NO
ACEPTAMOS LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN RECONQUISTA Y RECLAMAMOS EL
CUMPLIMIENTO DEL DERECHO AL HABITAT POPULAR PARA LAS FAMILIAS QUE ALLÍ RECLAMAN Desde el
Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe repudiamos recientes
actos de violencia institucional cometidos contra un gran número de familias de
la ciudad de Reconquista y reclamamos la investigación y sanción respecto de
quienes hayan sido responsables. Ese es un primer paso exigido para la no
repetición de estos ataques.
El 10 de
junio pasado, por orden de un fiscal y con intervención de policías
provinciales, se llevó adelante un violento operativo contra adultes y niñes
que ocupaban terrenos reclamando el acceso a un lugar de vida que necesitan con
urgencia. Como parte de ese accionar, se dispararon gran cantidad de balas de
goma, lesionando gravemente a distintas personas.
La dura
pandemia en curso vino a poner más en evidencia la violación de derechos que
supone el hacinamiento de distintas generaciones de una familia en pequeñas
viviendas con múltiples privaciones de servicios. También echó luz sobre la
trascendencia de la promoción de empleo en la construcción de hábitat popular,
con espacios e infraestructura adecuados, que mejore las condiciones de vida de
la población más postergada. Las
políticas públicas desvían sus prioridades hacia la gestión de la tierra y de
la ciudad según las orientaciones especulativas del sector inmobiliario, a la
vez que se mantiene una pasividad de todos los poderes estatales, incluido el
judicial, respecto del lavado de dinero en construcciones destinadas a grupos
acomodados. Esa conocida forma del lavado es el destino apetecido por fondos
que provienen de distintas actividades ilícitas como los agronegocios que
omiten el pago de impuestos.
La
pandemia declaró, además, la definitiva obsolescencia de estas políticas de
acumulación de privilegios y de las ideas según la cuales es posible vivir en
una prosperidad selectiva que margina y excluye a buena parte de la ciudadanía.
La
protesta social reclamando impostergables lugares de vida para quienes padecen
desocupación y trabajos precarizados nunca puede ser criminalizada. La
generación de una instancia participativa donde se consideren estos derechos
básicos, ahora implementada por las autoridades municipales de Reconquista,
debió ser la primera respuesta. A todos los padecimientos que se viven cuando
se ocupan terrenos por estas circunstancias no puede agregarse la violencia
institucional. Por otra parte, ningún tipo de estigmatización judicial o
administrativa deben aceptarse por el sólo hecho de reclamar un espacio donde
poder construir una vivienda para una familia que carece de otra alternativa
digna y duradera.
Por ello
deben promoverse formas participativas de construcción de hábitat popular para
esta situación del norte de la provincia y, en general, para atender la antigua
deuda que se tiene sobre el derecho a la vivienda con las familias vulnerabilizadas
en nuestra región y en nuestro país. Debe cesar toda persecución de la protesta
social y la impunidad de quienes quieren callar con disparos el reclamo por
derechos fundamentales. (Abajo: fotos de las heridas sufridas por una muchacha en el primer día de represión. Hubo que hacerle cirujía. La misma está asistida legalmente por el compañero abogado peronista Dr RODRIGO CHAPERO)
