ACUSADO
DE APREMIOS, TORTURAS Y DESAPARICION DE PERSONAS
El vicegobernador Floro Bogado prohibió el ingreso a la Legislatura provincial del periodista y "buchón" de la última Dictadura Militar en el país, Ricardo Sidicaro. |
Todo se
desencadenó la semana anterior, cuando Sidicaro,
como todos los jueves, se dispuso a ingresar a la Legislatura de Formosa para
dirigirse a la sala de prensa desde donde, hace varias décadas,
"cubre" la sesión de los legisladores. Dos policías le franquearon el
paso, ante el estupor del periodista que antes de intentar una respuesta fue
informado de las razones existentes para que no regrese al lugar.
"Al haber una denuncia y un pedido proveniente de una organización de Derechos Humanos en la órbita de la Justicia Federal, la decisión de Bogado en su carácter de presidente nato del Parlamento provincial es la correcta y se mantendrá hasta tanto se compruebe lo contrario a lo expuesto en las denuncias correspondientes", justificó un colaborador del segundo hombre fuerte de Formosa.
El año pasado, el gremialista Damián Eloy Fernández acusó formalmente a Ricardo Sidicaro de apremios, torturas y desaparición de personas.
A principios de mayo, se supo que el "buchón" de la última dictadura puso en venta su casa de Jujuy 950, porque planea abandonar la ciudad, para burlar las investigaciones iniciadas tras una denuncia en la Justifica Federal, donde fue acusado de delitos de lesa humanidad.
Se trata de uno de los integrantes de la nómina del Personal Civil de Inteligencia (PCI) que revistó en el tristemente famoso Batallón 601 del Ejército, Sección 124 Formosa durante la última dictadura militar, en calidad "justamente", de "agente de reunión", esto es, recolector de datos" o sea soplón - para la inteligencia de los brazos represivos del ejército de Videla.
"Sabemos que Sidicaro actuó como personal de inteligencia exclusivamente durante el período de la dictadura y que su base de operaciones fue Formosa y Clorinda; por ende, es más que obvio que cualquier operación "clasificada" no pudo ser sino la de informar actividades de dirigentes, estudiantes y sindicalistas a los sanguinarios jefes de "Área", ninguna otra actividad pudo haber sido cumplida en nuestra provincia en ese lapso de tiempo", describió Fernández en uno de sus últimos escritos presentados ante el juez, intentando darle celeridad a la definición de la causa.
"Al haber una denuncia y un pedido proveniente de una organización de Derechos Humanos en la órbita de la Justicia Federal, la decisión de Bogado en su carácter de presidente nato del Parlamento provincial es la correcta y se mantendrá hasta tanto se compruebe lo contrario a lo expuesto en las denuncias correspondientes", justificó un colaborador del segundo hombre fuerte de Formosa.
El año pasado, el gremialista Damián Eloy Fernández acusó formalmente a Ricardo Sidicaro de apremios, torturas y desaparición de personas.
A principios de mayo, se supo que el "buchón" de la última dictadura puso en venta su casa de Jujuy 950, porque planea abandonar la ciudad, para burlar las investigaciones iniciadas tras una denuncia en la Justifica Federal, donde fue acusado de delitos de lesa humanidad.
Se trata de uno de los integrantes de la nómina del Personal Civil de Inteligencia (PCI) que revistó en el tristemente famoso Batallón 601 del Ejército, Sección 124 Formosa durante la última dictadura militar, en calidad "justamente", de "agente de reunión", esto es, recolector de datos" o sea soplón - para la inteligencia de los brazos represivos del ejército de Videla.
"Sabemos que Sidicaro actuó como personal de inteligencia exclusivamente durante el período de la dictadura y que su base de operaciones fue Formosa y Clorinda; por ende, es más que obvio que cualquier operación "clasificada" no pudo ser sino la de informar actividades de dirigentes, estudiantes y sindicalistas a los sanguinarios jefes de "Área", ninguna otra actividad pudo haber sido cumplida en nuestra provincia en ese lapso de tiempo", describió Fernández en uno de sus últimos escritos presentados ante el juez, intentando darle celeridad a la definición de la causa.
Fuente: Agencia de Derechos Humanos
