y sus hijos de
cinco y tres años); la causa “Alvira”, que investiga el caso de los
militantes de la JP-Montoneros desaparecidos en los barrios Trípoli, Don
Bosco y Santa Rosa, ocurrido entre abril y mayo de 1977 (se juzgan los
homicidios de María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis
Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira y Raquel Rosa
Alvira); y el “caso Mastroberardino”, ocurrido en abril de 1977 (donde
se juzga el secuestro de José Emilio Mastroberardino, locatario de la
casa donde vivían el matrimonio de los militantes Almada-Spotti y su
hijos Víctor y Martín).
Importancia.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Coutaz,
señaló la importancia de la causa Gil en el marco de estos procesos
judiciales. “Esta sentencia tiene una gran importancia porque es la
primera vez en el país que llega a juicio un caso de amenazas, cuando en
general este tipo de hechos de amedrentamiento sólo quedan en la
denuncia. Esta vez se pudo identificar a la persona que cursó esas
amenazas”, señaló Coutaz, al tiempo que destacó la actuación de las
distintas fuerzas que participaron de la etapa de investigación.
“Estas
amenazas estaban específicamente destinadas a amedrentar a los testigos
y obstaculizar los avances de las causas por delitos cometidos durante
la dictadura, por eso es muy importante que se haya llegado a la
instancia del juicio. Esto deja un mensaje muy contundente a favor de la
verdad y la justicia”, concluyó el secretario de Derechos Humanos.
Tras
conocerse la sentencia, el gobierno provincial, a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, destacó la importancia de la octava
condena por delitos de lesa humanidad. “Se afirma en Santa Fe el proceso
de Memoria, Verdad y Justicia”, expresó el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos a través de un comunicado.
Como sucedió
durante el juicio, y en los restantes procesos por delitos cometidos por
el terrorismo de Estado sustanciados en la provincia desde 2009, el
gobierno transmitió por Internet las audiencias autorizadas por la
Justicia Federal como una forma de garantizar la difusión y el acceso de
la ciudadanía a esta instancia de vital importancia social e
histórica.
“Para el dueńo del miedo: hubo condena”
Con
ese título, la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos dio a
conocer un comunicado en el cual recordó que “cuando en el año 2009 fue
detenido el ex policía de la Guardia Rural (Los Pumas) Juan José Luis
Gil manifestamos en un comunicado que ese día de octubre era un día
especial. Y agregamos: «La Asociación Norte Amplio por los Derechos
Humanos quiere manifestar públicamente su beneplácito por este operativo
ordenado por la Justicia Federal después de un prolongado silencio…».
Creemos firmemente, como en oportunidades anteriores, que hoy ha sido un
claro día de Justicia para la región”.
“Luego de un
juicio con todas las garantías para el debido proceso, el ex PCI del
Ejército Luis Gil fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal
Oral Federal de Santa Fe. Se pudo demostrar que fue él quien amenazó en
Reconquista con los ya conocidos e-mails de La Hermandad”.
“Tras
este importante fallo asumimos ahora el compromiso de obrar para que
Juan José Luis Gil sea imputado en la causa que en su momento juzgará el
rol de la Guardia Rural y el Cuartel de Santa Felicia, por ser este
cuerpo de seguridad parte de la maquinaria del terrorismo de Estado en
nuestra región, como se ventilara en el debate que terminó hoy (lunes
10/9). El juicio por los e-mails es sólo un capítulo de la larga lucha
por encontrar Memoria, Verdad y Justicia”.
“Nuestra
Asociación, que como otros actores fue parte del trabajo y del
aprendizaje en esta historia de querer llegar hacia un final de condena,
quiere agradecer a quienes de una u otra manera apoyaron,
testimoniaron, alentaron, desoyeron operaciones de inteligencia y no
cejaron en reclamar que el imputado sea sentenciado. Agradecimiento que
repetimos para el Estado provincial y el Estado nacional, quienes desde
el vamos en este hecho y en el ámbito de los Derechos Humanos actuaron
acorde al momento histórico que vivimos como sociedad en esa materia”.
“Como en aquel comunicado del año 2009, este lunes ha sido un claro día de Justicia… Para el dueño del miedo: ¡hubo condena!”.
© 2011 Veintitres - Todos los derechos reservados
